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Donald trump

Un juez tumba la demanda de 15.000 millones de dólares de Trump a ‘The New York Times’ por difamación

El magistrado la califica de “decisivamente impropia” y da 28 días al presidente para que la reformule y vuelva a presentarla

Nuevo revés en los tribunales para Donald Trump. Un juez federal tumbó este viernes la demanda presentada el martes pasado por sus abogados en Tampa (Florida) contra The New York Times. En ella, pedían al periódico, tal vez el más influyente del mundo, 15.000 millones de dólares por difamación y libelo. Se trata de una cantidad que supera ampliamente la capitalización bursátil de la empresa (casi 10.000 millones actualmente).

El magistrado, en un texto durísimo, define la demanda como “decisivamente impropia”. En ella, argumenta el juez federal Steven D. Merryday, nombrado por el presidente republicano George H. W. Bush, “un ciudadano estadounidense prominente (quizás el más prominente) alega difamación por parte de un destacado editor de periódico estadounidense (quizás el más destacado) y de varias otras personas físicas y jurídicas. Alegando solo dos cargos simples de difamación, la demanda ocupa ochenta y cinco páginas. El cargo I aparece en la página ochenta y el cargo II en la página ochenta y tres”.

Merryday pide a los abogados que la reformulen si quieren que la admita a trámite. Con su decisión parece alinearse con la opinión mayoritaria, expresada estos días, de los abogados expertos en derecho de la prensa en Estados Unidos que consideran la acción legal “una frivolidad”. Katie Fallow, abogada experta en libertad de expresión y directora adjunta del Instituto Knight de la Universidad de Columbia, consideró este jueves en una conversación telefónica que esta “carece de mérito”.

Los letrados del presidente reaccionaron a la reprimenda recibida en Tampa con el siguiente comunicado: “El presidente Trump seguirá responsabilizando al [negocio de] las noticias falsas mediante esta poderosa demanda contra The New York Times, sus periodistas y [la editorial] Penguin Random House, de acuerdo con las instrucciones del juez”. De ese texto se deduce que piensan volver a presentarla en las próximas semanas.

Campaña contra los medios

De la iniciativa legal de Trump contra el Times, que cabe enmarcar en una campaña sostenida de ataques contra la libertad de prensa en Estados Unidos, informó el propio presidente en un mensaje en Truth al filo de la medianoche (hora de Washington). En él, hablaba de “uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia de nuestro país”, al que acusaba de ser “prácticamente un portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical, además de [culparlo de] la mayor contribución ilegal a una campaña electoral”. “Durante décadas, el Times ha utilizado un método para mentir sobre tu presidente favorito (¡YO!), mi familia, mi negocio, los movimientos América First y MAGA [Make America Great Again] y nuestra nación en su conjunto”, continuaba el mensaje.

El contenido de la demanda se conoció después. En su texto, de 85 páginas, se apunta una serie de artículos del diario y un libro de dos de sus redactores, todos ellos publicados en 2024, cuando la campaña electoral que llevaría al candidato republicano de regreso a la Casa Blanca estaba en marcha. Según sus abogados, esos textos se imprimieron “maliciosamente” para “dañar la reputación personal, política y empresarial de Trump”.

Además de al periódico, el presidente de Estados Unidos demanda a Penguin Random House, la editorial que publicó el libro, Lucky Loser, a los dos periodistas que lo firman, Susanne Craig y Russ Buettner, y a los reporteros del Times Peter Baker y Michael S. Schmidt, corresponsales en Washington.

Lucky Loser ofrece un trabajo de investigación y desguace de las “ilusiones de éxito” como empresario del expresidente, en las que se ha apoyado en su ascenso, y prueba que dos de las principales fuentes de su riqueza poco tienen que ver con la destreza en los negocios: la herencia que recibió de su padre y el dinero que hizo como estrella de la telerrealidad. Baker, por su parte, es autor de un artículo que señalaba que ningún candidato presidencial había sido tantas veces acusado de malas prácticas como Trump. Y Schmidt hizo bastante ruido al entrevistar a John F. Kelly, uno de los jefes de gabinete de Trump en la primera Administración, que aventuraba que se comportaría como un “dictador” si resultaba reelegido.

Un portavoz del Times declaró al propio periódico: “Esta demanda carece de fundamento. Carece de cualquier alegación legal legítima y, en cambio, es un intento de reprimir y desalentar la información independiente. The New York Times no se dejará disuadir por tácticas de intimidación. Seguiremos investigando los hechos sin temor ni favoritismo y defenderemos el derecho de los periodistas, amparado por la Primera Enmienda, a hacer preguntas en nombre del pueblo estadounidense".

Esa enmienda es la que garantiza la libertad de expresión, y se ha colocado esta semana en el centro del debate, tras el asesinato del líder juvenil MAGA Charlie Kirk. El presentador de televisión Jimmy Kimmel vio este miércoles cómo su programa era suspendido después de hacer un comentario sobre Kirk y de que el presidente del regulador de las comunicaciones (FCC) amenazara con retirar la licencia a la cadena ABC si no tomaban cartas en el asunto. Este jueves, Trump defendió ante los reporteros que lo acompañaban de vuelta de un viaje de Estado al Reino Unido que las cadenas críticas con él perdieran el permiso de operar, que concede la FCC.

Desde su regreso a la Casa Blanca Trump ha lanzado varios ataques contra la prensa, a la que considera “el enemigo del pueblo” y a cuyo desprestigio ha contribuido considerablemente. Entre ellos, sus demandas a un diario de Iowa por publicar un sondeo que no acertó con su victoria contundente en ese Estado y a The Wall Street Journal, por desvelar la existencia de un dibujo procaz, que Trump dice que es falso, con el que el entonces magnate inmobiliario felicitó sus 50 años al millonario pederasta Jeffrey Esptein. Las cadenas ABC y CBS le han pagado 15 y 16 millones de dólares respectivamente para parar sendos juicios.

También ha prohibido a la agencia AP el acceso al Despacho Oval por negarse a usar la denominación de Golfo de América, y ha alentado el estrangulamiento financiero de la radio y la televisión públicas (NPR y PBS) y el cierre de casi todos los servicios de información exterior que prestaba Voice of America.

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