El Supremo de Bangladés anula la norma de cuotas de empleo que desató fuertes protestas
El fiscal general pide a los estudiantes que regresen a clase tras unos disturbios reprimidos por las fuerzas de seguridad que han causado más de 100 muertos
El Tribunal Supremo de Bangladés anuló este domingo la orden judicial que permitía amplias cuotas de empleo público reservadas a los hijos de los veteranos de guerra en el país, un privilegio que desató multitudinarias protestas estudiantiles y una ola de violencia con más de un centenar de muertos. En una audiencia especial celebrada de manera acelerada debido a la violencia de las calles, el Supremo decidió anular la decisión del Tribunal Superior de Daca emitida el mes pasado, que permitía al Gobierno otorgar un tercio de los puestos de trabajo a los descendientes de los combatientes de la guerra de independencia de Pakistán (1971).
Con ello, el máximo tribunal del país ordenó una reestructuración total de las polémicas cuotas de empleo en el servicio público para bajarlas del 30% al 5% para hijos de los combatientes, y dejar un 2% para las minorías étnicas y personas con discapacidad, explicó a periodistas el abogado Shah Monjurul Haque, representante de los estudiantes que han protagonizado las protestas contra la norma. La decisión implica que el 93% de los empleos gubernamentales deberán ser asignados por mérito. Este era el principal reclamo de los estudiantes que tomaron las calles hace dos semanas con un movimiento que se tornó violento hace unos días con la represión de las fuerzas de seguridad y ha dejado alrededor de 120 muertos, según un balance elaborado por EFE.
En este sentido, “el tribunal instó a los estudiantes a volver a las clases y también pidió a los tutores que les dijeran a sus hijos que regresaran”, añadió el abogado. Esta misma petición la hizo también el fiscal general a su salida del tribunal. “Dado que con este veredicto se han cumplido todas las demandas de los estudiantes, deberían regresar a clase”, dijo a los periodistas A. M. Amin Uddin. “Espero que tras la sentencia de hoy vuelva la normalidad y que las personas con segundas intenciones dejen de instigar a la gente”, declaró el fiscal general sobre los actos de violencia y de incendios intencionados en estos últimos días. “Pediré al Gobierno que descubra a los culpables de la violencia y tome medidas estrictas contra ellos”, advirtió.
El Gobierno de la primera ministra, Sheikh Hasina, había eliminado el sistema de cuotas en 2018 debido también a protestas multitudinarias, pero un tribunal inferior lo restableció el mes pasado, lo que desató las manifestaciones actuales y la consiguiente represión gubernamental. Los detractores de la medida consideran, además, que beneficia a los partidarios de Hasina, hija de Sheikh Mujibur Rahman, considerado el fundador del Bangladés moderno y figura clave para la independencia del país de Pakistán en 1971.
Los servicios de internet y mensajes de texto en Bangladés están suspendidos desde el jueves, dejando incomunicada a una nación de casi 170 millones de habitantes, mientras las fuerzas de seguridad reprimen a los manifestantes que desafiaron la prohibición de reuniones públicas. Los soldados han patrullado las calles de Daca, la capital, donde se han establecido puntos de control del ejército, después de que el Gobierno ordenara el toque de queda a última hora del viernes. Las calles cercanas al Tribunal Supremo estaban tranquilas inmediatamente después de conocerse el fallo del Supremo.
Las manifestaciones ―las mayores desde que Hasina fue reelegida este año para un cuarto mandato consecutivo―se han visto avivadas por el elevado desempleo entre los jóvenes, que representan casi una quinta parte de la población. Casi uno de cada cinco bangladesíes de entre 15 y 24 años está sin trabajo ni estudios, según las estadísticas oficiales de 2023. Además, los licenciados universitarios ―los campus han sido el principal foco de las protestas― sufren un paro mayor que otros jóvenes formados, y compiten cada año por los escasos puestos gubernamentales que se convocan.
El elevado coste de la vida provocó también protestas con víctimas mortales el año pasado, meses después de que el país solicitara al Fondo Monetario Internacional un rescate de 4.700 millones de dólares (unos 4.318 millones de euros) por sus dificultades para pagar el petróleo y el gas importados, debido a la disminución de sus reservas monetarias.
Líderes de partidos de la oposición, activistas y estudiantes han sido detenidos durante la represión de las protestas, según Tarique Rahman, presidente en funciones en el exilio del principal partido de la oposición, el Partido Nacionalista de Bangladés. La policía detuvo el sábado a Nahid Islam, uno de los principales coordinadores estudiantiles, según los manifestantes, y lo liberó 24 horas después y tras haber sufrido “torturas”, según denunció su padre.
Las universidades e institutos llevan cerrados desde el miércoles. El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó el sábado su advertencia de viaje a Bangladés al nivel cuatro, instando a los ciudadanos estadounidenses a no viajar allí.
Un portavoz de los estudiantes, Abdullah Saleheen, ha anunciado que continuará los llamamientos a la manifestación pública contra el Gobierno: “Acogemos con satisfacción la decisión judicial, pero no cancelaremos nuestra protesta hasta que el Gobierno apruebe un proyecto de ley en el parlamento que refleje nuestras demandas”, ha declarado a EFE.
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