España plantea que la UE levante las sanciones a Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, cree que la “evolución positiva” del diálogo entre la oposición y el Gobierno de Caracas hace necesario revisar la posición europea
España considera que ha llegado el momento de que la Unión Europea revise sus sanciones contra Venezuela y se plantee levantar al menos algunas, igual que ya ha hecho Estados Unidos de forma parcial. La “evolución positiva” del diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que han acordado la celebración de elecciones presidenciales el año que viene, hace que los Veintisiete deban responder con algún gesto para alentar ...
España considera que ha llegado el momento de que la Unión Europea revise sus sanciones contra Venezuela y se plantee levantar al menos algunas, igual que ya ha hecho Estados Unidos de forma parcial. La “evolución positiva” del diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que han acordado la celebración de elecciones presidenciales el año que viene, hace que los Veintisiete deban responder con algún gesto para alentar un proceso que parece avanzar tras años de estancamiento, considera el Ejecutivo español.
“He planteado estudiar la revisión de sanciones de la UE a Venezuela, en línea con las recientes decisiones de EE UU en ese sentido, y vista la evolución positiva del diálogo entre venezolanos”, ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, al término de una reunión con sus pares europeos en Luxemburgo.
La decisión se conoce un día después de la victoria de María Corina Machado en las primarias de la oposición en Venezuela, el domingo, y solo unos días después de que Washington también anunciara el levantamiento temporal de las restricciones estadounidenses al sector petrolero, del gas y del oro. Se trata de una decisión tomada tras conocer que se había alcanzado en Barbados un acuerdo político entre representantes del Gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición para respetar el calendario constitucional y celebrar comicios el año próximo.
“Las cosas van bien y las sanciones no tienen vocación de eternidad”, sino que deben ser un elemento de presión a retirarse cuando se consigue que cambie la situación que llevó a su implementación, ha recordado Albares en un encuentro con periodistas. La UE siempre ha defendido su régimen de penalizaciones en Venezuela como un intento de “promover el diálogo pacífico y una solución democrática y sostenible a las crisis del país”. Ahora, considera España, “si el diálogo entre venezolanos avanza, algo tendremos que modificar en la UE”, ha incidido Albares, recordando que se trata de la misma política del palo y la zanahoria que aplica Washington, tradicionalmente el “más beligerante” de la comunidad internacional respecto al régimen chavista.
La propuesta española llega en un momento oportuno. Las sanciones europeas se revisan regularmente y, en el caso de Venezuela, el 2 de diciembre de 2022 se decidió renovarlas por un año más, hasta este 14 de noviembre. La UE, no obstante, las aplica a este país desde 2017, cuando aprobó un embargo de armas y equipos que pudieran usarse para la represión interna. Además, elaboró una lista de individuos a los que se imponen prohibiciones de viajes y congelación de bienes que se ha ido ampliando en los últimos años, hasta superar el medio centenar de afectados.
No es el primer gesto español desde que el país asumió la presidencia de turno de la UE a comienzos de julio en la búsqueda de una solución política a la larga crisis venezolana. La cumbre UE-Celac, que se celebró a mediados de julio en Bruselas a instancias de España, sirvió de escenario para una reunión a puerta cerrada entre el Gobierno y la oposición venezolana, y con cinco mandatarios europeos y latinoamericanos como garantes. Con aquel encuentro se buscaba el acuerdo ahora alcanzado relativo a las elecciones de 2024 en el país sudamericano. Ya en este entonces, se planteó al régimen de Maduro que la UE podría rebajar progresivamente sus penalizaciones a cambio de avances democráticos.
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