Texas promulga la ley antinmigrante más dura de Estados Unidos

Sus críticos la han calificado como la más dura ley antinmigrantes de Estados Unidos en los últimos 20 años. Desde este lunes es una realidad en Texas, el segundo Estado más poblado y compuesto por un 40% de hispanos. El gobernador Greg Abbott ha firmado esta tarde en Brownsville y promulgado tres normas que endurecen el trato a los inmigrantes y permiten a las autoridades locales preguntar por papeles en cualquier parte de la entidad. De no tenerlos, la persona puede ...

Sus críticos la han calificado como la más dura ley antinmigrantes de Estados Unidos en los últimos 20 años. Desde este lunes es una realidad en Texas, el segundo Estado más poblado y compuesto por un 40% de hispanos. El gobernador Greg Abbott ha firmado esta tarde en Brownsville y promulgado tres normas que endurecen el trato a los inmigrantes y permiten a las autoridades locales preguntar por papeles en cualquier parte de la entidad. De no tenerlos, la persona puede ser detenida y se expone a ser deportada a México. Sea o no nacional de este país. La ley, conocida como la SB4, entrará en vigor en marzo del próximo año.

“La deliberada falta de acción del Gobierno de Joe Biden ha hecho que Texas deba defenderse a sí mismo. Los autores de nuestra Constitución previeron una situación donde el Gobierno federal dejaba desatendido a los Estados si estos enfrentaban retos en sus fronteras”, ha asegurado Abbott frente al muro fronterizo entre México y Estados Unidos. El gobernador afirma que el estado actual de la frontera representa “un riesgo a la seguridad nacional” de Estados Unidos. Ha citado, como ejemplo, que el año pasado intentaron entrar por aquí, de manera ilegal, 24.000 ciudadanos de China.

Según Abbott, quien ha expulsado de su territorio a 65.000 migrantes en autobuses, la SB4 ayudará a frenar “la oleada” que ha llegado a Texas. Esta ley, aprobada en noviembre por la mayoría republicana del Congreso local, forma parte de un paquete de iniciativas destinadas a cortar el flujo que ha dejado cifras récord en la frontera este año. La ley convierte los cruces ilegales en un delito que puede ser penado por las autoridades estatales. Esto permite a policías y jueces locales dar luz verde a las deportaciones, algo que la legislación estadounidense solo contempla para autoridades federales. “Para los inmigrantes reincidentes crea una ofensa que puede castigar una nueva entrada ilegal con una potencial sentencia de prisión de hasta 20 años”, añadió el gobernador.

El mandatario ha señalado que la ley crea un mecanismo que permite deportar a los inmigrantes al país desde donde hicieron el cruce irregular. Abbott no mencionó en su discurso a México, pero es este país con quien el estado comparte miles de kilómetros de frontera común. El Gobierno mexicano ha rechazado esta ley. La cancillería mexicana lanzó un mensaje en noviembre en el que advertía que la criminalización de los inmigrantes “resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial”. México repudia también que la medida permita a autoridades estatales detener y retornar a nacionales o a extranjeros a territorio mexicano, indica el comunicado fechado en noviembre. Texas tiene 10 millones de habitantes de origen mexicano.

Organizaciones de derechos humanos han amenazado con demandar al Gobierno de Texas para frenar la ley. “La ley 4 del Senado sustituye a la legislación federal, promueve el perfilamiento racial y el acoso y autoriza inconstitucionalmente a las autoridades locales a deportar a personas sin debido proceso, sin importar si los inmigrantes buscan asilo u otras protecciones humanitarias”, ha señalado Oni Blair, la directora de ACLU en Texas. Treinta antiguos jueces de inmigración que sirvieron en Administraciones demócratas y republicanas firmaron el mes pasado una carta conjunta en la que califican la norma de inconstitucional.

Abbott ha promulgado las leyes dos días después de que Donald Trump prometiera en un mitin la mayor deportación de inmigrantes si vuelve a la Casa Blanca en 2025. El expresidente también aseguró en New Hampshire que los indocumentados “envenenan la sangre de Estados Unidos”. El mes pasado, el gobernador acompañó a Trump en una visita a la frontera. “Necesitamos que vuelva a la presidencia de Estados Unidos”, afirmó el gobernador. Este ha respaldado al candidato republicano en su camino a la Casa Blanca en 2024 porque podrá “devolver la ley y el orden a la frontera”. Trump, en cambio, aplaudió los métodos que Abbott ha utilizado en su Estado para frenar el flujo migratorio. Entre estas tácticas está el enviar autobuses de inmigrantes a ciudades demócratas o instalar boyas y alambre de púas en el río Bravo.

Para ser aprobada, la SB4 provocó días de tensión en la Cámara de Representantes local. El sí definitivo llegó un jueves de finales de octubre a las cuatro de la madrugada. La mayoría republicana se impuso a los intentos de los políticos demócratas de descarrilar la propuesta del congresista David Spiller, que permite detener a cualquiera bajo sospecha de haber ingresado ilegalmente a Texas.

El gobernador también ha firmado una ley para inyectar 1.500 millones de dólares a las autoridades locales para reforzar la vigilancia en la frontera. El gobernador continuará la construcción del muro migratorio e instalará otras barreras que puedan cortar el flujo de las personas que llegan. Sus medidas han sido consideradas inhumanas y han provocado muertes en un año donde han repuntado los fallecimientos de inmigrantes. Sus iniciativas también han provocado varias demandas en los tribunales. A principios de este mes, un juez federal ordenó a Texas mover las boyas que Abbott mandó a instalar en el río Bravo. Este muro flotante que también ha provocado disputas diplomáticas con México.

La tercera ley, que entrará en vigor en febrero, endurece las penas para los traficantes de personas. Abbott aseguró que en 2017 se detuvo a unas 317 personas acusadas de tráfico de personas. Este año se han hecho más de 3.000, un incremento de más del 2.000%. La norma que signó eleva las penas a 10 años para la trata de personas y crea una de cinco años de cárcel para cualquiera que opere o ayude a la operación de una casa de seguridad en el Estado. Este tipo de residencias son utilizadas por los cárteles y las bandas dedicadas a cruzar personas por las fronteras como centros de distribución de los migrantes. Estos esperan en estas casas ilegales a que las familias de quienes emprendieron el viaje cubran sus adeudos. Después de esto, son liberados.

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