Trump se abre a invocar la Ley de Insurrección para enviar tropas a ciudades demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se plantearía invocar la Ley de Insurrección para desplegar a las Fuerzas Armadas en las ciudades demócratas si los jueces le prohíben activar como pretende a la Guardia Nacional para tareas de protección de la seguridad en las calles de Chicago y de Portland, según ha afirmado este lunes mientras ...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se plantearía invocar la Ley de Insurrección para desplegar a las Fuerzas Armadas en las ciudades demócratas si los jueces le prohíben activar como pretende a la Guardia Nacional para tareas de protección de la seguridad en las calles de Chicago y de Portland, según ha afirmado este lunes mientras se disparan las tensiones sobre esas órdenes de movilización.

En declaraciones desde el Despacho Oval, Trump ha comparado la situación en Portland, la mayor ciudad del Estado de Oregón, con una “insurrección”. “Portland está en llamas. Ha estado en llamas desde hace años”, aseguraba. El presidente alega que esa localidad está tomada por el movimiento antifascista -que él ha declarado como organización terrorista- y que noche tras noche desde hace meses se suceden protestas violentas en torno a las oficinas de la Agencia de Control de la Inmigración (ICE), el organismo encargado de hacer cumplir su dura política de deportaciones. Por ello considera imprescindible desplegar allí a la Guardia Nacional. “Y sin embargo tienes a una jueza descarriada que intenta fingir que no hay ningún problema”, agregaba el mandatario.

Preguntado por una periodista si se plantearía invocar la Ley de Insurrección y en qué condiciones, el republicano respondió que lo haría “si es necesario”. “Hasta el momento no lo ha sido. Pero tenemos una Ley de Insurrección por una buena razón”, agregaba. “Si tengo que invocarla, lo haré”.

Y enumeraba las condiciones que le llevarían a dar ese paso: “Si muere gente y los tribunales, o los gobernadores, o los alcaldes, nos impiden actuar, por supuesto que lo haría. Tengo que asegurarme de que no muere gente. Tengo que asegurarme de que las ciudades son seguras”.

La ley de Insurrección, de 1807, permite que el presidente despliegue a las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio nacional o tome el control de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva que normalmente está a las órdenes de los Estados, para combatir contra un levantamiento armado interno.

Trump también describía los choques de su Administración con las autoridades demócratas locales y con los tribunales en torno al despliegue que él ordenó de la Guardia Nacional en Portland como una “insurrección criminal”.

No es la primera vez que el presidente, que la semana pasada advertía sobre el “enemigo interno” y ha ordenado al Pentágono adiestrar unidades para sofocar disturbios, coquetea con la idea de invocar la ley de Insurrección. Durante la campaña electoral ya apuntó que podría utilizarla para suprimir protestas violentas.

Los comentarios del republicano llegaban mientras los Estados de Illinois y de Oregón han interpuesto demandas en los tribunales para bloquear las órdenes que ha dado el presidente de desplegar centenares de soldados de la Guardia Nacional local y de Texas en Chicago —la principal ciudad de Illinois— y de la Guardia Nacional de California en Portland, la mayor de Oregón. En ambos casos, como ha hecho en las movilizaciones de los últimos meses en Los Ángeles, Washington y Memphis, alega que la violencia —se trate de delincuencia o de protestas callejeras contra su política migratoria— se encuentra fuera de control en las calles y es necesario este tipo de medidas extremas para combatirla. Las autoridades demócratas le replican que los delitos van en disminución en los últimos años en todas ellas y que las protestas son minoritarias y no especialmente alborotadoras.

Una jueza federal en Oregón, Karin Immergut —nombrada por él para el puesto— prohibió el sábado el despliegue de la Guardia Federal en Portland de manera cautelar para un mínimo de dos semanas. La togada, muy crítica hacia la medida de la Administración, consideraba que con la orden de movilización Trump puede haber violado la décima enmienda de la Constitución, que limita el poder del Gobierno Federal en favor de los Estados, y las leyes federales que impiden que el ejército federal cumpla tareas locales.

Ante el veto de la magistrada, la Administración ordenó activar a dos centenares de soldados de la Guardia Nacional de California para trasladarlos al vecino Oregón. Casi de inmediato, ante un nuevo recurso de las autoridades de Oregón, Immergut emitía el domingo por la noche una nueva orden: prohibía el despliegue de cualquier tipo de Guardia Nacional, proviniese de donde proviniese.

Este lunes eran las autoridades de Illinois, encabezadas por su gobernador, J.B. Pritzker, las que acudían a los tribunales en busca de un bloqueo judicial urgente contra la intención de Trump de desplegar en Chicago a tropas de la Guardia Nacional local y la de Texas. En este caso, no obstante, la jueza encargada del caso, nombrada por Biden, no ha querido pronunciarse aún, al argumentar que necesita más tiempo para estudiar los argumentos antes de decidir.

En la Casa Blanca, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, calificaba este lunes la decisión de la jueza Immergut como “desconectada de la realidad y de la ley”. La magistrada ha escrito que las protestas en Portland no han alterado el orden de modo significativo. La representante de Trump ha replicado que las instalaciones federales en esa ciudad se encuentran “bajo asedio” desde hace meses. También ha confirmado que la Administración apelará la decisión de Immergut: “tenemos mucha confianza en que ganaremos el caso por los méritos de nuestros argumentos”, ha sostenido.

El jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca y asesor de política nacional de Trump, Stephen Miller, se mostraba incluso más hostil hacia el estamento judicial, en declaraciones este lunes: “Durante los últimos nueve meses hemos visto una insurrección legal en marcha en la que jueces de distrito… Han emitido dictámenes que son flagrantemente ilegales e inconstitucionales”.

Las opiniones de la Casa Blanca y de Trump parecen contar con el apoyo entusiasta de sus bases más radicales en el movimiento Make America Great Again (“Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo” o MAGA, por sus siglas en inglés). Estos simpatizantes apelan a la Administración para que hagan caso omiso de los dictámenes de los jueces que vayan en contra de su estrategia.

Así, la activista Laura Loomer, que cuenta con línea directa con la oficina presidencial y el propio mandatario, ha declarado al digital Axios que “en algún momento la Administración tendrá que decirles a estos jueces que se vayan a paseo, o no vamos a ver las promesas (electorales) cumplidas”. Y Matt Walsh, del digital pro Trump The Daily Wire, escribe en la red social X que “ya hemos alcanzado hace tiempo el punto en el que Trump tiene que desafiar abiertamente a estos jueces. Un juez federal cualquiera no tiene autoridad para decidir si se pueden desplegar tropas, y cómo”.