La justicia belga ordena que cesen los registros con desnudo integral de los acusados del atentado de Bruselas
Los abogados de los procesados habían denunciado una práctica considerada “degradante” en el macrojuicio belga por los ataques de 2016
La justicia belga ha ordenado este lunes el fin de los registros exhaustivos, con desnudo integral incluido, a los que la policía somete a los acusados de los atentados de Bruselas de 2016 cada vez que son trasladados desde la prisión al tribunal que los juzga por causar la muerte de 32 personas y dejar cientos de heridos en los peores ataques yihadistas de la historia de Bélgica.
El tri...
La justicia belga ha ordenado este lunes el fin de los registros exhaustivos, con desnudo integral incluido, a los que la policía somete a los acusados de los atentados de Bruselas de 2016 cada vez que son trasladados desde la prisión al tribunal que los juzga por causar la muerte de 32 personas y dejar cientos de heridos en los peores ataques yihadistas de la historia de Bélgica.
El tribunal de apelación ha dado la razón a los demandantes, entre ellos Salah Abdeslam, el yihadista ya condenado a cadena perpetua en Francia por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y que, desde finales de diciembre, se negó varias veces a comparecer ante los jueces belgas en protesta por una práctica policial diaria que calificaba como humillante e innecesaria.
Cada vez que hay audiencia, una media de cuatro días a la semana desde finales del año pasado, los agentes encargados de su traslado de prisión al tribunal especial instalado en la antigua sede de la OTAN en la capital belga obligan a los siete acusados encarcelados —otros dos están en libertad vigilada— a desnudarse por completo y acuclillarse para comprobar que no esconden ningún objeto peligroso. Además, les colocan unas gafas oscurecidas que les impiden ver nada en cuanto ponen un pie fuera de la cárcel.
El controvertido procedimiento, defendido por la policía judicial belga alegando la peligrosidad de los detenidos, había provocado a finales del año pasado varios incidentes y retrasos en un macroproceso que ya comenzó con mal pie: debía arrancar a mediados de septiembre, pero no lo hizo hasta principios de diciembre debido a una primera demanda de los abogados de los procesados para reformar la cabina acristalada de seguridad donde se sientan sus defendidos, que los obligaba a permanecer durante horas en pequeñas células aisladas y con mucha dificultad para comunicarse con sus defensores en la sala. La justicia les dio la razón y hubo que transformar la cabina, lo que provocó un primer retraso de varias semanas. Una vez comenzó por fin el juicio, en diciembre, varios de los acusados se negaron a comparecer en protesta por los “degradantes” registros a los que eran sometidos. Seis de los siete acusados en prisión —todos, salvo el de origen sueco, Osama Krayem— recurrieron a la justicia.
Con la decisión de este lunes, los procesados suman una nueva pequeña victoria: el tribunal de apelaciones ha confirmado la sentencia de un juzgado de primera instancia que ordenó, el 29 de diciembre, el fin de la “práctica de registros sistemáticos con genuflexión” de los acusados y amenazaba con una “multa de 1.000 euros por contravención por demandante, hasta un máximo de 50.000 euros por demandante”. Ahora, el tribunal de apelaciones ha vuelto a pronunciarse del mismo modo a favor de los acusados, aunque rebaja la multa máxima por procesado a 25.000 euros en el caso de que sigan sufriendo esta práctica que, subraya, “no está prevista por la ley del 5 de agosto de 1992″, como alegó el Estado belga, que recurrió en enero el veredicto inicial. Por ello, la corte “ordena al Estado belga poner fin a esta práctica contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
La decisión afecta a siete de los diez procesados por los atentados suicidas contra el aeropuerto de Bruselas y una estación de metro del 16 de marzo de 2016 que están en prisión a la espera de la nueva condena. La mayoría, entre ellos Abdeslam y Mohamed Abrini, el llamado hombre del sombrero que no llegó a detonar sus explosivos en el aeropuerto, ya han recibido largas penas de prisión por su implicación en los atentados de París ocurridos unos meses antes. Un décimo acusado, Usama Atar, presunto cerebro de los ataques, es juzgado en ausencia, ya que las autoridades belgas no han podido certificar su muerte, anunciada por el Estado Islámico en 2019. La Fiscalía no ha concretado las penas que pide para los procesados, a los que acusa de asesinato e intento de asesinato en un contexto de ataque terrorista.
El hecho de que la mayor parte de los acusados ya hayan sido condenados ha rebajado el interés en el nuevo proceso. A ello se unen los múltiples incidentes y retrasos sufridos, que han provocado la exasperación de muchas víctimas que ya habían lamentado el largo tiempo transcurrido desde los atentados hasta el inicio de un juicio que vuelve a reabrir heridas. En declaraciones al diario Le Soir, el abogado de una de las asociaciones de víctimas personadas en el proceso, V-Europe, manifestó su esperanza de que la decisión judicial de este lunes ponga fin a los constantes sobresaltos. “Lo único que reclamamos es que esta historia [de los registros] acabe, que deje de interferir en los debates del tribunal”, dijo Guillaume Lys al diario belga.
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