Sunak se prepara para una avalancha de recursos ante los tribunales contra su ley de deportaciones a Ruanda

Las batallas políticas de Rishi Sunak son ya siempre de corto plazo, más pensadas como mero ejercicio de supervivencia que como estrategia. El primer ministro británico ha respirado aliviado al sacar por fin adelante, en la madrugada de este martes, su Ley de Seguridad de Ruanda, que delega en el país africano la gestión de los inmigrantes irregulares llegados al Reino Unido, pero el Gobierno es plenamente consciente de l...

Las batallas políticas de Rishi Sunak son ya siempre de corto plazo, más pensadas como mero ejercicio de supervivencia que como estrategia. El primer ministro británico ha respirado aliviado al sacar por fin adelante, en la madrugada de este martes, su Ley de Seguridad de Ruanda, que delega en el país africano la gestión de los inmigrantes irregulares llegados al Reino Unido, pero el Gobierno es plenamente consciente de la avalancha de recursos a la vista ante un texto que sigue teniendo muchos agujeros, a pesar de su dureza. La norma prácticamente convierte en una excepción las posibilidades que tienen los migrantes de solicitar protección en territorio británico.

Según anunció el propio Sunak este lunes, el Ministerio del Interior ha entrenado a 200 funcionarios nuevos para manejar las peticiones de asilo; 500 personas están ya preparadas para escoltar durante el viaje a Ruanda a los inmigrantes que vayan a ser deportados, y otras 300 están recibiendo ya adiestramiento para reforzar ese esquema de seguridad; la justicia británica ha puesto en marcha 25 nuevos juzgados y 150 jueces especializados para atender las reclamaciones de los recién llegados.

Y sobre todo, la nueva ley reduce considerablemente la posibilidad de que los designados para viajar a Ruanda puedan acudir al último recurso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Sunak está convencido de que, con la bendición del Parlamento, podrá hacer frente a posibles órdenes de suspensión, como la que impidió en junio de 2022 que despegara el primer vuelo con inmigrantes desde Londres hacia Kigali. El sindicato que representa a la mayoría de los funcionarios —el llamado servicio civil— del Gobierno británico ha sido el primero en anunciar posibles recursos legales contra una política de deportaciones que puede llevar a sus afiliados a quebrantar la legalidad internacional.

“No habríamos activado estas nuevas capacidades si no estuviéramos preparados par usarlas”, ha contestado Sunak ante ese desafío. “Hemos realizado cambios en el Código de Conducta de los Altos Funcionarios que dejan claro de manera meridiana que los funcionarios deberán limitarse a seguir las instrucciones de los ministros, en el caso de que llegáramos a ese punto”, ha explicado. La nueva ley deja precisamente en manos de los miembros del Gobierno la posibilidad de desobedecer, en materia de inmigración, las órdenes del TEDH.

Nuevas muertes en el canal de la Mancha

Apenas unas horas después de que se aprobara la nueva ley, la guardia costera francesa confirmaba que al menos cinco migrantes —tres hombres, una mujer y una niña― habían fallecido en la madrugada del martes al intentar cruzar el canal de la Mancha, desde una zona cercana a la localidad de Wimereux. Los “cuerpos sin vida” han sido localizados en una embarcación en la que viajaban un centenar de personas que trataban de llegar por mar al Reino Unido. Fallecieron como consecuencia del tumulto provocado en la embarcación al entrar en pánico sus ocupantes, según los agentes franceses.

En la operación han participado tres helicópteros y varias lanchas, y se ha rescatado a 47 personas, de las que cuatro han sido trasladadas a un hospital cercano. El resto de pasajeros, 57, han permanecido en la embarcación para continuar su viaje al Reino Unido.

Avisos y reacciones en contra de la ley

El momento de acudir al tribunal de Estrasburgo llegará cuando el Gobierno comience con las primeras deportaciones, que el propio Sunak anunció para el próximo mes de julio. Será entonces cuando los propios inmigrantes designados para emprender el vuelo presenten recursos individuales, o cuando algunas organizaciones humanitarios o bufetes de abogados emprendan su batalla legal contra Downing Street. La firma Duncan Lewis, que ya representó a muchas de las personas que debían embarcar en el vuelo frustrado de 2022, ha anunciado que piensa volver a actuar cuando el plan se active.

La ley deja un mínimo hueco de salida a aquellos inmigrantes señalados para viajar al país africano. Si padecen problemas físicos o mentales graves, o han sido víctimas de tortura o de tráfico de personas pueden intentar recurrir ante los tribunales británicos. Para el resto, una vez en Ruanda, ya no será posible ningún tipo de solicitud al sistema británico.

Son muchos los críticos de la ley, tanto desde el bando de la oposición como desde el propio Partido Conservador, que la consideran una victoria política pírrica de Sunak, que apenas le permite salvar la cara ante las próximas elecciones municipales del 2 de mayo en toda Inglaterra. Pero que difícilmente logrará sortear todos los desafíos legales que le vienen por delante. El ala dura de los tories, encabezada por la exministra del Interior, Suella Braverman, asegura que el texto deja muchos flancos abiertos para que los tribunales paralicen su aplicación.

“La ley ha sido aprobada, pero todo el plan de deportaciones a Ruanda pasará a la historia de la política británica como una aventura estilo ‘Alicia en el País de las Maravillas’, que resultará tan absurda como inhumana”, ha dicho Enver Solomon, el presidente de la organización UK Refugee Council. “No logrará detener los botes [que cruzan el canal de la Mancha], no detendrá el tráfico de personas y no salvará vidas. Los diputados se han limitado a aprobar una ley que tan solo va a provocar más sufrimiento y más muertos”, ha advertido.

Cifras frente a realidad

El Gobierno británico ha pagado ya a Ruanda casi 280 millones de euros a finales de 2023, y el pago total, a lo largo de cinco años, alcanzará al menos los 430 millones de euros, según la Oficina Nacional de Auditoría, un órgano independiente de control de las finanzas públicas. Con las capacidades contratadas de alojamiento y atención en Ruanda, el Reino Unido solo puede enviar 200 personas al año al país africano. Es decir, un 0,7% del número total de inmigrantes que llegaron en 2023 a las costas inglesas (29.437 personas). Cada individuo deportado costará al Estado británico unos 174.000 euros. Es decir, casi 73.000 euros más de lo que cuesta mantenerlo en territorio del Reino Unido.

“Me preocupa que esta ley permita la puesta en marcha de una política de deportaciones a Ruanda que impida realizar previamente un valoración de la solicitud de asilo en la mayoría de los casos”, ha denunciado este martes el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O´Flaherty. “Pido al Reino Unido que se abstenga de deportar personas bajo el amparo de esta ley y que dé marcha atrás al efectivo quebranto de la independencia judicial que supone el texto”, ha exigido.

El Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi, se ha unido a la denuncia de la ley: “Supone un nuevo paso del Reino Unido con el que se aleja de su larga tradición de ofrecer refugio a lo que lo necesitan, y de atentar contra la Convención para los Refugiados”, ha denunciado.

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