La Casa Blanca niega que desobedeciera al juez que ordenó parar la deportación a El Salvador de centenares de migrantes

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, negó este domingo en un comunicado que la Administración de Donald Trump hubiera desobedecido a James Boasberg, juez del Distrito de Columbia, que el día anterior había bloqueado temporalmente la aplicación a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados con la organización criminal Tren de Aragua de una ley del siglo XVIII que permite la deportación en tiempos de guerra de enemig...

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, negó este domingo en un comunicado que la Administración de Donald Trump hubiera desobedecido a James Boasberg, juez del Distrito de Columbia, que el día anterior había bloqueado temporalmente la aplicación a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados con la organización criminal Tren de Aragua de una ley del siglo XVIII que permite la deportación en tiempos de guerra de enemigos de Estados Unidos. Boasberg también dictaminó verbalmente, no por escrito, que los dos vuelos que en ese momento estaban en el aire volvieran de inmediato. Uno de ellos llegó, con unos 261 migrantes, a El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, presumió de mano dura con ellos en un video difundido en las horas siguientes.

Leavitt aseguró que la orden del juez llegó una vez que la aeronave había abandonado el espacio aéreo estadounidense, y que por tanto la sospecha de que el poder Ejecutivo ha decidido desafiar al Judicial ―temor sobre el que algunos expertos advierten desde que Trump regresó al poder― “no tiene base legal”. La portavoz también escribió que los tribunales federales “carecen de jurisdicción” sobre las decisiones del presidente en materia de política exterior o sobre su capacidad para expulsar enemigos extranjeros. “Un solo juez de una única ciudad no puede dirigir el rumbo de una aeronave llena de terroristas extranjeros expulsados físicamente de suelo estadounidense”, dijo Leavitt.

En el avión que viajó a El Salvador había un total de 261 indocumentados: 137 fueron expulsados en virtud de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Otros 101 eran venezolanos deportados bajo el Título 8, una norma migratoria. El resto se reparte entre 21 pandilleros salvadoreños de la Mara Salvatrucha (MS-13), y, por último, dos cabecillas de esa organización criminal centroamericana.

El vídeo de Bukele

Bukele presumió en un vídeo de tres minutos cuya producción invita a pensar en un thriller carcelario de que había recibido a los deportados en virtud de un acuerdo con la Administración Trump. El mandatario posteó en X un mensaje burlón dirigido al juez de Washington, que decía en inglés: “Oopsie…Too late” (huy, demasiado tarde).

Después, el presidente de El Salvador recibió en esa misma red social el agradecimiento del secretario de Estado, Marco Rubio, por ser “el líder de seguridad más fuerte de nuestra región”, así como “un gran amigo de Estados Unidos”. En el vídeo rodado por las autoridades del país centroamericano se ve a una muchedumbre de agentes encapuchados y fuertemente armados trasladar a decenas de hombres. Les descubren la camiseta para mostrar sus tatuajes, los acarrean esposados con la cabeza baja, les afeitan el pelo y la barba y los conducen rumbo al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una temible cárcel que se ha convertido en el símbolo de la mano dura de Bukele contra el crimen. El trato que reciben los presos en ese lugar ha sido constantemente criticado por asociaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, se sumó a Leavitt en la defensa de la decisión de no retornar el vuelo que iba rumbo a El Salvador. “Había criminales violentos y violadores en nuestro país”, escribió Vance en X. “Los demócratas lucharon para mantenerlos aquí. El presidente Trump los deportó”.

La expulsión se adoptó en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de cuando el presidente era John Adams, que prevé la expulsión en tiempos de guerra de los enemigos del país. Trump la invocó el viernes mediante un decreto presidencial. Se ha usado en tres ocasiones: en la guerra de 1812 contra los ingleses y en la primera y la segunda guerras mundiales. En esta última ocasión, sirvió para enviar a los estadounidenses de origen japonés a campos de prisioneros en uno de los episodios más infames de la historia del país en el siglo XX.

La aplicación de la ley ofrece serias dudas jurídicas, porque, como indicó el magistrado en su escrito del sábado, tocará probar que los actos de los miembros del Tren de Aragua puedan equipararse a una invasión. Para que Estados Unidos declare la guerra a otro país es necesaria la aprobación del Congreso. La Casa Blanca está dispuesta a llevar el caso al Tribunal Supremo, seis de cuyos nueve jueces son conservadores. A tres de ellos los nombró el propio Trump entre 2017 y 2021.

En todo ese proceso la clave estará en determinar en qué momento salió el vuelo. Boasberg emitió su dictamen poco antes de las 19:00, hora de Washington, cuando en El Salvador eran casi las 17:00. La decisión del magistrado fue notificada electrónicamente a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional a las 19:26. El video está claramente rodado cuando ya había caído la noche, lo que plantea dudas sobre si la Administración de Trump ignoró una orden judicial explícita.

Tren de Aragua es una banda criminal de origen venezolano, que se convirtió durante la campaña de su reelección en un argumento constante en los mítines de Trump para justificar la deportación masiva que prometió que emprendería si los votantes lo devolvían a la Casa Blanca. Sus pandilleros se dedican, entre otros delitos graves, al tráfico de droga y de personas.

El presidente estadounidense designó la pandilla primero como una organización terrorista. El decreto del viernes ordena la expulsión del país de cualquier persona vinculada al grupo, siempre y cuando sea mayor de 14 años. La Administración estadounidense denuncia asimismo que la pandilla opera junto con carteles de drogas supuestamente patrocinados por el Gobierno de Venezuela, lo que tensa aún más las relaciones entre ambos países.

El régimen de Nicolás Maduro denunció el domingo el traslado de sus ciudadanos por contravenir las leyes estadounidenses e internacionales. Sus autoridades agregaron que el intento de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros “constituye un crimen de lesa humanidad”. En un comunicado, compararon las acciones de la Administración de Trump con “los episodios más oscuros” de la historia, y citaron la esclavitud y los campos de concentración nazis.

Maduro pactó con el enviado especial de Trump para Venezuela, Richard Grenell, el envío de aviones para deportar a compatriotas, entre los que Estados Unidos aseguró que estaban incluidos miembros del Tren de Aragua. Solo llegaron tres vuelos en febrero, con unas 609 personas a bordo. Ante la aparente paralización de los traslados por parte de Venezuela, Washington decidió revocar la licencia a la petrolera Chevron, en un duro golpe a las frágiles finanzas de Maduro. La semana pasada, Grenell y Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento venezolano y principal operador político del chavismo, anunciaron que retomarían los vuelos de deportación desde el viernes. También es una incógnita cómo afectarán los hechos de este fin de semana a ese principio de acuerdo.