Alemania y Francia piden que la Unión Europea sancione a la petrolera privada rusa Lukoil

Bruselas quiere acelerar el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el decimonoveno, y ha pedido ideas a los países miembros. Hay prisa, entre otras cosas para lograr que también Estados Unidos se una y aumente así la presión sobre un Moscú que no da señal alguna de buscar la paz con Ucrania. Algunas propuestas ya han comenzado a llegar. Alemania y Francia han planteado estrechar aún más los ingresos petroleros rusos que financian la maquinaria de guerra del Kremlin, y tienen para ello en su mira a uno de los gigantes rusos hasta ahora ampliamente exonerados de las sanciones europeas: la petrolera privada Lukoil.

“Se deberían considerar pasos adicionales, en particular incluir a grandes petroleras como Lukoil o Litasco [su brazo comercial] para imponer la máxima presión sobre la capacidad de Moscú de exportar su petróleo”, sostienen Berlín y París en un documento de trabajo que se ha hecho circular en Bruselas y que ha podido consultar EL PAÍS.

Para las dos capitales clave de Europa, resulta “fundamental adoptar nuevas medidas para reducir los ingresos rusos”. En este sentido, subrayan, “aumentar la presión sobre las importaciones de petróleo ruso enviaría una señal política contundente”.

No es un comentario gratuito: el presidente estadounidense, Donald Trump, se está haciendo de rogar para imponer a su vez sanciones más duras, y Europa es muy consciente de que el republicano siempre busca un rédito en sus tratos con sus socios transatlánticos. En su controvertido acuerdo comercial con la UE para frenar la guerra arancelaria, Washington logró el compromiso de la Comisión Europea de que el bloque comunitario se gastará unos 650.000 millones de euros en comprar petróleo o gas natural al otro lado del Atlántico.

Por si hubiera aún alguna duda, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, acaba de decirle al Financial Times que, si los europeos quieren que Washington endurezca sus sanciones a Moscú, tienen que dejar de comprar gas ruso (no parece valerle la propuesta de Bruselas para hacerlo a partir de 2028) y adquirirlo en Estados Unidos.

“Si los europeos trazaran una línea y dijeran: ‘No vamos a comprar más gas ruso, no vamos a comprar petróleo ruso’. ¿Tendría eso una influencia positiva para que Estados Unidos se inclinara también de forma más agresiva [por las sanciones]? Por supuesto”, dijo Wright al rotativo.

Según Berlín y París, la UE también debería en su nuevo paquete “centrarse aún más en las empresas de servicios petroleros, exploración y perforación de Rusia”. Para las dos capitales, resulta para ello clave trabajar en el programa RePowerEU, que busca suprimir progresivamente las importaciones de combustibles fósiles rusos.

De igual manera, proponen estar “preparados” para actuar contra los agentes de terceros países que facilitan los mecanismos de elusión “elaborando una lista de las refinerías responsables de la exportación de petróleo ruso a la UE y de las empresas comerciales que participan en el comercio de petróleo ruso”.

Francia y Alemania respaldan asimismo la idea de ampliar las sanciones financieras a bancos rusos, así como “replicar las sanciones estadounidenses y británicas contra los actores del sector de las criptomonedas involucrados en esquemas de elusión en Asia Central”.

La discusión sobre cómo aumentar más aún la presión sobre el Gobierno de Vladímir Putin comenzó durante la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE el último sábado de agosto en Copenhague. Ahí, la alta representante para Política Exterior, Kaja Kallas, aseguró que se estaban explorando “todas las opciones”, especialmente en el sector energético y el bancario.

Aunque no se tomaron decisiones (nunca se hace en un encuentro informal), se abrió también la discusión sobre la posibilidad de aplicar, por primera vez desde su aprobación hace dos años, la denominada “herramienta antielusión”, que permite a la UE restringir la venta, suministro, transferencia o la exportación de determinados bienes y tecnologías objeto de sanciones a determinados terceros países y territorios que se considere que representan un riesgo de elusión.