Oxfam denuncia violaciones de los derechos humanos en la frontera entre Polonia y Bielorrusia

Un informe de Oxfam y la ONG Egala denuncia violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Las organizaciones documentan expulsiones en caliente de solicitantes de asilo ejecutadas por las autoridades polacas y el trato degradante y violento que reciben los migrantes a ambos lados de la frontera. Los defensores de los derechos humanos instan a la Unión Europea a investigar el incumplimiento del derecho europeo por parte de Polonia y a iniciar los procedimientos de infracción que correspondan. También urgen a Varsovia a derogar la legislación que permite el uso de armas de fuego a la Guardia Fronteriza y la suspensión del derecho de asilo.

La conocida como frontera verde es un vasto terreno boscoso plagado de zonas pantanosas y humedales, que en invierno registra temperaturas de hasta 20º bajo cero. Desde 2021, el régimen del autócrata bielorruso Aleksandr Lukashenko, aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, ha facilitado el traslado a la frontera y el cruce de miles de migrantes y solicitantes de asilo para desestabilizar el límite oriental de la OTAN y la UE. Estas prácticas de guerra híbrida han servido a los sucesivos gobiernos polacos, tanto el ultraconservador de Ley y Justicia como a la coalición liberal liderada por Donald Tusk, como justificación para poner en marcha severas medidas antiinmigración.

El documento Barreras brutales, de 65 páginas y publicado este martes, relata que las personas que tratan de cruzar la frontera quedan atrapadas durante semanas, incluso meses, en una zona de nadie. La ONG Médicos sin Fronteras calcula que pueden pasar unos 21 días de media y hasta 90 en los peores casos. Según Oxfam y Egala, que trabaja en el terreno, se encuentran con personas en situaciones límite, con hambre, agotamiento severo, deshidratación, problemas digestivos, la afección conocida como pie de trinchera, congelación e hipotermia. Al intentar saltar la valla de cinco metros de altura coronada por concertina, construida en 2022, muchos terminan con miembros rotos, pelvis fracturadas, trauma craneal, heridas en la cabeza y cortes. Desde mediados de 2021 hasta noviembre de 2024, se han producido al menos 88 muertes verificadas y se han registrados cientos de desaparecidos.

Los trabajadores sanitarios han atendido también heridas consistentes con los relatos de violencia que comparten las personas a las que atienden. Especialmente la que ejercen las autoridades de la parte de Bielorrusia, que describen como “infierno”, y que incluye “violencia y extorsión, así como privación y confiscación de agua, comida y refugio”. Pero también denuncian el trato que dan los uniformados del lado polaco. “Se ha informado sobre la violencia verbal y física de los guardias de frontera polacos contra las personas que cruzan la frontera durante varios años, y se ha descrito como ‘particularmente alarmante”, escriben los autores.

La organización We are Monitoring [Estamos controlando] ha registrado 600 casos en 2024, pero otras organizaciones calculan que se han producido más de 1.000 casos de violencia solo en la primera mitad de ese año, señala el estudio de Oxfam y Egala. El informe advierte de que no todos los casos han podido ser verificados de forma independiente, pero subraya que los testimonios son consistentes con las informaciones publicadas anteriormente y con las lesiones que tratan los sanitarios. Los migrantes describen golpes, incluyendo a personas con heridas previas, uso habitual de gas pimienta, acoso de perros y el uso de pistolas de fogueo y balas de goma. Las organizaciones expresan también preocupación por el uso de armas de fuego “como disparos de advertencia”.

Estas ONG denuncian un “empeoramiento de las condiciones en la frontera” con una serie de iniciativas legislativas tras las elecciones de octubre de 2023. Desde que Tusk llegó al poder el 13 de diciembre hasta mediados de mayo de 2024, la Guardia Fronteriza informó de que más de 4.000 personas habían sido “devueltas a la línea fronteriza”. En mayo, el Gobierno liberal anunció el plan de fortificación de la frontera “Escudo del Este”, una iniciativa de más de 2.300 millones de euros para reforzar la linde con Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, que Polonia ve como una amenaza a su propia integridad.

Además, tras el apuñalamiento y muerte de un soldado el 6 de junio a manos de un migrante en la frontera, el Ejecutivo polaco reintrodujo la llamada zona de exclusión, que impide el acceso de los trabajadores humanitarios y voluntarios, y de los medios de comunicación y que sigue activa. El 13 de julio se aprobó también una ley que exime a las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal por el uso indebido de armas de fuego en la frontera. En sus redes sociales, la Guardia Fronteriza comparte con frecuencia intentos de cruzar en los que a menudo se emplea violencia también del lado de los migrantes.

En una nueva vuelta de tuerca por reforzar la seguridad, el Gobierno anunció en octubre una nueva estrategia de inmigración que introdujo la posibilidad de suspender el derecho al asilo por un determinado periodo de tiempo en lugares específicos. La propuesta, que Tusk había descrito en su momento como una medida “difícil, pero necesaria”, fue aprobada en el Parlamento el pasado 21 de febrero. “Nadie está hablando de violar los derechos humanos, el derecho de asilo, estamos hablando de no conceder solicitudes a personas que cruzan ilegalmente la frontera en grupos organizados por Lukashenko”, dijo Tusk al anunciarla. La Comisión Europea anunció en diciembre que reforzaba la ayuda contra amenazas híbridas por la instrumentalización de la migración, con más de 50 millones de euros para Polonia.

Las organizaciones denuncian que los intentos de Polonia de legalizar las devoluciones en caliente colisionan con el derecho internacional, de la UE, y con la Constitución polaca. Según el informe, en 2024, 1.465 personas relataron que habían experimentado al menos una expulsión en caliente. “No son casos aislados, sino que forman parte de una respuesta sistémica y política”, afirma.

Oxfam y Egala recogen el caso de Mubarak, un sudanés que cruzó el bosque fronterizo en verano de 2023. El grupo con el que viajaba estuvo escondido esperando para cruzar durante 13 días, “comiendo solo una comida al día y bebiendo agua sucia”. Ya en suelo polaco, relata su contacto con las autoridades del país: “No nos llevaron a la comisaría, sino directos [de vuelta] a la frontera”. “Nos registraron, nos pegaron, abrieron la puerta de la valla y nos echaron gas [pimienta] en los ojos y nos empujaron hacia Bielorrusia”. Mubarak y sus compañeros volvieron a intentarlo y lograron cruzar en septiembre de 2023. La guardia fronteriza registró aproximadamente 2.600 solicitudes de protección internacional en 2024, según el informe.

Las dos organizaciones urgen a Polonia a terminar con las devoluciones en caliente ilegales y a procesar las demandas de asilo de acuerdo con los derechos humanos y la ley europea. También, a revocar la legislación que permite el uso de armas y que suspende el derecho de asilo, y a permitir el acceso a personal humanitario y organizaciones de derechos humanos a la frontera. A la UE la instan a condenar los abusos de los derechos humanos en la frontera, a investigar las infracciones del derecho europeo de asilo de Polonia y, si está justificado, emprender procedimientos de infracción. También, a asegurarse de que Polonia aplica el Pacto Migratorio de la UE, “en particular, la vigilancia independiente de las violaciones de los derechos humanos, como las devoluciones en caliente”.