El Gobierno británico inaugura el ‘Bibby Stockholm’, su polémica prisión flotante para migrantes
Los primeros solicitantes de asilo ya se alojan en la barcaza que se ha reformado para duplicar su capacidad
El Gobierno británico ha inaugurado formalmente el controvertido proyecto piloto con el que pretende alojar a medio millar de migrantes irregulares en una nave amarrada en la costa sur de Inglaterra. Los primeros solicitantes de asilo han llegado durante la mañana de este lunes a la llamada Bibby Stockholm, una ingente estructura de hierro ...
El Gobierno británico ha inaugurado formalmente el controvertido proyecto piloto con el que pretende alojar a medio millar de migrantes irregulares en una nave amarrada en la costa sur de Inglaterra. Los primeros solicitantes de asilo han llegado durante la mañana de este lunes a la llamada Bibby Stockholm, una ingente estructura de hierro atracada en el puerto de Portland, un muelle de propiedad privada en la costa de Dorset (suroeste de Inglaterra), y el Ministerio de Interior ha confirmado que el traslado continuará durante semanas, pese a las alertas en materia de seguridad y los procesos legales en curso promovidos por organizaciones de derechos humanos.
La iniciativa forma parte del polémico plan con el que el Ejecutivo conservador pretende detener el flujo de llegadas a través del Canal de la Mancha. Su objetivo es endurecer las condiciones de quienes llegan sin permiso de residencia, pero diputados del propio partido de Gobierno, como la ex primera ministra Theresa May, colectivos de abogados y asociaciones humanitarias han condenado las propuestas como “inhumanas” y denuncian que imposibilitan cualquier ruta para establecerse legalmente en Reino Unido.
La gran barcaza que a partir este lunes hospedará hasta 500 inmigrantes es uno de los símbolos de la mano dura con la que el primer ministro, Rishi Sunak, quiere materializar uno de los grandes lemas de su mandato: Stop the Boats (“Parar los botes”, en referencia a las embarcaciones que llegan al litoral británico, la mayoría desde Francia). La idea ha generado severas críticas desde que fue anunciada y, tras la llegada de la nave a Dorset el 20 de julio, hubo retrasos debido a trabas detectadas en materia de seguridad e infraestructura.
El Gobierno insiste en que los problemas han sido resueltos y alega que países del entorno, como Alemania u Holanda, han promovido acciones similares para alojar a personas sin hogar y también a inmigrantes. La condena en el caso británico, sin embargo, no se limita al ámbito humanitario. El Sindicato de Brigadas de Bomberos, el mayor del gremio en Reino Unido, ha advertido del riesgo que suponen las reducidas dimensiones de las salidas del barco y la propia aglomeración de personas, mientras las autoridades sanitarias locales han alertado del impacto de un potencial brote infeccioso, tanto para los residentes como para el personal que trabaja en las instalaciones. El año pasado, un interno en el centro de inmigrantes de Manston, en el condado de Kent, falleció tras contraer difteria.
La logística dispuesta para el Bibby Stockholm está adicionalmente en el punto de mira debido a la intención de alojar a medio millar de inmigrantes, cuando la barcaza, que había sido empleada, entre otros, por trabajadores del sector del gas y del petróleo, tiene capacidad para 222 personas. El aumento será posible mediante la instalación de literas y la reconversión de áreas comunales en dormitorios para albergar a entre seis y ocho personas. La previsión, por ahora, es trasladar hombres de entre 18 y 65 años que estén en la última fase de su solicitud de asilo y el máximo que podrán permanecer son nueve meses.
El Gobierno insiste en que se trata de una cuestión de ahorro. En ausencia de la ministra de Interior, Suella Braverman, una de las grandes promotoras del endurecimiento de la política de inmigración británica, este lunes ha sido una secretaria de Estado del departamento, Sarah Dines, quien ha defendido el plan. En una extensiva ronda de entrevistas en medios británicos como la BBC, Dines reivindicó que las controvertidas condiciones son “básicas, pero adecuadas”. Desde Interior mantienen que el coste diario de alojar a los 51.000 inmigrantes que actualmente tiene en hoteles ronda los seis millones libras (6,97 millones de euros).
Pero la mano dura es también ideológica. Los estrategas tories han detectado que la inmigración sigue siendo una de las mechas que prenden más rápidamente en el imaginario electoral de Reino Unido y un sector de los conservadores ha exigido a Sunak medidas contundentes. La puesta en marcha del Bibby Stockholm como centro de acogida, no obstante, ha generado importantes tensiones locales en el islote en el que se encuentra amarrado, que carece de hospital y cuenta con una única carretera de acceso.
El puerto es un enclave estratégico para el atraque de grandes cruceros y una plataforma constituida bajo el nombre No to the Barge (”No al Barco”, en inglés) organiza ya protestas ante el impacto en la atracción turística que creen que la nave puede tener; mientras otras, como Stand Up To Racism Dorset (“Rebélate Contra el Racismo”, en inglés), se sitúan en el extremo contrario, y tienen prevista una agenda de actividades para mantener a los inmigrantes entretenidos.
El emplazamiento tampoco es aleatorio. El Gobierno ha fracasado en su intento de convencer a otras áreas de que permitan iniciativas similares, pero confía en que el potencial éxito de este primer experimento abra posibilidades en el futuro. De momento, ha tirado de dinero para seducir a las autoridades locales, con el Ministerio de Interior como uno de los grandes patrocinadores, con casi un millón de libras (1,2 millones de euros) para que el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) de Dorset facilite asistencia médica a los internos y fondos adicionales para las fuerzas policiales.
Además, las instituciones municipales recibirán 3.500 libras (4.000 euros) por cada espacio ocupado en la embarcación y se han hecho ya con una partida extraordinaria de 380.000 libras (442.000 euros) para facilitar apoyo a las ONG y colectivos de voluntarios locales para facilitar servicios adicionales.
Más castigos para los que empleen o den vivienda a sin papeles
Para el Gobierno que encabeza el conservador Rishi Sunak, la percepción pesa tanto como el fondo de las medidas. El volumen de llegadas procedentes del Canal de la Mancha en lo que va de año alcanza ya cifras récord, 15.000, y el Ministerio del Interior británico se prepara para una oleada adicional en septiembre y octubre, favorecidas por una climatología más suave en el arranque del otoño. Por ello, el Ejecutivo ha elevado la retórica: junto al traslado al Bibby Stockholm, este lunes anunciaba un severo endurecimiento de las sanciones para quien dé trabajo, o alquile viviendas, a personas en situación irregular.
En el caso de las empresas, las multas por vulnerar las normas se triplican y pueden superar el equivalente a 70.000 euros. Para los caseros, el incremento es exponencialmente mayor, al pasar de 1.000 libras (1.160 euros) a 10.000 (11.600 euros) por inquilino, en lo que supone un mensaje claro: la responsabilidad en la reducción del número de inmigrantes no solo compete al Gobierno.
Además, como recordatorio de que otras controvertidas medidas siguen en pie, como la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda, Sarah Dines admitía también este lunes las informaciones publicadas en medios británicos sobre la posibilidad de enviarlos a Ascensión, una isla volcánica parte de los territorios del Reino Unido en ultramar, con menos de 900 habitantes y sin hospital. La idea no es nueva. Había sido descartada en 2020 por inviable. Pero en caso de que fallara el plan inicial, el de Ruanda (actualmente recurrido ante el Tribunal Supremo), podría ser analizada de nuevo.
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