Un permiso humanitario sin visa de trabajo: las trabas a las que se enfrentan los deportados por Ortega

Fue Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, la que se acercó a Estados Unidos para acordar la “liberación” de 222 presos políticos, exarcelados y deportados en la madrugada del jueves a Washington. Así, al menos, lo hizo saber Ortega en un discurso emitido esa misma noche por televisión. Lo que no dijo el autócrata es que el régimen sandinista ocultó a su contraparte un p...

Fue Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, la que se acercó a Estados Unidos para acordar la “liberación” de 222 presos políticos, exarcelados y deportados en la madrugada del jueves a Washington. Así, al menos, lo hizo saber Ortega en un discurso emitido esa misma noche por televisión. Lo que no dijo el autócrata es que el régimen sandinista ocultó a su contraparte un punto esencial del acuerdo: los presos iban a ser declarados apátridas en cuanto salieran del país centroamericano.

Fuentes conocedoras de los términos de la negociación entre Washington y Managua confirmaron a EL PAÍS que esa decisión de despojarlos de la nacionalidad fue una sorpresa para los funcionarios de Washington, que no habían sido informados previamente. “Al ofrecer la liberación de los presos, la vicepresidenta Murillo nunca planteó a Estados Unidos que la deportación conllevaba la retirada de la ciudadanía”, confirmó por su parte una fuente sandinista.

Como parte de la operación, la vicepresidenta ordenó emitir 222 nuevos pasaportes, entregados por las autoridades migratorias a los presos minutos antes de abordar el avión del destierro. Cuando este salió del espacio aéreo nicaragüense, la autoridades judiciales del país difundieron comunicado en el que daban noticia de la “deportación”. La Asamblea Nacional se reunió de urgencia para reformar el artículo 21 de la Constitución Política y despojar a los presos de su nacionalidad.

Esos pasaportes tienen una vigencia de 10 años. Aunque en el hotel cercano al aeropuerto internacional de Dulles en el que el Departamento de Estado ha decidido alojar a los exiliados, nadie tiene muy claro para qué sirven realmente los flamantes documentos. “¿Tienen validez? No nos daremos hasta que tratemos de usarlo”, dijo este viernes el opositor Irving Larios a las puertas del hotel en la que las autoridades le han asegurado, como al resto de los deportados, una habitación hasta el domingo.

Larios, como el resto de los recién llegados al hotel, pasó la mañana del viernes tratando de esclarecer qué significaba el permiso de permanencia temporal (”parole”) humanitario que la Administración de Joe Biden les había extendido durante dos años. Los funcionarios del Departamento de Estado les dieron un documento de seis páginas para explicarles los siguientes pasos, y les comunicaron que no se les había otorgado automáticamente un permiso de trabajo. “Nosotros creíamos que eso estaría incluido. Nos podemos quedar en Estados Unidos, pero los trámites para poder trabajar nos tomarán al menos 90 días”, explicaba el escritor Óscar René Vargas, estrecho colaborador de Ortega durante muchos años hasta que dejó de serlo y lo metieron preso.

Por ese motivo, el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores español de que ofrecía la nacionalidad española a los 222 presos políticos desterrados por Ortega fue una gran noticia en el hotel donde estos se alojan. “Es el mejor regalo”, explicó la historiadora y exguerrillera Dora María Téllez. “Tiene que tener en cuenta que muchos de los que están aquí no saben inglés; la posibilidad de empezar una nueva vida en España es muy importante para ellos”.

Varios estudiantes y campesinos entrevistados por EL PAÍS el viernes confirmaron que verse obligados a entrar en el proceso migratorio estadounidense era para ellos una inesperada condena. “Me piden como primer pago que desembolse 400 dólares con una tarjeta de crédito. Ni tengo 400 dólares, ni tarjeta de crédito. ¡Pero si acabo de salir de la cárcel!”, se lamentaba el estudiante Kevin Solís, uno de los presos que mayores penurias pasó en Managua.

Ortega dijo en su discurso que la decisión del destierro fue un “asunto de honor, dignidad, patriotismo” y no un guiño para allanar una negociación con el Gobierno de Estados Unidos. Según el presidente nicaragüense, el gesto no espera nada a cambio. Tampoco han pedido, aseguró, que Washington “levante las sanciones” impuestas por Washington al régimen.

“Están retornando a un país que es el que los ha utilizado, sus gobernantes, no el pueblo norteamericano, para sembrar terror, muerte, destrucción en Nicaragua. Y ahora que salieron los golpistas, bueno, respiramos más paz en Nicaragua”, dijo el caudillo sandinista, quien informó que en total eran 228 los reos de conciencia que iban a ser enviados a Estados Unidos pero que finalmente se redujo la lista porque cuatro fueron rechazados por Estados Unidos, y dos decidieron quedarse.

Uno de ellos fue monseñor Rolando Álvarez, condenado el viernes por el régimen Ortega-Murillo a 26 años de prisión.

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