Siete semanas de ofensiva israelí en Cisjordania que evocan a Gaza

Nunca, desde el fin de la Segunda Intifada hace dos décadas, Israel había invadido tanto tiempo (hasta siete semanas) tantos campamentos de refugiados de Cisjordania (tres). Tampoco, desde la Guerra de los Seis Días de 1967, había desplazado de allí ...

Nunca, desde el fin de la Segunda Intifada hace dos décadas, Israel había invadido tanto tiempo (hasta siete semanas) tantos campamentos de refugiados de Cisjordania (tres). Tampoco, desde la Guerra de los Seis Días de 1967, había desplazado de allí tal cantidad de personas: unas 40.000. Ni Taleb Mahmud Abu Sariye pensaba que acabaría, a sus 60 años, durmiendo con su familia en colchones en una escuela en construcción de la ciudad de Tulkarem, viendo desde la azotea cómo las excavadoras demuelen casas (entre ellas, la suya) y los soldados israelíes incendian otras, como si estuvieran en Gaza. Las tropas lo obligaron hace más de un mes a salir con lo puesto y prefiere no pensar en lo que ya ha adelantado el ministro israelí de Defensa, Israel Katz: ni quienes se marcharon podrán regresar a los campamentos del norte de Cisjordania, ni se irán las tropas, al menos lo que queda de año.

La escuela tiene nombre en la fachada (Abdelrahim al Wahad), pero no pupitres. Era un proyecto avanzado cuando comenzó la invasión del campamento, a finales de enero. El dueño abrió las puertas a quien lo necesitase y han acabado allí 109 personas que, se nota, entran claramente en esa definición. Casi la mitad son niños.

Abu Sariye llegó allí en el tercer día de invasión de su campamento de refugiados, Tulkarem. “Los soldados nos dieron cinco minutos para irnos. Cogí solo el documento de identidad y mis medicamentos. Llevamos puesta la ropa con la que salimos”, rememora mientras se señala el pantalón. Luego, en el camino, los militares comprobaron sus identidades y les hicieron preguntas para adivinar sus posicionamientos políticos como “¿Qué opinas de lo que está pasando?”.

Han pasado seis semanas desde aquel día y ahora se siente “confundido”. Lo que interpretó como una redada más —de las que tienen lugar cada tantas semanas y duran un puñado de días— le ha acabado convirtiendo “en un sin techo”. Su vivienda, explica, es una de las decenas que ha demolido el ejército israelí en la ofensiva. “El dueño [de la escuela] nos ha dicho que nos podemos quedar lo que haga falta, pero esto no es vida. No sabemos cuánto se alargará, ni tenemos otro sitio donde ir […] La sensación es que no nos han desplazado, nos han desarraigado. Cuando solo te expulsan puede que vuelvas”.

Como Tulkarem está muy cerca del actual Israel (las torres de Tel Aviv pueden verse sin dificultad desde lo alto), es una de las zonas de Cisjordania con más refugiados de la Nakba, la huida o expulsión de sus hogares de dos tercios de la población árabe en el actual Estado de Israel entre 1947 y 1949, ante el avance de las milicias judías y, luego, del ejército. Con más de 20.000 personas, el campamento de Abu Sariye era el segundo más poblado (después de Balata, en Nablus). El otro de Tulkarem, Nur Shams, albergaba 12.000.

Hoy, entre los dos, solo quedan entre 4.000 y 5.000 personas, explica el gobernador de Tulkarem, Abdala Kmail, en su despacho, flanqueado por un retrato del histórico líder palestino, Yasir Arafat, y otro del actual y mucho menos querido por los suyos, Mahmud Abás. “El ejército israelí está actuando como si fuese una zona de guerra, como Gaza o Líbano, cuando habrá unas 30 personas armadas, que no justifica esto. Está buscando crear una nueva realidad”, señala.

El pasado día 25, el canal 14 de la televisión israelí —muy próximo al primer ministro, Benjamín Netanyahu— dio cuenta de un plan en la cúpula militar para el “día después” de la macroperación en el norte de Cisjordania que preparará en breve un equipo creado ex profeso. Consiste en impedir que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) administre las escuelas, al considerar que “educan en el odio y el antisemitismo“. Es el mandato que recibe de la Asamblea General de Naciones Unidas, junto con la sanidad. La segunda parte del plan pasa por cambiar la fisionomía de los campamentos, con edificios más altos y vías de dos carriles. Un tercer punto son planes, a largo plazo y sin especificar, de empleo.

Es justo lo que ve sobre el terreno el responsable del Comité de Servicios Populares de Tulkarem, Faisal Salame, y se puede atisbar a lo lejos. La demolición de hogares sigue un patrón, para modificar la “estructura y naturaleza” de los campamentos, formando una X de avenidas perpendiculares allí donde los estrechos callejones y las casas apelotonadas venían impidiendo la entrada a los blindados y facilitaban las emboscadas a las tropas israelíes.

