Los crímenes de Gaza ponen a prueba a la justicia internacional

Karim Khan, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), quiere detener al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant ―así como a la cúpula de Hamás― porque considera que pueden ser “penalmente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Al mismo tiempo, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha reclamado al Estado judío que to...

Karim Khan, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), quiere detener al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant ―así como a la cúpula de Hamás― porque considera que pueden ser “penalmente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Al mismo tiempo, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha reclamado al Estado judío que tome medidas provisionales para impedir un genocidio contra los gazatíes. Es la misma guerra, con las mismas víctimas, pero los dos tribunales manejan distintos tratados internacionales. ¿Cómo se explican ambos enfoques judiciales?

Situados ambos en La Haya (Países Bajos), a unos 12 minutos de distancia en bicicleta, los dos órganos abordan uno de los casos más espinosos de la justicia internacional reciente, teniendo en cuenta la diferencia entre la responsabilidad internacional de un Estado y la de un individuo.

En el caso de Gaza, Sudáfrica ha demandado a Israel ante el TIJ ―que resuelve litigios entre Estados― con la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948) en la mano. Pretoria observa “actos genocidas” contra los palestinos. El Estado judío lo rechaza, y aunque los Estados no pueden ser penalmente responsables; “Israel deberá defenderse de la acusación de estar cometiendo en Gaza el peor de los crímenes, violando con ello sus obligaciones en virtud de la Convención”, explica, al teléfono, Asier Garrido Muñoz, exletrado del TIJ.

¿Precisa la Convención sobre el genocidio una actualización? Según el mismo experto, el caso de Gaza pone a prueba su relevancia contemporánea porque no todo está documentado o se expresa abiertamente, como hicieron los nazis con el Holocausto. O como los hutus contra los tutsis en Ruanda. De ahí que se requiera un estándar probatorio muy alto, al margen de que una de las partes lo niegue. A Garrido Muñoz le parece poco aconsejable actualizar la Convención de 1948 porque entonces “había una conciencia máxima de la gravedad de lo ocurrido en la II Guerra Mundial y la necesidad de prohibir el genocidio”. “Sospecho que algo así no existe de igual manera hoy en la comunidad internacional. Aún más, algunos países podrían aprovechar la ocasión para edulcorarla”, avisa.

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional no ha incluido el genocidio en la petición a los jueces para que autoricen las órdenes de arresto de Netanyahu y Gallant. Israel, por otro lado, no es miembro del TPI. Sin embargo, es la primera vez que este tribunal presenta un caso contra individuos de lo que se entiende como una democracia liberal (donde rige el imperio de la ley y el sistema judicial es independiente).

Riesgos para el TPI

“Es un momento importante en la historia legal contemporánea”, apunta Cedric Ryngaert, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad neerlandesa de Utrecht, “porque la Fiscalía del TPI actúa contra un aliado de Occidente”. El tribunal corre, por tanto, el riesgo de perder el respaldo de “países que ahora la sostienen con sus fondos”, agrega. Lo esencial es saber si el TPI podrá demostrar “que Israel es genuinamente incapaz ―o bien reacia― a investigar y procesar a escala nacional”, continúa Ryngaert. Y tendrá que hacerlo “para responder también a las críticas de que [el TPI] solo persigue a países pobres y africanos: el Sur Global”.

El fiscal menciona en su escrito a los jueces que hay una política del Estado israelí contra los palestinos con ataques sistemáticos. “Eso significa que no puedes perseguir a un soldado concreto, sino apuntar hacia los máximos responsables”, asevera Ryngaert. Por su parte, el Estado Palestino sí es miembro del TPI, y cuando el futuro político de Gaza esté claro, debería buscar y detener a la cúpula de Hamás, si los jueces del tribunal aprobaran los arrestos.

El TPI cuenta con 124 países miembros, entre los que no figuran China, Rusia o Estados Unidos, aunque este último ha apoyado al fiscal Khan en sus investigaciones sobre la guerra de Ucrania. El soporte estadounidense se mantuvo cuando, en marzo de 2023, Khan pidió la detención del presidente ruso, Vladímir Putin, por “deportación ilegal de niños ucranios”. Putin tiene ahora más dificultades para viajar porque los países que forman parte del TPI están obligados a detenerle. Lo mismo ocurriría con Netanyahu y Gallant.

Para William Schabas, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad británica de Middlesex, el primer ministro israelí podría ir a Washington, uno de sus mayores aliados. “Pero mostraría el doble rasero del Gobierno estadounidense, que se muestra firme en el caso de Putin”. En su opinión, Khan indagó enseguida los crímenes cometidos en Ucrania ―“Cuando hablamos de Ucrania, nos referimos al Norte Global [los países desarrollados]”, apunta―, y ha sido tal vez menos entusiasta con Gaza: “Pero el fiscal lo ha hecho. Ha pedido permiso para que detengan al primer ministro israelí”.

Por su parte, Garrido Muñoz indica que la Fiscalía del TPI tendrá en cuenta la política de Israel como elemento de prueba de la responsabilidad penal de Netanyahu y el ministro Gallant: “Ambos actúan al mismo tiempo como órganos del Estado y como individuos que pueden ser responsables penales internacionales en el ejercicio de sus funciones”.

El Estatuto de Roma, que vertebra la labor del tribunal, permite presentar una nueva orden de arresto si se considera que hay motivos razonables para creer que el primer ministro israelí y el titular de Defensa pueden ser responsables de un genocidio en Gaza. Pero es muy difícil demostrar la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. “Khan quiere que los jueces aprueben las órdenes de arresto”, explica Ryngaert, “podría suceder que si opta por el genocidio las rechacen, al menos en ese cargo”.

Los dos tribunales se encuentran en la primera fase de sus casos. ¿Qué pasará si el primero aborda el fondo de la cuestión y concluye que hay indicios de genocidio? Para Ryngaert habría una discrepancia si los jueces de Naciones Unidas contemplaran el genocidio y los del tribunal penal ―de presentarse al final este cargo― lo rechazaran. Garrido Muñoz recuerda que el hecho de que la Fiscalía del TPI no lo haya incluido en su solicitud, “será invocado por Israel para decir que la demanda de Sudáfrica es infundada”. De todos modos, “si el Tribunal de la ONU cerrara antes su caso, la valoración que haga de las pruebas será muy importante para [el fiscal] Kahn y puede influir en su estrategia procesal”, concluye.

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