Los incumplimientos de los gobiernos ultras en Europa bloquean decenas de miles de millones de euros en Bruselas

Los incumplimientos de los gobiernos ultraconservadores en diferentes países de la Unión Europea tienen repercusiones financieras. Polonia y Hungría, países con partidos ultranacionalistas al frente de sus Ejecutivos, tienen bloqueados en Bruselas decenas de miles de millones de euros que les corresponden, pero que las instituciones no liberan por distintas vulneraciones de las normas comunitarias. ...

Los incumplimientos de los gobiernos ultraconservadores en diferentes países de la Unión Europea tienen repercusiones financieras. Polonia y Hungría, países con partidos ultranacionalistas al frente de sus Ejecutivos, tienen bloqueados en Bruselas decenas de miles de millones de euros que les corresponden, pero que las instituciones no liberan por distintas vulneraciones de las normas comunitarias. Los ataques contra el Estado de derecho de Budapest y Varsovia explican que ambos países en conjunto tengan congelada la entrega de unos 63.200 millones entre el Fondo de Cohesión y los planes de recuperación. Los dos, además, están sometidos a un proceso disciplinario abierto desde hace años en el Consejo de la UE y que podría acabar desembocando, si los demás países se decidieran a dar el paso, en una suspensión de sus derechos de voto. Con una casuística muy diferente, algunas de las primeras señales arrojadas por la primera ministra italiana, la ultra Giorgia Meloni, inquietan en Bruselas.

Los continuos conflictos con los gobiernos liderados por ultras en el seno de la UE, y las perspectivas de que la extrema derecha llegue a otros gobiernos a través de nuevos pactos —como ha sido el caso de Italia tras la llegada al poder de Meloni y es el caso de España, que tiene elecciones adelantadas el 23 de julio y tras las que el PP podría tratar de pactar con el partido ultra Vox, si reúnen una mayoría— preocupan en las instituciones de la UE. La carta de presentación de los aliados de Vox en Europa “no da buenas pistas”, comenta una fuente comunitaria, que remarca que lo que suceda en las próximas elecciones españolas será decisivo para definir los equilibrios de poder político en la UE.

Precisamente, Italia también tiene pendiente recibir 19.000 millones de euros correspondientes al tercer pago del plan de recuperación por no cumplir con los hitos correspondientes a este tramo desde hace casi medio año. El problema en este caso no es ideológico ni responde al despliegue de un programa político iliberal, pese a que Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra, Giorgia Meloni, sí que es ultraconservador. El retraso responde directamente a cuestiones relacionadas con la gestión administrativa, una situación que puede salvarse en un futuro próximo tras más de cinco meses encallada.

La disputa actual sobre los fondos de la UE suspendidos —Polonia, donde gobierna Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), de la familia europea de ECR (Conservadores y Reformistas)— o aplazados (Italia, también de la familia ECR) supone un desafío para la Unión, en particular para la Comisión Europea y el Parlamento, liderados por el Partido Popular Europeo (PPE). Ese es el análisis de Alberto Alemanno, profesor de Derecho de la UE en HEC París. “¿Qué voz pueden tener estas instituciones frente al Gobierno liderado por ECR, que es el aliado privilegiado del PPE en las próximas elecciones a la Eurocámara? ¿No entra en conflicto la Comisión de Ursula von der Leyen en el ejercicio de sus prerrogativas de guardiana de los tratados?”, plantea.

“La ciudadanía polaca y húngara no se merecen gobiernos que les priven de unos fondos que les corresponden como ciudadanos europeos. El respeto de valores fundamentales de la Unión, como la separación de poderes, la libertad de prensa o los derechos de mujeres y minorías, no son negociables”, señala Iratxe García, portavoz del grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

Los continuos choques entre la Comisión Europea y Polonia a cuenta de la vulneración del Estado de derecho, algo ratificado esta misma semana por el Tribunal de Justicia de la UE, incluso han aumentado la factura de los fondos bloqueados. Durante más de un año (entre octubre de 2021 y abril de 2023), ha pesado sobre Varsovia una multa de un millón al día por no cumplir con la sentencia que le obligaba a acabar con la cámara disciplinaria ad hoc para jueces que, entienden en Bruselas y Luxemburgo, mina la independencia de la justicia. Esa sanción cautelar quedó rebajada en abril a medio millón diario y se detuvo tras la sentencia de este martes, tras las que asciende finalmente a 556 millones. 500.000 euros diarios fue también la multa impuesta a Varsovia por no cerrar la mina de Turów, un conflicto ya zanjado con el país que puso la demanda, República Checa.

Pero, sin duda, lo más oneroso es que el dinero del plan de recuperación polaco sigue sin fluir de Bruselas a Varsovia. Después de un tenso tira y afloja con la Comisión, el Gobierno ultra del PiS aceptó incluir en las reformas algunas concesiones, como el desmantelamiento de la sala disciplinaria para jueces y otras para restituir plenamente el Estado de derecho. Bruselas dio entonces luz verde al programa por el que debe desembolsar por partes 35.360 millones hasta 2026, una cifra que equivale al 6,2% del producto interior bruto polaco. Pero condicionó la transferencia de los fondos al cumplimiento de los compromisos alcanzados. Ya se acumulan retrasos porque las reformas judiciales polacas no acaban de ver la luz: están atascadas en el Tribunal Constitucional, a petición del presidente, que pidió examinarlas. A finales del año pasado deberían haber llegado los cambios a la capital comunitaria junto con las solicitudes de los dos primeros pagos (casi 9.000 millones entre subvenciones y créditos). No lo han hecho. Y esta primavera correspondía la petición de la tercera (otros 2.050 millones), algo imposible cuando todavía no se han cursado la dos anteriores.

Desliar la madeja húngara para que lleguen las transferencias a Budapest todavía es más complejo. Las cuentas pendientes del Gobierno de Viktor Orbán en Bruselas también pasan por las reiteradas vulneraciones del Estado de derecho que, en su caso, tienen además la deriva de la corrupción. Ambas están suponiendo que el país no pueda disponer por ahora de los 22.000 millones de los fondos de cohesión del periodo 2021-2027, bloqueados por no respetar la independencia de la justicia, los derechos de la comunidad LGTBI, dañar el derecho de asilo y poner en peligro la libertad académica. Sobre parte de esa cantidad (6.500 millones) pesa una doble suspensión por la falta de lucha contra el fraude que, según ha concluido la Comisión y sancionado el Consejo de la UE, pone en riesgo el presupuesto comunitario.

Lo intrincado del caso húngaro llega porque los mismos motivos que bloquean los fondos de cohesión sirven para que todavía no fluya el dinero del plan de recuperación, 5.800 millones. Varias de las condiciones que debe cumplir el Gobierno ultra de Orbán para que empiecen a llegar recursos a Budapest y salir de la crisis de la pandemia se solapan con los requisitos que reclama Bruselas para que acceda al dinero de la cohesión. Para hacerse una idea de la magnitud, basta con señalar que esos 27.800 millones equivalen al 16% de su PIB.

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