Es un reciclaje de lo que hizo en los hoy devastados campamentos de refugiados de Shati y Yabalia, en Gaza, en 1971, recuerda Yehuda Shaul, codirector del centro de análisis israelí Ofek. Shaul interpreta la actual macrorredada más como expresión práctica de “políticas extremistas” que de un “sentido operativo militar”. Y recuerda que los soldados israelíes que sirven ahora en Cisjordania vienen de hacerlo en Gaza, donde se acostumbraron al ambiente de impunidad y venganza posterior al ataque de Hamás de octubre de 2023. “Aunque se mueven en un contexto diferente, están muy influidos y tienen normalizado el modo de operar en Gaza. Hace que sean mucho más agresivos”, señala por teléfono.

Un vídeo mostraba esta semana a una madre de familia encontrándose un Corán en la basura, tras el paso de los soldados por su casa en Nur Shams. En otro, un hombre acusaba a los militares que tomaron su casa como posición de haberle robado hasta cuatro ordenadores portátiles. Dejaron un carné de conducir cortado por la mitad y unas pocas monedas sobre la mesa, en compensación por haber jugado a la consola Xbox y fumado de la pipa de agua.

“Reforzar la seguridad”

El momento de la ofensiva no es casual. Comenzó con un alto el fuego en Líbano, que puso fin a dos meses y medio de guerra con Hezbolá, y apenas dos días después del inicio del aún vigente en Gaza. Ambos permitieron a Israel replegar miles de soldados. Netanyahu añadió entonces a los objetivos de la guerra “reforzar la seguridad en Cisjordania”, bajo ocupación militar desde la Guerra de los Seis Días. Lo exigió el ultraderechista ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, con amplias prerrogativas sobre los asuntos civiles en Cisjordania, a cambio de permanecer en el Ejecutivo de coalición, pese a su oposición a la tregua en Gaza.

Tampoco lo es el nombre: Muro de Hierro. Coincide con el concepto acuñado hace un siglo por el líder revisionista Zeev Yabotinsky, la línea ideológica de la que bebe el Likud de Netanyahu, para defender la necesidad de construir un “poder fuerte” que quitase a los palestinos la esperanza de frenar el proyecto sionista.

Para Shaul, la invasión responde a un conjunto de factores vertebrados por un hecho: en Cisjordania, el “verdadero ministro de Defensa” de facto es Smotrich, quien ha declarado 2025 el año de su anexión y acaba de viajar para ello a Estados Unidos, donde estaba vetado por la Administración de Joe Biden.

“Es una oportunidad para elevar el nivel de lo aceptable en Cisjordania” tras el fin de “todas las líneas rojas” en Gaza, con el desplazamiento de 40.000 personas como “castigo colectivo extremo”. Shaul enmarca la elección de los campamentos del norte de Cisjordania tanto en que son el bastión de los grupos armados y existe un “verdadero resurgimiento de la violencia y el terrorismo” como en la ofensiva contra los refugiados palestinos, de la que forma parte el cerco a la UNRWA y el plan de Donald Trump para limpiar Gaza de población, en su gran mayoría, refugiados de la Nakba.

Como Israel impide a la UNRWA prestar allí servicios, la Media Luna Roja Palestina ha tenido que asumir sus funciones sanitarias. “Nos hemos visto forzados incluso a llevar comida a familias que no podían salir”, cuenta Manal Hafi, directora general de su servicio de ambulancias en Tulkarem. Recuerda el caso de un anciano que llevaba una semana sin alimentos, agua corriente ni electricidad. “Cuando conseguimos llegar a él y le preguntamos cómo estaba, lo primero que hizo fue llevarse la mano a la boca, haciendo el gesto de que tenía hambre”.

La operación comenzó el 21 de enero en el campamento de Yenín. Netanyahu avisó de que será “amplia y significativa” y Smotrich la enmarcó en “la protección de los asentamientos y sus habitantes”, alrededor del medio millón de colonos israelíes establecidos durante medio siglo en Cisjordania. Tres días más tarde, la extendió a Nur Shams y Tulkarem. También ha efectuado redadas en el campamento de Faraa, en Tubas, el de Balata y en la ciudad vieja de Nablus, donde partes de una mezquita del siglo XII, levantada sobre una iglesia de época romana, acabaron esta semana incendiadas, justo después de que entrasen las tropas israelíes sin encontrar resistencia.

La ONU da cuenta desde su inicio de 68 muertos palestinos por fuego israelí en Cisjordania. 56 de ellos, en las regiones de Yenín, Tulkarem y Tubas. Seis son niños. Como Laila Al Jatib, de dos años; o Rimas Ammouri, de 13 años, ambas en sus casas en Yenín. También han perdido la vida tres soldados israelíes, en enfrentamientos y ataques de milicianos.

