El Gobierno israelí pisa el acelerador de la reforma judicial con las medidas más polémicas

La protesta contra la reforma judicial en Israel parece tan fuerte como motivado el Gobierno a llevarla hasta el final. Los partidos de la coalición que encabeza Benjamín Netanyahu han pisado el acelerador legislativo, pese a los ruegos del presidente, Isaac Herzog, y a la última manifestación multitudinaria ―con unos 250.000 asistentes, según medios locales; 500.000, según los organizadores― del ...

La protesta contra la reforma judicial en Israel parece tan fuerte como motivado el Gobierno a llevarla hasta el final. Los partidos de la coalición que encabeza Benjamín Netanyahu han pisado el acelerador legislativo, pese a los ruegos del presidente, Isaac Herzog, y a la última manifestación multitudinaria ―con unos 250.000 asistentes, según medios locales; 500.000, según los organizadores― del sábado. La madrugada de este martes, el Parlamento ha dado luz verde en primera lectura a dos leyes del paquete de la reforma, una de ellas particularmente controvertida por su claro impacto en la separación de poderes. Netanyahu pidió el domingo “que nadie se equivoque” sobre su voluntad de llevar a buen puerto su iniciativa, contra la que cientos de miles de personas se manifiestan desde hace más de dos meses, en una de las mayores protestas de la historia del país.

Una de las enmiendas aprobadas por la Kneset (Parlamento) quita al Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial del país, la posibilidad de tumbar leyes ordinarias. Solo la mantendría para las 14 leyes básicas que funcionan de facto como la Constitución de la que carece el país. Eso sí, podría anular, modificar o acotar esas normas regulares si “vulneran claramente” alguna de las leyes básicas y con el sí de 12 de sus 15 miembros (y que todos acudiesen a la apelación). Ahora puede tumbar por mayoría simple aquellas que considere que contravengan alguna ley básica, al modo del Tribunal Constitucional en España. Es una prerrogativa que se arrogó el Supremo israelí en los años noventa y que ha utilizado de forma muy limitada. La propuesta, que ha recibido 61 votos a favor y 52 en contra, regresará ahora a la Comisión de Leyes para que prepare las otras dos lecturas que precisa su aprobación definitiva.

El Parlamento ha aprobado un elemento aún más polémico. Se trata de una cláusula que “inmunizaría” a una ley ante la posible revisión judicial, incluso si esta vulnera una ley básica. Bastaría con que la propuesta legal recibiese el apoyo de al menos la mitad más uno de los diputados y que especificase en su articulado que cuenta con dicha “inmunización” para sortear el filtro del Supremo. Además, la Kneset podría promulgar de nuevo, también por mayoría simple, leyes previamente anuladas por el Supremo. La cláusula sería válida durante la legislatura en la que fuese aprobada la ley, más el primer año de la siguiente. Después, el Parlamento se pronunciaría sobre su prórroga indefinida.

“Papeletas a la basura”

La Kneset también ha aprobado, de nuevo en primera lectura, una ley que despoja a cualquier organismo jurídico de la posibilidad de valorar o aprobar la “incapacitación” para gobernar del primer ministro. Si el texto sale definitivamente adelante, pasará a ser competencia solo del propio primer ministro o de su Gobierno, con el voto afirmativo del 75% de los ministros. Si, pasada esa fase, el primer ministro insistiese en aferrarse al puesto, la decisión quedaría en manos del Parlamento, que podría incapacitarlo con una supermayoría del 75% de los diputados. Hoy, la ley no especifica los motivos que permiten recurrir a la herramienta de la “incapacitación”. La nueva propuesta los acota a una circunstancia física o mental que impida al primer ministro seguir ejerciendo sus funciones.

Detrás de la propuesta-escudo parece estar el nada soterrado conflicto que mantienen la consejera jurídica del Gobierno, Gali Baharav-Miara, y el primer ministro. Netanyahu teme que lo suspenda por promover la reforma mientras está imputado en tres procesos penales por fraude, cohecho y abuso de confianza. Baharav-Miara le ha pedido, de hecho, que se mantenga al margen por un potencial conflicto de intereses, en una decisión que el primer ministro considera guiada por motivos ideológicos, y no profesionales. “Los ciudadanos de Israel no salieron a votar a Baharav-Miara, que piensa que puede borrarse simplemente la elección de 2,3 millones de ellos. No tiene autoridad para anular las elecciones, para tirar a la basura las papeletas que depositaron los ciudadanos de Israel”, dijo en la Cámara el promotor de la ley, Ofir Katz, del partido Likud que lidera Netanyahu, en referencia a la victoria electoral en noviembre de la formación, que gobierna en coalición con formaciones ultranacionalistas y ultraortodoxas.

