La oposición venezolana avanza en las primarias entre amenazas y escaramuzas

A casi dos meses de que se celebren las primarias de la oposición en Venezuela se acumulan más de una veintena de incidentes y agresiones a los candidatos. El proceso crucial para la reunificación de la estrategia opositora avanza con amenazas y escaramuzas en la calle y también desde el aparato institucional controlado por el chavismo. Luego del ...

A casi dos meses de que se celebren las primarias de la oposición en Venezuela se acumulan más de una veintena de incidentes y agresiones a los candidatos. El proceso crucial para la reunificación de la estrategia opositora avanza con amenazas y escaramuzas en la calle y también desde el aparato institucional controlado por el chavismo. Luego del asesinato del ecuatoriano Fernando Villavicencio, en Venezuela aspirantes como Delsa Solórzano denunciaron haber recibido varias amenazas de muerte, en mensajes anónimos y directos a través de redes sociales. La política reconocía que hacía pública ante la exacerbación de la violencia política en la región, algo con lo que también se ha lidiado en Venezuela.

Sus señalamientos fueron recogidos esta semana por el fiscal Tarek William Saab, y Nicolás Maduro también se hizo eco, diciendo que cuando el funcionario le comentó que abriría una investigación él estuvo de acuerdo. Aunque aseguró que se trataba de un montaje, le ofreció protección de los cuerpos de seguridad del Estado. “Esta investigación se va a llevar adelante, se va a descubrir la verdad”, dijo el lunes por la noche en su programa Con Maduro +, transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión. “Para mí es sencillamente un montaje de gente malintencionada porque la amenaza la hacen a nombre de Maduro, de Diosdado, de la revolución bolivariana. Nosotros nunca jamás hemos utilizado los métodos del terrorismo, del atentado ni de la violencia para dirimir nuestras diferencias políticas”. La respuesta de la candidata al ofrecimiento de Maduro puso en evidencia la persecución que se ejerce contra la oposición en Venezuela. Recordó que tanto ella como otros dirigentes han denunciado que agentes de inteligencia del Estado los siguen a diario en sus actividades políticas.

Esta semana, Henrique Capriles Radonski suspendió un acto de campaña en Apure, cuando un grupo de 50 motorizados, algunos encapuchados, tomaron el lugar. Al menos 10 personas resultaron heridas, según el candidato, y se destruyeron los equipos de sonido y las sillas que se usarían en el mitin. Esta es la séptima agresión que Capriles o miembros del equipo registran durante sus recorridos de la campaña y atribuyen a grupos del chavismo. “Hoy hemos visto el rostro violento, fascista, de quien está en el poder. Todo esto, sin duda, lo que busca es que no sigamos recorriendo el país, que nos frenemos, que nos paralicemos, meterle el miedo a las estructuras, meterle el miedo a los líderes que están trabajando en las comunidades”, expresó Capriles. Un mes antes, María Corina Machado, la candidata que puntea en las encuestas y también en el número de agresiones, denunció que en la sede de su partido en estado fronterizo de Táchira aparecieron pintas con amenazas de muerte supuestamente firmadas por la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Las agresiones incluyen forcejeos y golpizas durante las concentraciones públicas, el cierre de hoteles y salones de convenciones que contratan para hacer sus actos, la salida del aire de emisoras en las que son entrevistados, la detención de proveedores de servicios de sonido para las actividades y los bloqueos en carreteras por colectivos o grupos de choque armados. Incluso han despojado de su pasaporte a Freddy Superlano, cuando regresaba de Colombia hace unos días. Así corren las primarias y apenas es el preámbulo, pues la campaña oficial comienza el 22 de agosto, cuando los aspirantes intensificarán su presencia en las calles.

La Plataforma Unitaria ha calificado este jueves como una “política de terror” las amenazas y agresiones que han sufrido los candidatos. “Esta persecución con todos los candidatos es una política de Estado que refleja el miedo, el terror, que le tienen a la primaria”, declaró el dirigente Simón Calzadilla. Pero las amenazas físicas no son las únicas con las que habrá que lidiar de aquí al 22 de octubre. La Comisión Nacional de Primarias ha señalado que habilitará más de 3.000 puntos de votación, pero todavía no se han anunciado dónde están. La logística y la movilización es uno de los mayores retos que enfrentará la coalición que las organiza, que ha lanzado una rifa de teléfonos, televisores y otros equipos electrónicos para recaudar fondos para financiar la consulta, después de que el árbitro electoral rechazara apoyar el proceso y entrara en reestructuración.

El principal lobo de las primarias, sin embargo, está de lado de la estructura institucional del Estado. Los próximos días debería escogerse un nuevo Consejo Nacional Electoral tras la renuncia intempestiva de sus miembros el pasado mes de junio, como una maniobra política para desalentar la carrera electoral. Entre los elegibles está el actual contralor Elvis Amoroso que ha inhabilitado a varios de los candidatos en contienda, siendo el caso de Machado el más reciente, pero dentro del oficialismo aún se están negociando las cuotas de poder en el organismo. El Supremo también podría invalidar el proceso al decidir a partir de una petición hecha por Luis Alejandro Ratti, empresario vinculado a los llamados alacranes —un sector que se separó de la oposición y ha pactado su supervivencia con Maduro—, que figura como aspirante a las primarias y ha acudido a los tribunales para impugnar la consulta de octubre. El otro fantasma está en el adelanto de los comicios para este año o inicios de 2024 —aunque corresponden para finales del próximo año— que el mandatario ha vuelto a mostrar esta semana. “Diosdado dice que pudiera haber elecciones este año”, dijo el miércoles en un acto militar.

El Gobierno ha abandonado el discurso de concordia que tenía hace unos meses. Las negociaciones lucen estancadas a dos años de haberse iniciado. No ha terminado de implementarse un acuerdo social firmado en noviembre pasado en México, para crear un fondo con recursos de Venezuela congelados en el extranjero, bajo administración de las Naciones Unidas para atender la emergencia humanitaria en el país, que comienza a ser una crisis olvidada y sin financiamiento. El Gobierno de Maduro lo usa como excusa para no ceder e insistir en su posición sino se levanta el cerco de sanciones, aunque la mayor amenaza sobre este dinero está en los acreedores de la enorme deuda que tiene país sudamericano en default desde 2017.

En las últimas semanas, el discurso y las formas chavistas han vuelto a endurecerse con la intervención de la Cruz Roja de Venezuela, lo que ha sido interpretado como una afrenta a la libertad de asociación en una organización clave en la atención humanitaria, así como con el rechazo a una posible observación electoral de la Unión Europea expresado por el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, el mes pasado. Pero un anticipo podría finalmente dinamitar todos los esfuerzos de la oposición y los intentos de la comunidad internacional por lograr mayores garantías democráticas —entre ellas la habilitación de todos los candidatos, una reiterada solicitud de Estados Unidos y la Unión Europea— para finalmente encausar una salida al atolladero político venezolano en las próximas elecciones presidenciales.

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