La justicia uruguaya encarcela a un senador acusado de 22 delitos sexuales contra menores

La justicia uruguaya dispuso el martes la prisión preventiva por 180 días para el senador oficialista Gustavo Penadés, tras haberlo imputado por múltiples delitos sexuales contra menores. En la audiencia celebrada en Montevideo, la jueza Marcela Vargas ordenó la misma medida cautelar para el profesor Sebastián Mauvezín, quien habría sido el intermediario entre el legislador y las víctimas. “No es un día fácil, es un día muy triste, porque d...

La justicia uruguaya dispuso el martes la prisión preventiva por 180 días para el senador oficialista Gustavo Penadés, tras haberlo imputado por múltiples delitos sexuales contra menores. En la audiencia celebrada en Montevideo, la jueza Marcela Vargas ordenó la misma medida cautelar para el profesor Sebastián Mauvezín, quien habría sido el intermediario entre el legislador y las víctimas. “No es un día fácil, es un día muy triste, porque de confirmarse en una sentencia esta situación, obviamente es una persona a la que desconozco”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou a la prensa, luego de conocer la imputación de quien fuera una de las principales figuras del Partido Nacional, su formación política.

Penadés, que hasta ayer estaba suspendido de su función legislativa, permanecerá en la cárcel mientras avanza la investigación en su contra por la presunta comisión de 22 delitos, entre los que figuran la explotación sexual de menores, abuso sexual agravado y violación. La fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, dijo a la prensa que la solicitud de prisión preventiva se basó en la existencia de “muchísimos” riesgos procesales, como amenazas o seguimientos a las víctimas. En ese sentido, sostuvo que Penadés “armó un plan” con información pública y la colaboración de asesores y policías que a su entender constituye una “estafa procesal”.

Expulsado del Senado

Por su parte, la cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad expulsar al ahora exlegislador, que es investigado por estos delitos desde finales de marzo de este año. Ese mes, la Fiscalía decidió actuar de oficio luego de que una correligionaria de Penadés, Romina Papasso, de 30 años, asegurara haber sido abordada en la calle por el senador cuando era menor de edad y llevada a un motel para mantener sexo a cambio de dinero. Papasso, una militante trans del Partido Nacional, tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos y aún no había iniciado la transición de género, según relató en su canal de YouTube.

Luego de que trascendiera esa acusación, Penadés convocó a una conferencia de prensa en el Parlamento para defender su inocencia y trascendió que denunciaría a Papasso por difamación. Sin embargo, esa denuncia nunca se produjo. En abril, el senador solicitó la suspensión de sus fueros parlamentarios para ponerse a disposición de Fiscalía. “No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito”, señaló en mayo tras comparecer ante la fiscal Ghione. Penadés renunció al Partido Nacional el 6 de junio y al día siguiente el Senado votó por unanimidad su desafuero. Conocida la imputación, ayer fue expulsado de esa Cámara.

En el marco de esta causa, la fiscal Ghione tomó declaraciones a nueve personas que señalan a Penadés como autor de delitos sexuales contra menores. La identidad de las víctimas, varones adolescentes, se ha mantenido bajo reserva a pedido de la Fiscalía, contra la voluntad del senador y Mauvezín, el supuesto intermediario, quienes han insistido en conocer los nombres de sus denunciantes.

En un documento que reprodujo la prensa local, la fiscal hizo hincapié en la complejidad que reviste la investigación “por la investidura del denunciado y el poder que su cargo tiene”. En ese contexto, las víctimas manifestaron su temor a sufrir amenazas, señala el escrito que presentó Ghione cuando solicitó el desafuero del legislador.

La fiscal hizo referencia implícita al peso político de Gustavo Penadés, que ha sido un histórico referente y figura articuladora del Partido Nacional, principal socio de la coalición de centroderecha que gobierna en Uruguay. Militante de esa formación desde 1982, fue edil departamental de Montevideo y ha sido legislador nacional desde 1995. Cuando trascendió la denuncia de Papasso, Penadés recibió públicamente el apoyo de correligionarios de primera línea, como el presidente Lacalle Pou y el ministro de Interior, Luis A. Heber. Pero con el paso del tiempo y el avance de la investigación, las manifestaciones en ese sentido desaparecieron del ámbito público.

Para Penadés, detrás de estas denuncias existe “una trama de estafas, extorsiones, proxenetismo, influencers de redes sociales y posibles conexiones con el narcotráfico”, según publicó en julio el semanario Búsqueda. En una entrevista con ese medio, Penadés calificó de “barbaridad” las acusaciones y dijo que es “inaceptable la idea de mantener cualquier tipo de relación con niños de 13 o 14 años”. “Me parece realmente insostenible”, remarcó. En otro tramo del diálogo, Penadés añadió: “Tengo la tranquilidad de que después voy a escribir algo para Netflix y me voy a hacer millonario”.

Sobre la posibilidad de un complot contra Penadés, la Fiscalía explicó que “no hay ningún elemento en la investigación que revele la existencia de algún tipo de trama” y especificó que los denunciantes “provienen de contextos sociales distintos y no se conocen entre sí”. Según expuso la fiscal Ghione, “la forma de proceder del senador Penadés, respecto a la explotación concreta de los adolescentes, se sostiene a lo largo de los años y el modus operandi o forma de acceso a los adolescentes es similar, con variantes en los detalles sexuales según la víctima y las circunstancias del tiempo y el lugar”.

Con respecto al profesor Mauvezín, la fiscal señaló que cumpliría el rol de “reclutador” de adolescentes, poniéndolos en contacto con hombres adultos para su explotación sexual a cambio de dinero. “De esa labor de reclutamiento de los menores de edad, Mauvezín recibe intercambio de dinero de parte de los presuntos explotadores”, dice el documento. Ghione pidió el levantamiento del secreto bancario de las cuentas del profesor, así como autorización a Meta, propietaria de Instagram, para acceder a la información que procesaba Mauvezín mediante esa red social. Este martes fue imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad.

“Es una de las cosas más aberrantes que han sucedido en la historia de la política uruguaya”, dijo sobre este caso Fernando Pereira, presidente del opositor Frente Amplio. Esa coalición de izquierda pidió ayer la renuncia del ministro del Interior, Luis A. Heber, por considerar que hubo “una tentativa de bloquear la investigación”, en línea con lo afirmado por la fiscal Ghione. La fiscal informó que Carlos Tarocco, director de unos de las principales cárceles del Uruguay, había sido detenido el martes y será investigado por presuntamente formar parte de un plan que beneficiaría a Penadés. “No ha habido una investigación paralela por parte de la Policía”, aseguró Heber en conferencia de prensa.

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