La aprobación de las leyes ha propiciado la mañana de este martes pequeñas protestas ante instituciones estatales. Cuatro personas han sido arrestadas por bloquear —unidas con tuberías de plástico y cadenas de hierro― los accesos al Banco de Israel, en Jerusalén. La policía los ha sacado por la fuerza.

Tras semanas de filtraciones que apuntaban a que estaba intentando frenar al ala más derechista de la coalición, Netanyahu no solo no lo ha hecho, sino que suena estos días particularmente radical y combativo. El domingo, acusó a la oposición de usar la reforma como “excusa” para “crear anarquía y derrocar al Gobierno electo”. Un día más tarde, dedicó buena parte de su discurso en una reunión del Likud para cargar con dureza contra los “medios de comunicación de izquierda”, a los que acusó de lanzar “un ataque sin precedentes contra el Gobierno”, de difundir “noticias falsas 24 horas al día” y de estar “totalmente” del lado de los manifestantes.

La batería de medidas ha tenido un efecto centrípeto entre los detractores de la reforma, tanto en la calle como en el Parlamento. Por un lado, las organizaciones que lideran las manifestaciones han emitido un comunicado conjunto en el que advierten de que rechazarán cualquier “acuerdo de compromiso esbozado en la oscuridad” que afecte a la democracia a y la independencia judicial, y que no aborde “el reparto equitativo de las cargas [en alusión a los ultraortodoxos] y la protección de los derechos de las mujeres y de la separación de poderes”. Justamente el lunes, tres juristas presentaron en la Comisión de Legislación de la Kneset un borrador de consenso. El presidente de la Comisión y gran promotor de la reforma, Simja Rothman, lo calificó de “base” sobre la que negociar.

Por otra parte, los cuatro partidos judíos de la oposición con presencia en la Kneset han acordado hablar con una sola voz. Tras reunirse en el Parlamento, sus líderes ―Yair Lapid (Yesh Atid), Benny Gantz (Unidad Nacional), Avigdor Lieberman (Israel Beitenu) y Merav Mijaeli (Laborismo)― difundieron el lunes un comunicado conjunto en el que adelantan que boicotearán las próximas votaciones de la enmienda sobre el Supremo.

Negociación

La oposición política exige la paralización de la reforma judicial para sentarse a negociar, mientras que el Gobierno le exhorta a dialogar durante el curso parlamentario de las leyes. En este contexto, el diario Yediot Aharonot informa este martes de que el Likud prepara un plan b que consiste en rebajar ligeramente el texto de forma unilateral antes de su aprobación definitiva. “No hay con quien hablar, así que nos haremos concesiones a nosotros mismos sobre las leyes de la reforma”, indicó al periódico un dirigente del partido sin identificar.

El presidente, que la semana pasada pidió al Ejecutivo que retire “para siempre” la reforma porque pone en riesgo los “fundamentos democráticos de Israel”, reiteró el lunes su preocupación, al calificar la situación de “muy grave”.

Mientras Herzog trabaja en una propuesta de consenso, los manifestantes se preparan para nuevas protestas. El miércoles tratarán de evitar que Netanyahu vuele a Berlín desde el aeropuerto de Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, como intentaron ―sin éxito― la pasada semana cuando viajó a Roma. Y el jueves será otra jornada de acciones que perturben el día a día.

En el marco de la protesta, cientos de reservistas están rechazando participar en entrenamientos o cumplir algunas tareas, en una inusual filtración a las Fuerzas Armadas de la crisis política. El lunes, una treintena de exgenerales de dos organizaciones de veteranos del Ejército israelí de distinta ideología―Comandantes por la Seguridad de Israel y el Foro por la Defensa y Seguridad de Israel― coincidieron en mostrar su “enérgica desaprobación a cualquier incumplimiento por parte de reservistas del Ejército”.

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