El fiscal especial pide al Tribunal Supremo que no paralice el juicio a Trump en Washington

El fiscal especial Jack Smith ha pedido al Tribunal Supremo que permita avanzar en el proceso para juzgar a Donald Trump en Washington por sus intentos de alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió contra Joe Biden. El fiscal se opone a la solicitud de Trump de que el caso quede paralizado mientras los jueces deciden sobre si el expresidente tiene inmunidad para ser perseguido por presuntos delitos cometido...

El fiscal especial Jack Smith ha pedido al Tribunal Supremo que permita avanzar en el proceso para juzgar a Donald Trump en Washington por sus intentos de alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió contra Joe Biden. El fiscal se opone a la solicitud de Trump de que el caso quede paralizado mientras los jueces deciden sobre si el expresidente tiene inmunidad para ser perseguido por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

El fiscal ha registrado un escrito de 40 páginas ante el Supremo con su posición contraria a esa paralización. “Los delitos imputados golpean el corazón de nuestra democracia”, alega en el documento. “El supuesto plan criminal de un presidente para anular una elección y frustrar la transferencia pacífica del poder a su sucesor debería ser el último lugar para reconocer una forma novedosa de inmunidad absoluta de la ley penal federal”, añade.

“El retraso en la resolución de estos cargos amenaza con frustrar el interés público en un veredicto rápido y justo, un interés apremiante en todos los casos penales y que tiene una importancia nacional única en este caso, ya que se trata de cargos penales federales contra un expresidente por presuntos esfuerzos criminales para anular los resultados de las elecciones presidenciales, incluso mediante el uso del poder oficial”, argumenta.

Trump ya ha conseguido dilatar el proceso y ha evitado de momento sentarse en el banquillo de los acusados en plenas elecciones primarias del Partido Republicano. La jueza Tanya Chutkan había programado el juicio para el 4 de marzo, pero los recursos de Trump la han obligado a posponerlo indefinidamente. La semana pasada el expresidente pidió al Tribunal Supremo que el caso siga paralizado mientras adelantaba algunos de los argumentos de su recurso: “Sin inmunidad penal, la presidencia tal y como la conocemos, dejará de existir”.

El expresidente quiere que el Supremo dicte que no puede continuarse con la instrucción del caso, ni, por tanto, con el juicio, mientras él sigue recurriendo ante los tribunales para que reconozcan una supuesta inmunidad. La jueza Tanya Chutkan, encargada del caso en que Trump está imputado por cuatro posibles delitos por sus maniobras para alterar el resultado electoral e impedir la transferencia de poder, ya denegó la inmunidad. Trump recurrió y las tres juezas de una sala del Tribunal de Apelaciones rechazaron por unanimidad el recurso.

El expresidente aún puede dilatar más el proceso acudiendo al pleno del Tribunal de Apelaciones y, en última instancia, al propio Tribunal Supremo. Aunque pierda todos los recursos, habrá ganado tiempo si consigue que el caso quede paralizado. Si Trump llegase a ganar las elecciones, podría ordenar que se retirasen los cargos o incluso autoconcederse un indulto.

El fiscal arremete en su escrito de este miércoles contra esa estrategia: “Su interés personal en posponer los procedimientos del juicio debe sopesarse con dos poderosas consideraciones compensatorias: el interés del gobierno en presentar plenamente su caso sin demoras indebidas; y el interés apremiante del público en una pronta resolución del caso”, dice

Los abogados de Trump decían que llevar a cabo un juicio penal de meses de duración contra el expresidente y candidato en plena temporada electoral “perturbaría radicalmente la capacidad del presidente Trump para hacer campaña contra el presidente Biden”. “La orden del Circuito del Distrito de Columbia [que deniega su inmunidad y dice que se le someta a juicio] amenaza así con un daño irreparable inmediato a los intereses de la Primera Enmienda [que consagra la libertad de expresión] del presidente Trump y de decenas de millones de votantes estadounidenses, que tienen derecho a escuchar el mensaje de campaña del presidente Trump mientras deciden cómo emitir su voto en noviembre”, añadían en su escrito.

Jack Smith replica que es justo al revés: “Los cargos que aquí se imputan se refieren a los supuestos esfuerzos del solicitante por privar del derecho de voto a decenas de millones de votantes”, dice. “La Nación tiene un interés imperioso en que los cargos sean llevados a juicio”, añade.

El fiscal no quiere perder tiempo. Le dice al Tribunal que si, alternativamente, se inclina por revisar la reclamación de inmunidad de Trump, que asuma ya el caso y acelere su tramitación.

La discusión sobre la inmunidad se refiere al caso de Washington en el que se ha imputado al expresidente por intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden, para aferrarse al poder. Sin embargo, la doctrina de los jueces se puede extender al conjunto de las cuatro imputaciones por 91 presuntos delitos que pesan sobre él.

La defensa de Trump argumentó que no se le podría juzgar siquiera por ordenar a un comando de las fuerzas especiales asesinar a sus rivales políticos. Tanto la jueza que lleva el caso como el Tribunal de Apelaciones rechazaron la inmunidad del expresidente en términos muy contundentes.

“Cualesquiera que sean las inmunidades de que pueda disfrutar un presidente en ejercicio, Estados Unidos solo tiene un jefe del Ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un salvoconducto de por vida para salir de la cárcel”, indicó la jueza Chutkan en primera instancia.

“A efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberle protegido mientras ejercía como presidente ya no le protege contra esta acusación”, decía la sentencia de las tres juezas del Tribunal de Apelaciones. “Sería una paradoja sorprendente que el presidente, que tiene el deber constitucional último de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, fuera el único cargo capaz de desafiarlas impunemente”, desarrollaban las juezas en los fundamentos de la decisión. “No podemos aceptar que el cargo de la presidencia sitúe a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para siempre”, indicaba en otra de sus frases.

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