Honduras identifica a las 46 reclusas asesinadas tras un motín en una cárcel de mujeres: “Es como una película de terror”

Las autoridades de Honduras han comenzado a identificar a las víctimas de la matanza ocurrida el martes en una cárcel cerca de Tegucigalpa, la capital. La cifra más reciente apunta a 46 reclusas asesinadas, varias de ellas calcinadas, después de que iniciara un ataque de integrantes de la Pandilla 18 contra reclusas de la Mara Salvatrucha, las dos organizaciones criminales que siembran el terror en el país centroamericano. Las primeras investigaciones apuntan a ...

Las autoridades de Honduras han comenzado a identificar a las víctimas de la matanza ocurrida el martes en una cárcel cerca de Tegucigalpa, la capital. La cifra más reciente apunta a 46 reclusas asesinadas, varias de ellas calcinadas, después de que iniciara un ataque de integrantes de la Pandilla 18 contra reclusas de la Mara Salvatrucha, las dos organizaciones criminales que siembran el terror en el país centroamericano. Las primeras investigaciones apuntan a que un grupo de mujeres de la Pandilla 18 amenazaron con armas de alto calibre, redujeron a las guardias penitenciarias, atacaron las celdas donde se ubican sus rivales y luego les prendieron fuego.

“Selectivamente fueron asesinando. Esto que ha sucedido es como una película de terror y hay que hacer énfasis que esta tragedia nunca debió haber ocurrido”, ha dicho Elvia Valle, comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev). La presidenta Xiomara Castro ha anunciado “medidas drásticas” y ha destituido a su ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.

Las autoridades de la Dirección de Medicina Forense informaron este miércoles de que han logrado identificar 23 cuerpos, los que ya han sido entregados a sus familiares. Decenas de personas esperaban ansiosas en la sede de esta institución noticias de lo que ocurrido con las otras reclusas y una explicación oficial de por qué las privadas de libertad tenían armas de alto calibre en la cárcel. Honduras enfrenta una crisis de violencia en los reclusorios, que ha desbordado a las autoridades.

La presidenta Castro nombró a inicios de año a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, como interventora de las prisiones, para que diseñara una estrategia que permitiera tener el control de esos centros, donde están encarceladas al menos 20.000 personas. Villanueva anunció entonces medidas que incluían bloqueos de las señales de teléfonos móviles y un desarme de los internos. La corrupción en el interior de las cárceles, sin embargo, es tan alta que las mismas autoridades han reconocido que los cabecillas de grupos criminales ordenan de sus celdas secuestros, extorsiones y controlan el negocio de la venta de drogas. “Las autoridades deben tomar las medidas necesarias para presentar a los responsables de esta masacre. Lo sucedido ayer [por el martes] es para que las autoridades investiguen profundamente qué es lo que sucedió, porque debemos de conocer que si hay armas dentro de los centros penales es porque hay autoridades permisivas”, ha advertido Valle.

Esta es la peor crisis que ha enfrentado la presidenta Castro desde que accedió al poder desde enero de 2022. La mandataria había prometido enfrentar la violencia que desangra al país centroamericano y desde noviembre ha diseñado una estrategia similar a la impuesta por su homólogo Nayib Bukele, de El Salvador. Castro anunció en noviembre una polémica política que incluye estados parciales de excepción para combatir el crimen en las zonas más inseguras de las ciudades hondureñas, como San Pedro Sula, considerada una de las más violentas del mundo. Las medidas se han puesto en marcha en 120 comunidades, donde además se han suspendido las garantías constitucionales y se han movilizado a militares para establecer el orden. “Convoco a rendir cuentas al ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. ¡Tomaré medidas drásticas!”, anunció el martes la mandataria. La primera medida fue destituir al ministro de Seguridad.

Mientras siguen las investigaciones para esclarecer lo sucedido, los familiares de las víctimas exigen que las autoridades entreguen información verídica sobre la matanza del martes. “No sé si mi hija murió acribillada o apuñalada”, dijo en declaraciones recogidas por France Presse Olga Castro, que perdió a Jenny Patricia Castro, de 44 años. “Dicen que escuchaban que ellas gritaban que les abrieran los portones porque en el módulo 1, en el que estaba ella, le echaron llave por fuera cuando se estaban quemando”, explicó. Entre llantos la mujer denunció que “nadie se asomó a abrirles los portones”. Su súplica a las autoridades que se haga justicia tras la matanza. “No son animales las que mataron esas muchachas”, reclamó.

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