El régimen de excepción de Bukele como instrumento para aplastar las disidencias

Es común de algunos gobiernos ejercer el poder a partir de la idea de la homogeneidad y su contraste: que los buenos están de este lado y no de aquel otro. El Gobierno de Nayib Bukele se ha esforzado por hacer creer dentro y fuera de El Salvador que las 71.000 personas detenidas en los 19 meses que lleva activo el estado de excepción pertenecen a las maras o han colaborado con sus integrantes. El que nada debe nada teme, repite el oficialismo; quienes van presos,...

Es común de algunos gobiernos ejercer el poder a partir de la idea de la homogeneidad y su contraste: que los buenos están de este lado y no de aquel otro. El Gobierno de Nayib Bukele se ha esforzado por hacer creer dentro y fuera de El Salvador que las 71.000 personas detenidas en los 19 meses que lleva activo el estado de excepción pertenecen a las maras o han colaborado con sus integrantes. El que nada debe nada teme, repite el oficialismo; quienes van presos, algo malo habrán hecho. Ese relato, que ha permeado entre la población, ya tiene fisuras. El escrutinio de las ONG locales y de la comunidad internacional ha permitido ver los pliegues de la cifra bruta y ha hallado miles de casos de detenciones arbitrarias. Entre esas víctimas de la injusticia sobresale un perfil muy específico de perseguidos en el estado de excepción: los activistas, los defensores de derechos humanos.

Acusados de pandilleros, encasillados falsamente en las filas de la Mara Salvatrucha 13 o de Barrio 18, su detención en realidad tiene motivaciones políticas. Por incomodar, se los encierra. Para aleccionarlos, desmovilizarlos, aplacar sus luchas. El Gobierno de Bukele ha reconocido oficialmente que 6.000 personas han sido capturadas injustamente bajo el estado de excepción, una polémica medida impuesta desde marzo de 2022 para combatir la violencia de las maras. No existe hasta ahora un censo puntual de cuántos, entre quienes siguen presos y los que han logrado salir de las prisiones, son defensores de derechos humanos. Los casos conocidos hasta ahora han alcanzado cierta visibilidad gracias a los esfuerzos de las propias ONG.

La Asociación de Desarrollo Económico Social (Ades), que consagra su lucha a la defensa de los recursos naturales, ha sido objeto del acoso del Gobierno. Cinco integrantes de la organización, establecida en el montañoso departamento de Cabañas, fueron detenidos y encarcelados en enero, acusados de haber cometido un homicidio en el periodo de la guerra civil (1980-1992). El expediente está sustentado en el testimonio de una persona que asegura haber atestiguado el crimen hace más de tres décadas. La ONG no ha parado de exigir la liberación de sus compañeros. A finales de agosto, consiguieron que un juez cambiara la medida cautelar por la de prisión domiciliaria. Fue un pequeño avance, pero los activistas siguen vinculados a proceso, a merced del monstruo que se alimenta de prisioneros.

Vidalina Morales, la líder de Ades, vivió en carne propia los estragos del régimen persecutorio. Su hijo, de 34 años, fue capturado en mayo, acusado de ser “marero”. Las supuestas pruebas: vestía shorts y además tiene un “alias”, justo como los pandilleros. ¿Qué alias era ese? Rayo, apodo que le dieron de niño los chicos de la comunidad, más bien como una burla, porque su hijo corría torpemente detrás del balón, cuenta Vidalina. La activista, de 55 años, con una trayectoria de décadas en la lucha ambientalista, protestó por la detención y, con el apoyo de su comunidad, logró que su hijo saliera de la cárcel. La Fiscalía certificó que, durante la detención y el encierro, el joven fue golpeado por los policías.

A las detenciones se suma el hecho de que el presidente Bukele ordenó el despliegue de retenes militares en Cabañas. Los activistas de Ades creen que detrás de la persecución hay una agenda oculta: que el Gobierno busca revertir la prohibición a la actividad minera que está vigente en El Salvador desde 2017. Alfredo Leiva, integrante de la ONG, describe algunas señales. Por ejemplo, Bukele creó una Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, con facultades para otorgar permisos de exploración y explotación minera. Además, en mayo de 2021, El Salvador se unió a un foro internacional con sede en Canadá que promueve la minería. El Gobierno no informó de su incorporación a esta entidad, llamada IGF Mining, hasta meses después, cuando algunos de sus representantes visitaron el país centroamericano para una “asistencia técnica”.

“La captura de los compañeros, todas las arbitrariedades, todos los manejos que se han dado durante estos últimos meses, nos llevan a concluir que el interés del Gobierno es abrir otra vez la minería”, afirma Leiva. “Estamos frente a actos de criminalización de las personas que han estado luchando contra la minería en Cabañas. Son acciones para amedrentar a las comunidades que en el pasado resistieron ante las empresas mineras”, añade.