La oficina de derechos humanos de la ONU (OCHA, en sus siglas en inglés) da los tres campamentos invadidos desde enero por “casi completamente desiertos”. Días antes, el ministro israelí de Defensa, se jactaba de que están “vacíos”, sin actividad de la UNRWA y con el ejército limpiando “nidos de terrorismo” y destruyendo “ampliamente” infraestructura y armamento“. El máximo responsable de la UNRWA, Philippe Lazzarini, mostró la pasada semana su preocupación por cómo la “alarmante expansión” de la guerra de Gaza “está convirtiendo Cisjordania en un campo de batalla”.

Infraestructura es un eufemismo para edificios residenciales, la red eléctrica y de agua y el asfalto de las calles. Se puede ver de primera mano a las excavadoras echando abajo edificios en el campamento de Yenín. O la amplia avenida horadada en el de Tulkarem allí donde antes había casas. “Estamos a un kilómetro y oímos todo: los bulldozers, cuando abren fuego…”, explicaba desde la azotea de la escuela otro de los desplazados, Ramzi Hussein, de 42 años. “Ver la destrucción de tu hogar es una sensación indescriptible”. La avenida llena de tiendas que lo conecta con el de Nur Shams es ahora cientos de metros de arena y barro que los escasísimos vehículos sufren para recorrer.

En Yenín han entrado tanques por primera vez desde la Segunda Intifada. El ejército israelí ya había cruzado otra línea roja cuatro meses antes del ataque de Hamás en octubre de 2023, cuando la situación en Cisjordania ya se venía calentando de forma inédita, con cada vez más redadas, ataques de milicianos palestinos y agresiones de colonos a civiles. Fue su primer bombardeo aéreo en la zona en dos décadas. Ya van más de cien desde entonces.

Katz habló de la ofensiva la semana pasada. Aseguró que los asentamientos judíos en Cisjordania son “el muro protector” de la población en Israel, por lo que es importante “proteger también el escudo”. “Los soldados y comandantes dicen que finalmente se les permite hacer lo que resulta necesario y que permanecer allí significa que no deben entrar y salir todo el tiempo”, señaló.

Búsqueda de casa

De momento, la mayoría de desplazados se ha instalado en casas de familiares (las redes son amplias en el mundo árabe) o de conocidos, o alquilan en zonas cercanas. Es lo que busca Mohamad, que aprovecha que le preguntan una dirección desde la ventanilla para subirse a un vehículo que lo saque de Tulkarem. Tiene 34 años, lleva un mes desplazado de Nur Shams y va a la cercana y más barata Anabta a buscar casa de alquiler para instalarse con su mujer y sus cuatro hijos. La estancia en la modesta casa de su hermana se ha alargado ya “demasiado tiempo” sin horizonte de regreso, explica.

Toma la decisión, pese a que lleva casi año y medio en el paro y a que está “prácticamente seguro” de que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) carecerá de fondos suficientes (cada vez Israel le retiene más partidas) para reembolsarle en el futuro el arrendamiento, como pretende. Mohamad es uno de los alrededor de 200.000 cisjordanos que trabaja en Israel hace octubre de 2023, cuando los permisos quedaron cancelados (salvo decenas de miles para los asentamientos judíos de la zona y otras industrias con el calificativo de imprescindibles), sumiendo en deudas a miles de familias que no puede absorber la economía palestina.

Todos los desplazados dependen de ayuda externa para comer, según datos de la ONU. La mayoría lo hace al menos una vez al día gracias a la ayuda de la comunidad o de organizaciones humanitarias. Un 87% puede llegar al mercado, pero más de la mitad carece de dinero para comprar, por lo que se están saltando comidas o reduciendo raciones. “Las niñas me piden un séquel que no tengo para darles”, lamenta avergonzado Abu Sariye. Los campamentos de refugiados ya figuraban antes entre los lugares más pobres de Cisjordania.

Se nota en la escuela, donde proporciona la comida World Central Kitchen -la ONG del chef José Andrés que se apoya en cocinas locales para responder con rapidez a las crisis- y los radiadores tienen el logotipo de la asociación caritativa argelina Al Baraka. Unos jóvenes descargan de repente cajas de botellas de agua.

Es por la mañana y los hijos de la pareja de Abu Sariye no juguetean en el patio de la escuela, sino en el refugio, aunque irónicamente sean lo mismo. La UNRWA cifra por encima de 5.000 los menores que no está acudiendo a clase. La realidad pasa por encima a las familias, sin materiales, acceso o plazas en las escuelas gubernamentales. O, simplemente, medios. La agencia de la ONU está intentando comprimir a distancia ocho semanas de currículum en cinco semanas, pero algunos alumnos carecen de Internet o de aparatos electrónicos.