El infierno a las puertas de la cárcel más peligrosa de Ecuador: “El Estado ni siquiera se ha hecho cargo de los gastos mortuorios”

Es el cuarto día que Patricia pasa fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa de Ecuador. No ha conseguido el dinero para comprar el ataúd y llevarse el cuerpo de su hermano, uno de los presos que fue asesinado en la masacre del 25 de julio durante enfrentamientos dentro del recinto. ”Estoy esperando a que los vecinos del barrio puedan ayudarnos con algo para poder sacarlo y llevarlo a casa”, dice la mujer, de 58 años.

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Es el cuarto día que Patricia pasa fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa de Ecuador. No ha conseguido el dinero para comprar el ataúd y llevarse el cuerpo de su hermano, uno de los presos que fue asesinado en la masacre del 25 de julio durante enfrentamientos dentro del recinto. ”Estoy esperando a que los vecinos del barrio puedan ayudarnos con algo para poder sacarlo y llevarlo a casa”, dice la mujer, de 58 años.

Tras la masacre, la penitenciaría y la morgue se han convertido en postales del dolor. Ninguna institución del Estado se hace responsable de lo ocurrido, entregan información a cuentagotas y las familias mendigan de un lado a otro para saber dónde están los cuerpos. La mayoría están cercenados, quemados y se hace difícil reconocerlos. Se ayudan por un tatuaje, una marca de nacimiento o algún vestigio de ropa que les queda. El proceso de identificación de partes de los cadáveres tomará más tiempo, porque se hacen con análisis genéticos.

Solo 11 cuerpos levantados de la Penitenciaría están completos y pudieron ser identificados, entre ellos el del hermano de Patricia, que se enteró de lo ocurrido por una amiga que tenía un familiar en el mismo pabellón número nueve donde estaba su hermano. “Había visto en las noticias sobre las matanzas, pero no me imaginé que él estuviera entre los muertos”, dice la mujer. Busca unas fotos de su bolso. Es el cadáver de su hermano con las heridas de machete en el cuerpo, tirado en el piso con sangre, otra foto del rostro, del brazo, de la pierna y una más con el uniforme de guardia de seguridad. “Esa fue justo antes de que lo metieran en la cárcel. Él trabajaba para una empresa y lo acusaron de robo, le dieron tres años, ya iba más de uno aquí”, añade.

Los que han podido conseguir el dinero han retirado los cadáveres y con discreción los han enterrado de inmediato. Atrás quedaron los tiempos de velar a los muertos tres noches seguidas, como es parte de la tradición. “Esto es una porquería, es una corrupción total, todos quieren plata, uno pide información y no nos dan, nos dicen de frente: ¿cuánto hay para las colas?”, explica la mujer, que vive en Puerto Bolívar, a cuatro horas de Guayaquil, llegó con diez dólares y sobrevive de las ayudas de otros familiares que entienden su desgracia. “El Estado ni siquiera se ha hecho cargo de los gastos mortuorios de los asesinados de ese infierno que está bajo su responsabilidad”, dice Ana Morales, vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles.

Ana pasó por la misma situación después de la masacre del 28 de septiembre de 2021, la peor de todas, en la que asesinaron a 119 presos, entre ellos a su hijo de 23 años. Desde entonces han ocurrido diez matanzas más en Ecuador y todavía no existe un protocolo para atender a las familias. Ella lo corroboró nuevamente en la última, ya fue hasta la morgue para ayudar a los familiares. “No había nadie del Estado, no estuvo el Ministerio de Salud, no había ningún psicólogo conteniendo a esos padres y madres que buscaban a sus hijos y no los encontraban, no sabían nada, no había alguien que dé seguimiento. El trato era el mismo”, continúa Ana mientras recuerda la macabra escena de cómo se enteran de que su familiar está muerto.

Un guardia o agente de criminalística llama por el apellido desde la puerta y con la lista en la mano grita a los familiares que están agolpados bajo el único árbol en la vereda que los ayuda a cubrirse del intenso calor de una ciudad que supera los 30 grados centígrados de temperatura. Las abuelas se limpian el sudor y las lágrimas con una toalla. Todos esperan nerviosos mientras gritan los apellidos y entonces es inevitable, rompen a llorar y en ese estado entran a reconocer el cuerpo o las partes del cuerpo que dejaron de sus nietos, hijos, esposos, hermanos.

La cifra de cuántos presos fueron asesinados en la séptima masacre que ha ocurrido en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil aún es incierta. La Fiscalía informó de que los equipos levantaron 31 cuerpos, pero después la Policía dijo que en realidad eran 11 cadáveres completos y 29 fragmentos anatómicos. La entidad a cargo de las cárceles, SNAI, no da una respuesta concreta.

Las autoridades hablan de que tienen el control de la cárcel, publicaron fotografías de los presos pegados unos a otros con el torso desnudo, sometidos y con policías apuntando, según el modelo implantado por Nayib Bukele en El Salvador. Así se dio cuenta Jéssica de que su hijo estaba vivo. Fue trasladado de pabellón sin nada, exactamente como figura en la foto que publicó el presidente Guillermo Lasso en Twitter, en bóxer o short. “Ahora debo comprar todo de nuevo, el colchón, ropa, sus implementos de limpieza, porque los llevaron sin nada”, dice la madre.

Aun con esa fotografías como evidencias, esporádicamente se escuchan detonaciones desde el interior de la Penitenciaría, que está militarizada tras el decreto de estado de excepción firmado por el presidente Lasso y que ha mantenido intervenciones para decomisar armas y miles de municiones.

Lo que sucede dentro de este recinto carcelario es una incógnita permanente, que solo conocen los que han pasado por ahí como Brian (nombre ficticio para proteger su identidad). Un joven de 27 años que cumplió su sentencia de cuatro años en esa cárcel, salió con libertad condicional hace cuatro meses, ha vivido todas las matanzas y ha sobrevivido sin saber exactamente cómo. “Ni bien escuchaba un disparo corría a la cárcel de mujeres. Éramos algunos y teníamos que romper el muro para escondernos y esperar a que las cosas se calmaran, era una guerra”.

La Penitenciaría del Litoral se encuentra dentro de un complejo que tiene otras cuatro cárceles, que incluye la de mujeres, la de máxima seguridad, llamada La Roca, donde han sido trasladados los cabecillas de algunas bandas, y la Regional, que está bajo el control de alias Fito, el jefe del grupo narco delictivo Los Choneros. En total, albergan a 12.300 personas, en una infraestructura con capacidad límite de solo 9.500.

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