Vidalina cuenta que el activismo de Ades y las comunidades lograron hace años frenar un proyecto de explotación de oro de la minera canadiense Pacific Rim, ahora propiedad de la australiana Oceana Gold. Las luchas de la ONG contribuyeron a la prohibición de 2017, que convirtió a El Salvador en ejemplo mundial contra el extractivismo. “En estas luchas, lo primero que una se espera es la muerte, porque estamos luchando contra poderes. En el pasado fue la empresa Pacific Rim; ahora es más complicado, porque hoy es un Estado, que tiene interés en reabrir la minería en consorcio con empresas transnacionales”, dice la líder. “Por eso tocan a nuestros hijos, para amedrentarnos, aterrorizarnos. Nos están mandando un claro mensaje, quieren debilitar toda esa lucha, esa resistencia en Cabañas contra los proyectos extractivistas”, explica.

Culpables por alzar la voz

La organización Socorro Jurídico Humanitario, asentada en San Salvador, la capital, ha documentado la detención sistemática de activistas. “El régimen de excepción no es parcializado, no es únicamente para delincuentes. Han capturado a personas que están organizadas, hablo de sindicalistas, representantes de trabajadores del sector informal, defensores del medio ambiente, personas que denuncian corrupción y nepotismo, o que denuncian narcotráfico”, detalla Ingrid Escobar, directora de la ONG.

Escobar pone de ejemplo el caso de Rodolfo Pereira, dirigente de los comerciantes de Soyapango, detenido en junio de 2022. “Dos días antes de que él iba a dar una conferencia de prensa, llega la policía a su casa y le dice sin más que habían recibido una llamada anónima de que él era pandillero, y se lo llevan. A la fecha, el compañero sigue preso. No sabemos si está con vida, ni su familia ni su abogado han tenido la oportunidad de hablar con él”, cuenta.

La organización ha registrado la detención de 17 líderes de sindicatos de alcaldías y dependencias del Gobierno, acusados todos del delito de asociación delictuosa e incluso terrorismo. Otros 146 trabajadores sindicalizados han sido despedidos, y 38 más han sido suspendidos. La lista sigue creciendo. La presión de la ONG ha conseguido que 10 de los dirigentes capturados salgan de prisión. De los detenidos, uno, José Leónidas Bonilla, murió en la cárcel por no tener acceso a tratamiento para la diabetes que padecía (las muertes por enfermedades no atendidas se han vuelto comunes entre los presos). “El compañero no era pandillero, no tenía antecedentes penales, nunca había estado en una cárcel, ni siquiera en detención administrativa. Dejó en la orfandad a una niña de 15 años con discapacidad mental, y un gran sufrimiento para toda su familia y para nosotros, sus compañeros de lucha”, se lamenta Escobar.

Socorro Jurídico comparte oficinas en la capital con el Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP). Su dirigente, Marvin Reyes, es un exagente que trabajó 21 años en la corporación. La vocación de la ONG ha sido la defensa de los derechos laborales de los policías, pero en el Gobierno de Bukele se ha convertido en una plataforma de denuncia de los excesos cometidos en la lucha contra las pandillas. Por su trayectoria en la PNC, los agentes en activo le comparten a Reyes quejas internas.

“Tenemos a un compañero que fue detenido en junio de 2022 por orden de la dirección general de la PNC. Detenido en el contexto del régimen de excepción solamente por compartir en un grupo de WhatsApp, integrado por miembros de la policía, información de unos compañeros que exigían su licencia [permiso para descansar], ya que tenían 10 días de no salir. El director dio la orden de detenerlo bajo el delito de apología del delito, porque, según las autoridades de la PNC, estaba incitando a la rebelión a los demás”, cuenta Reyes.

El dirigente denunció en su momento cómo los mandos exigían a los policías una “cuota” de detenciones al día. “Cada patrulla debía capturar dos o tres personas por día. Se llegó al punto de que los jefes les decían: ‘Miren, si no vienen con los tres detenidos, mejor no vengan a la base. Hasta que tengan a todos, se reportan’. Muchas veces los compañeros se preguntaban de dónde iban a sacar la cuota. Entonces empezaron a detener a los vagos, los ebrios, los drogadictos, los rockeros. Así se llevaron a mucha gente”, señala.

Reyes, que ya ha sido objeto de acoso digital de parte de las hordas de simpatizantes de Bukele (muchos bots también), estuvo a punto de ser capturado este jueves, según lo ha denunciado él mismo. Agentes de la policía lo visitaron en las oficinas de la ONG y lo “invitaron” a ir a presentar una denuncia a raíz de unos comentarios que hizo en un medio sobre corrupción interna en la PNC. El dirigente considera que se trató de una maniobra para encerrarlo. “Esto es una clara persecución política hacia las voces disidentes que señalan aspectos de corrupción, de delitos que están cometiendo instituciones de seguridad pública”, ha dicho a través de un video. Reyes ha salido bien librado esta vez, pero tiene dudas de que la paz vaya a ser duradera: “Se pueden inventar cualquier cosa, a uno lo llevan a la cárcel y de ahí puede salir muerto”.

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