La UE se juega su capacidad de acción en la propuesta de movilizar los activos rusos para evitar la bancarrota de Ucrania

A pocos pasos de los bulevares comerciales y del bullicio del centro de Bruselas, en un anodino rascacielos, se encuentra la institución financiera que guarda las llaves de la caja que podría destapar una de las decisiones más trascendentales de la Unión Europea en mucho tiempo. Euroclear, una institución belga de liquidación y custodia de valores poco conocida, está ahora bajo el foco. Este organismo ...

A pocos pasos de los bulevares comerciales y del bullicio del centro de Bruselas, en un anodino rascacielos, se encuentra la institución financiera que guarda las llaves de la caja que podría destapar una de las decisiones más trascendentales de la Unión Europea en mucho tiempo. Euroclear, una institución belga de liquidación y custodia de valores poco conocida, está ahora bajo el foco. Este organismo aloja fondos rusos por valor de 193.000 millones de euros, la mayoría pertenecientes al Banco Central de Rusia, inmovilizados desde 2022 por las sanciones al Kremlin tras la invasión de Ucrania. La UE debate ahora entregar a Ucrania más de 92.000 millones de esos fondos soberanos rusos que custodia en forma de “préstamo de reconstrucción” para mantener el país a flote.

La decisión, alentada por la Comisión Europea y por países como Alemania, y que centrará la cumbre europea del jueves y viernes en Bruselas, supondría un salto cualitativo en la política de sanciones de la UE y contra Rusia. Con esta iniciativa, Europa se juega su prestigio. “No nos engañemos. Si no lo logramos, la capacidad de acción de la UE se verá gravemente dañada durante años, o incluso más”, declaró el canciller alemán, Friedrich Merz, el lunes en Berlín.

Pero tanto Euroclear —una compañía que gestiona las cañerías del mercado bursátil, por donde circulan las acciones, ventas y transacciones fronterizas asegurándose de que todo funciona— como Bélgica, el país donde hace décadas se asentó esa entidad buscando sus derechos de propiedad, entre los más garantistas de Europa, se oponen a la propuesta.

Mientras, los socios europeos de Kiev se aferran a la idea. En un contexto de presupuestos muy ajustados, aseguran que esta es la única fórmula viable y rápida para lanzar un salvavidas financiero a Ucrania en un momento crucial. La UE debate ahora complejos mecanismos legales para tratar de desbloquear la propuesta y convencer a Bélgica y a algunos otros que, como Italia, no ven clara del todo la idea. Tampoco a Bulgaria o Malta les satisface. ¿Su opción favorita? La deuda conjunta, que choca con el rechazo frontal de Alemania y Países Bajos.

La hoja de ruta sigue su curso. La semana pasada, una mayoría de Estados de la UE aprobó un insólito mecanismo de emergencia, pensado para crisis o catástrofes naturales, que permite congelar de manera indefinida esos fondos (en lugar de tener que renovar cada seis meses las sanciones que lo inmovilizan) y hacerlo, además, por mayoría en vez de por unanimidad. Este fue un primer paso enormemente significativo para disponer de ese dinero y evitar el veto de los socios afines al Kremlin, como Hungría.

La del jueves y viernes en Bruselas será una cumbre de líderes verdaderamente caliente. El Gobierno belga alega que ese salvavidas financiero para Kiev puede ser enormemente dañino no solo para su país, sino para todo el mercado europeo y su prestigio. Y que la fórmula europea puede abrir una grieta y sentar un precedente para emprender decisiones similares con otros actores globales que tienen sus fondos bajo custodia de Euroclear o en otras instituciones financieras. Países como China, la India y otros con grandes reservas en Europa están mirando con lupa cómo evolucionan los acontecimientos.

Demandas de Rusia

Rusia, que ya ha interpuesto demandas contra la entidad belga por daños y perjuicios al no poder disponer de sus fondos, ha advertido de que si se abre la caja de Euroclear y de países como Francia, que también tiene fondos rusos en bancos privados, y se dispone de esos fondos para Ucrania lo considerará un “un motivo de guerra”.

Euroclear, que gestiona 42,5 billones de euros en depósitos, se mantiene casi en silencio. Su directora ejecutiva, Valérie Urbain, aseguró en una entrevista con Le Monde hace un mes (una de las escasísimas ocasiones en las que se ha pronunciado) que no descarta demandar a la UE en el caso de que el esquema legal elegido para usar los activos soberanos rusos congelados suponga confiscarlos.

