‘Caso La Cantuta’: los restos de las víctimas que permanecieron en Inglaterra durante 30 años

Desde el 18 de julio de 1992, cuando tropas del Grupo Colina irrumpieron en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle al noreste de Lima, diez familias se quedaron con un asiento vacío en la mesa para siempre. Desde entonces, agotan todos sus esfuerzos para hallarlos hasta debajo de las piedras, y así cerrar un duelo interminable. Una pesadilla que varios países de América Latina han padecido en menor o mayor medida, dejando una grieta de impunidad en cada uno de ellos.

El caso La Cantuta, como se le conoce a dicha universidad por la zona donde se encuentra, es emblemá...

Desde el 18 de julio de 1992, cuando tropas del Grupo Colina irrumpieron en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle al noreste de Lima, diez familias se quedaron con un asiento vacío en la mesa para siempre. Desde entonces, agotan todos sus esfuerzos para hallarlos hasta debajo de las piedras, y así cerrar un duelo interminable. Una pesadilla que varios países de América Latina han padecido en menor o mayor medida, dejando una grieta de impunidad en cada uno de ellos.

El caso La Cantuta, como se le conoce a dicha universidad por la zona donde se encuentra, es emblemático. Fue uno de los crímenes que se perpetraron durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años noventa, y uno de los motivos por las que fue condenado en el 2009 a 25 años de cárcel. Bajo su pleno conocimiento, operó un grupo paramilitar que fue creado para combatir el terrorismo de aquellos días, pero que acabó asesinando y desapareciendo a gente a la que no pudo probársele una vinculación directa con Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El 8 de julio de 1993, a días de cumplirse un año de la masacre, se hallaron unas fosas en el distrito de Cieneguilla gracias a un reciclador llamado Justo Arizapana —inmejorable nombre de pila— que observó cómo meses atrás unas personas vestidas de negro y con pasamontañas enterraron unas cajas. Los periodistas llegaron a la zona con un mapa que él mismo trazó a mano. En efecto, aquellas cajas, que despedían un olor nauseabundo, contenían huesos, pero sobre todo restos calcinados. Se supo después que originalmente habían sido enterrados en un descampado, en el Cerro Santa Rosa, pero luego fueron exhumados, incinerados y trasladados a aquel basural de Cieneguilla en un intento desesperado de los asesinos por ocultar las evidencias.

El único cuerpo que no fue quemado y pudo ser reconocido fue el de Luis Ortiz Perea, un estudiante de Educación Física de 21 años. En cuanto a los demás, el Estado peruano seleccionó los restos menos maltratados que pudiesen contener ADN y los mandó en una caja térmica, en octubre de 1993, hacia Inglaterra, exactamente al Hospital de Londres, Medica College. Parecía una decisión correcta. Pero pasaron meses y luego años y no se supo más. La Fiscalía de la Nación no les dio razón ni ninguna otra autoridad. Acabó el siglo y continuó la espera. La gran esperanza de los deudos se convirtió en una incertidumbre asfixiante.

Hasta que, a inicios de 2022, las familias de los muchachos que han continuado infatigables en todos estos años —y a los que solo la muerte los ha separado de su propósito—, iniciaron su propia búsqueda de la mano de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y de Redress, una organización que brinda ayuda a los sobrevivientes de tortura, con sede en Londres. Fueron estos últimos quienes realizaron las indagaciones. En menos de dos meses lograron lo que el Estado peruano no pudo o no quiso en tres décadas: encontrar los restos. La caja térmica permanecía intacta en el Archivo Forense de Birmingham, a 200 kilómetros de Londres, el que supuestamente debía ser su paradero.

¿Qué había sucedido? Una cadena de actos que podrían tildarse de alevosos: en ese mismo 1993, los restos fueron conducidos sin explicación alguna a otro laboratorio en Birmingham que cerró varios años después y que acabó trasladándolos al Archivo Forense, donde por ley deben acopiarse. La Fiscal de la Nación de aquellos días, Blanca Nélida Colán, dispuso que solo se analizara un resto óseo —que coincidió con el ADN del alumno Felipe Flores Chipana—, restándole posibilidades a la búsqueda y afectando a la razón de ser del viaje. Por si fuera poco, Colán ordenó que toda información fuera remitida al Consejo Supremo de Justicia Militar. Ni ella, la máxima autoridad del Ministerio Público hasta 1997, ni el fuero militar atendieron las súplicas de los familiares.

“Las dejaron en el olvido”, dice Gisela Ortiz (51), hermana de Luis Ortiz, esta tarde en la sede de APRODEH, en Lima. La acompañan Carmen Amaro (50) y Pilar Fierro (71). Las tres son parientes de tres vidas que se interrumpieron. Carmen es hermana de Armando Amaro, estudiante de Educación de 25 años y Pilar, madre de Dora Oyague, alumna de la misma Facultad que desapareció a los 21 años. Fue Gisela Ortiz, exministra de Cultura, que viajó el 17 de febrero de este año a Inglaterra, junto a la abogada Gloria Cano, de APRODEH, para repatriar la caja que también se intentó desaparecer. Una vez en el Perú fue llevada a la región de Ayacucho para ser destapada y examinada en un laboratorio del Ministerio Público. El resultado se conoció hace algunas semanas: se identificaron genéticamente a Marcelino Rosales Cárdenas, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro y se reconfirmó a Felipe Flores Chipana.

“Cuando no encuentras el cadáver de un hijo no se puede vivir. A mi hija la sigo extrañando hasta ahora y nunca voy a dejar de quererla”, dice Pilar Fierro mientras su dolor se expresa, quebrándole la voz y aguándole los ojos. Haber perdido a Dora es una costra muy delgada para esta señora de cabello blanco y, como tal, se reabre ante la pregunta más mínima sobre ella. Es el mismo dolor que se empoza en el rostro de Carmen Amaro. Su hermano Armando no regresó desde el Reino Unido. En 2022, nuevamente por insistencia de las familias, se retomó la búsqueda de restos en la quebrada de Chavilca, en Cieneguilla. La zona, que no fue cercada ni se declaró intangible, fue alterada por el dueño del terreno que comenzó a lotizar el lugar y vender la arena como material de construcción. Después de cinco semanas, en dos periodos distintos, removiendo la tierra con retroexcavadoras y volquetes sucedió lo inesperado a veinte minutos de que concluyera la diligencia: se desprendió un trozo de hueso y rodó como si hubiese caído una manzana. Era un codo. En diciembre pasado se identificó el milagro: pertenecía a Armando.

“Por una parte es esperanzador saber que alguien a quien has buscado durante tanto tiempo aparece, aunque solo se trate de un pedazo de su cuerpo, pero también es la confirmación que dentro de todos los restos está tu hermano y que fueron inhumanos con él”, explica Carmen. Después de 31 años, de los diez desaparecidos, son seis los hallados. Faltan Robert Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y el profesor Hugo Muñoz Sánchez. Se aguarda que las excavaciones se retomen lo antes posible, pero hay un impedimento: el Ministerio Público alega que no cuenta con presupuesto. La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia ha dicho que solo puede costear tres de las siete semanas que se han establecido para la búsqueda final.

Gisela Ortiz estalla: “Si el dinero no se consigue en este año, ¿qué significa? ¿Qué no se hará nada? ¿Qué esperaremos un año más?”, lamenta. Tres décadas después las diez familias anhelan lo mismo: un entierro digno para cerrar el duelo. No están completos. Todavía faltan cuatro.

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