Israel impedirá a 37 ONG operar en Gaza y Cisjordania a partir de enero

El Gobierno israelí ha anunciado este martes que, a partir de enero, impedirá operar en Gaza y Cisjordania a 37 ONG, entre ellas Médicos sin Fronteras (MSF), Oxfam y ActionAid. Lo ha anunciado el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, un día antes de concluir el plazo que tenían para completar un nuevo y controvertido registro que, por ejemplo, exigía que cada organización y empleado reconociese a Israel como Estado judío y democrático y no defendiese llevar a sus militares ante tribunales internacionales. También les exigía proveer numerosos datos de sus empleados palestinos. El Ministerio ha señalado en concreto a MSF, organización a la que acusa, sin haber presentado pruebas fehacientes, de tener contratados gazatíes que “estuvieron involucrados en actividades terroristas”.

El Ministerio que ha anunciado el veto —liderado por Amijai Chikli, uno de los principales defensores en el Gobierno de Benjamín Netanyahu de tejer redes con la ultraderecha europea— ha informado de que un 15% de las organizaciones no entregaron a las autoridades israelíes “información completa y verificable sobre sus trabajadores”. Es uno de los elementos más sensibles del registro: no solo por ir contra las propias normas de funcionamiento o los riesgos que podían entrañar para el personal, sino también por —como denunció en su momento la ONU— basarse en “criterios vagos, arbitrarios y altamente politizados”. Una fuente de la cooperación al tanto del proceso explica que una parte de las ONG con presencia en la Franja se negó a proporcionar los nombres de sus contratados.

El Ministerio de la Diáspora ha dejado claro que las organizaciones que no cumplan con “los estándares de seguridad y transparencia requeridos verán suspendidas sus licencias” y tendrán que sacar su personal antes del 1 de marzo. “El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas es inaceptable. Israel seguirá protegiendo su soberanía, a sus ciudadanos y la integridad de la acción humanitaria”, ha señalado.

El asunto sobrevolaba desde hace meses. Las autoridades israelíes prorrogaron, de hecho, la fecha tope de entrega: de septiembre a este miércoles 31 de diciembre, con las ONG tratando de negociar los términos en medio de una hambruna inducida en torno a Gaza. Ha sido levantada este mes, al mejorar levemente la situación, si bien Israel sigue limitando la entrada de ayuda humanitaria, incluso por debajo del compromiso que adquirió en el alto el fuego de octubre.

Entre los motivos más polémicos de denegación que figuran en el registro obligatorio está una “base razonable para asumir” que, de forma total o parcial, una de las ONG o de sus empleados “niega la existencia del Estado de Israel como Estado judío o democrático” o “apoya la lucha armada de un Estado enemigo u organización terrorista contra el Estado de Israel”. También que sus “actividades primordiales no van dirigidas a los residentes palestinos para promover su bienestar”. O que alguno de sus socios, jefes de oficina o miembros del consejo de administración han pedido el boicot de Israel, promovido campañas de deslegitimación contra Israel o apoyado llevar a las fuerzas de seguridad israelíes ante la justicia internacional.

Además de claramente políticas —y en algunos casos también— muy interpretativas, la polémica reside en parte en que son exigencias para las actividades que realizan ONG que efectúan las autoridades de un país en los territorios que está ocupando militarmente. El Ministerio de Chikli los llama, en cambio, “requisitos claros de transparencia, que incluyen la divulgación completa del personal, las fuentes de financiación y las estructuras operativas”.

El Ministerio de la Diáspora acusa en concreto a MSF de contar con “personas afiliadas” que estaban vinculadas a organizaciones armadas palestinas “como la Yihad Islámica y Hamás”, según ha averiguado Israel en “revisiones de seguridad”.

La ONG ha respondido en un comunicado que aún no ha recibido ninguna notificación sobre la retirada de la licencia, pese a que supondría “privar de asistencia médica vital a cientos de miles de personas” en Gaza y retirar su personal extranjero en 60 días. El Ministerio exige su salida de Gaza y Cisjordania antes del 1 de marzo de 2026.

Asimismo, señala que “se toma muy en serio las acusaciones de que su personal está vinculado a grupos armados” y que “nunca contrataría a sabiendas a personas que participaran en actividades militares”, pero critica “hacer públicas tales acusaciones sin pruebas fundamentadas”, porque “pone en peligro al personal humanitario y socava la labor médica que salva vidas”.

El anuncio se produce el mismo día en que 10 países occidentales han denunciado en un comunicado conjunto la “catastrófica” situación humanitaria en Gaza y pedido a Israel que permita las operaciones en la Franja de las ONG y de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, en sus siglas en inglés), a la que viene vetando y demonizando. Los Ministerios de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido han expresado su “grave preocupación por el nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza”.