De esa conversación se percibe que Urbain, que lleva guardaespaldas, como toda su familia, por las amenazas recibidas, teme por el futuro de su entidad. “Somos un eslabón crucial que debe permanecer infalible para la estabilidad de los mercados financieros”, dijo al diario francés.

La presión se eleva sobre Bélgica. Los representantes de los Estados miembros analizan la última propuesta legal de la Comisión Europea que busca dar garantías al Gobierno belga de que se mutualizará el riesgo pase lo que pase.

Hasta ahora, el uso de esos activos rusos había sido distinto. El año pasado, la UE aprobó emplear los rendimientos que generan para emitir un importante préstamo a Ucrania. Ahora, lo que se propone es inédito. La idea del Ejecutivo comunitario es usar los balances de caja de los activos rusos para emitir un préstamo para Ucrania a interés cero que solo tendría que devolver si Rusia, cuando finalice la guerra, paga por los daños causados. A cambio, los Estados miembros dejarían una garantía.

Además, se ofrece una red de tres puntos a Bélgica: que ese país pueda acceder a financiación equivalente al paquete completo si se enfrenta a demandas legales o represalias de Moscú; que pueda contar con esa financiación, independientemente de las garantías financieras totales que ofrezca cada país de la UE; y que no se transfiera el dinero hasta que la garantías estén vigentes, según explican fuentes diplomáticas.

Los Veintisiete debaten, además, como parte de la propuesta que todos los países que aún tengan tratados bilaterales de inversión con Rusia (como España, por ejemplo) los rescindan simultáneamente. Eso, sin embargo, no evita del todo las posibles represalias del Kremlin, ya que esos acuerdos tienen en vigor cláusulas temporales que mantienen los esquemas de protección.

Desde el punto de vista político, la mayoría tiene ya las manos en la caja. La idea no es solo lanzar ese salvavidas financiero a Ucrania, sino elevar el componente simbólico: que sea Rusia quien pague por la factura de los daños. Sin embargo, no todos los economistas y expertos están convencidos de la fórmula.

Ursula García, socia fundadora de finReg 360, despacho de abogados especializado en regulación financiera, advierte de que para dar el paso de tomar los activos, hay que tener un “amparo legal sólido”. Ese elemento es clave para ella. No hacerlo bien puede suponer abrir la puerta a litigios en tribunales internacionales durante muchos años con la incertidumbre de cuál es el resultado para una institución clave en los mercados financieros.

Para Judith Arnal, investigadora del Instituto Elcano, hay dudas jurídicas “muy significativas en dos dimensiones”. “Desde el derecho internacional público, existe el principio de inmunidad soberana que protege los activos de los Estados, incluso en contextos de sanciones. Si bien la UE ha inmovilizado legalmente estos activos mediante sanciones, dar el paso de movilizar el principal, no solo los rendimientos, entra en un terreno jurídicamente más incierto y podría exponerse a impugnaciones ante tribunales internacionales”, apunta.

“Desde la perspectiva de Bélgica, el problema es aún más concreto: Euroclear, como entidad domiciliada en territorio belga, mantiene la obligación legal contractual de devolver los activos a su propietario legal, que sigue siendo el Banco Central de Rusia. Si la UE toma prestados esos saldos y los desembolsa a Ucrania, Bélgica se convierte en la jurisdicción donde cristalizaría una obligación de reembolso de 185.000 millones de euros si las sanciones se levantan, exponiéndola además a posibles represalias rusas de naturaleza cibernética, energética o de otra índole”, añade Arnal.

La también investigadora del Centro de Estudios de la Política Europea acaba de elaborar una propuesta junto con el director de este think tank que solo se apoya en el uso de los rendimientos que den los activos inmovilizados creando una herramienta financiera extraordinaria que “evita tocar los activos principales, reduce drásticamente la exposición legal y geopolítica de Bélgica, y se apoya en instrumentos financieros convencionales que los mercados entienden perfectamente”.

Arnal —y otros analistas como Wolfgang Münchau— apuntan que dar el paso que plantea la Comisión sin más puede suponer un “precedente que erosione la confianza de otros bancos centrales [no solo del ruso] para mantener reservas significativas en euros en infraestructuras europeas [como Euroclear], debilitando el atractivo del euro como moneda internacional”.