Lula tumba la política a favor del uso de armas de Bolsonaro: “No podemos permitir arsenales en manos de las personas”

Adiós a la era de la barra libre para comprar armas que se había instalado en Brasil durante los cuatro años de mandato de Jair Bolsonaro. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó este viernes un decreto que en la práctica desmonta la política de flexibilización del uso de armas del líder ultraderechista, una de las banderas de su gestión. “Una cosa es que un ciudadano tenga un arma en casa, de protección, porque hay gente que pie...

Adiós a la era de la barra libre para comprar armas que se había instalado en Brasil durante los cuatro años de mandato de Jair Bolsonaro. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó este viernes un decreto que en la práctica desmonta la política de flexibilización del uso de armas del líder ultraderechista, una de las banderas de su gestión. “Una cosa es que un ciudadano tenga un arma en casa, de protección, porque hay gente que piensa que tener un arma en casa es una seguridad; pero lo que no podemos permitir es que haya arsenales de armas en manos de las personas”, dijo Lula en un acto solemne en el Palacio del Planalto de Brasilia.

Las nuevas normas no impiden que un ciudadano de a pie pueda comprarse una pistola, pero recuperan restricciones y limitaciones que habían desaparecido con Bolsonaro. Si antes los llamados CACs (coleccionadores, disparadores y cazadores) podían comprar hasta 60 armas al año, ahora serán seis como máximo. Ya no podrán transportar las armas cargadas hasta el local de tiro, y los cazadores, por ejemplo, tendrán que pedir una autorización especial a la autoridad ambiental. El ciudadano común que quiera comprarse un arma para defensa personal volverá a tener por delante el desafío de comprobar la “efectiva necesidad” ante la Policía Federal, un requisito que Bolsonaro eliminó. Los clubes de tiro ya no podrán funcionar 24 horas (deberán cerrar por la noche) y tendrán que estar como mucho a un kilómetro de distancia de las escuelas. Las pistolas de calibre 9 milímetros y otros modelos similares, que fueron las más vendidas en los últimos años, vuelven a estar clasificadas como de uso restringido, sólo aptas para las fuerzas de seguridad. Representantes del llamado lobby de la bala en el Congreso ya han puesto el grito en el cielo alertando de que será la sentencia de muerte para el comercio de armas en el país.

En los últimos años, el número de armas en manos de los brasileños creció exponencialmente. Según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, divulgado esta semana, en 2022 había en Brasil 1,5 millones de armas registradas legalmente, un aumento del 47,5% respecto a 2019, el primer año de Bolsonaro en la presidencia. Quien ya tiene un arma de fuego en su casa podrá mantenerla, pero el Gobierno prepara para este año un programa de recompra, de adhesión voluntaria, para sacar el máximo número posible de circulación. Otra de las claves es que el Ejército dejará de ser el agente fiscalizador de las armas; a partir de ahora se encargará la Policía Federal, algo que temían muchos usuarios por considerar que la corporación es más restrictiva a la hora de dar permisos.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, dijo que el decreto pone fin a un “capítulo trágico y de tinieblas” en Brasil, y Lula hizo un guiño a los policías militares (una clase mayoritariamente bolsonarista) diciendo que son ellos los que tienen que estar bien armados, no la población civil. Aprovechando que la jornada versaba sobre seguridad, Lula anunció otras medidas al respecto. Habrá, por ejemplo, un plan específico de seguridad para la Amazonía, la región donde más creció la violencia en los últimos años. Se implantarán 34 bases terrestres y fluviales con 6.000 agentes de la policía federal y estadual, y la ciudad de Manaos será sede de un centro de coordinación internacional de la Policía Federal. El plan prevé una inversión de 2.000 millones de reales (casi 420 millones de dólares).

Como derivada del intento golpista del 8 de enero, Lula presentó un proyecto de ley que eleva hasta los 40 años de cárcel la pena para quien atente contra alguno de los presidentes de los tres poderes, y establece condenas de entre seis y 12 años para quienes organicen, lideren o financien movimientos antidemocráticos. También se presentó otra propuesta para elevar las penas para quienes atenten dentro de escuelas, un fenómeno que en los últimos meses puso en alerta a la sociedad brasileña.