La embestida de Bukele contra las maras suma más de 170 muertes en El Salvador
El régimen de excepción logra una histórica reducción en los homicidios en medio de denuncias de arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas o torturas
El Salvador suma ya más de 170 muertes como consecuencia de las medidas represivas aplicadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele en su embestida contra las maras desde hace 10 meses, según ha informado un portavoz del Gobierno. Este lunes, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó en televisión de que en 2022 murieron 92 pandilleros en presuntos enfrentamientos con la autoridad, de los cuales 80 fallecieron en el marco de la llamada “guerra contra las pandillas” que inició a fina...
El Salvador suma ya más de 170 muertes como consecuencia de las medidas represivas aplicadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele en su embestida contra las maras desde hace 10 meses, según ha informado un portavoz del Gobierno. Este lunes, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó en televisión de que en 2022 murieron 92 pandilleros en presuntos enfrentamientos con la autoridad, de los cuales 80 fallecieron en el marco de la llamada “guerra contra las pandillas” que inició a finales de marzo. A esto se suman otras 90 personas que fallecieron dentro de las prisiones desde que se adoptaron esas medidas, según confirmó el funcionario a finales de octubre pasado.
El régimen de excepción prorrogado ya 10 veces por el Gobierno salvadoreño ha logrado una histórica reducción en los homicidios y el desplazamiento de las pandillas de los territorios. Sin embargo, los costos han sido criticados por organizaciones de derechos humanos que denuncian arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas e incluso asesinatos dentro de las cárceles.
La medida inició luego de que las pandillas cometieron una matanza que dejó 87 muertos en un fin de semana. Como respuesta, la Administración de Bukele estableció un régimen de excepción que restringe algunos derechos constitucionales a los ciudadanos y que ha permitido la captura de más de 60.000 salvadoreños.
De acuerdo con información oficial de la policía, El Salvador registró un total de 615 homicidios, una tasa de 9,7 por cada 100.000 habitantes, un récord histórico para el país centroamericano, que en 2015 reportó una tasa de 105 en la misma escala. La Organización Mundial de la Salud considera una epidemia a todo aquello que genere más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este es el primer año desde que inició el siglo que El Salvador tiene una tasa por debajo de ese umbral.
Aparato de propaganda
Sin embargo, esto no ha sido suficiente para el aparato de propaganda del Gobierno bukelista. Para lucir mejor, el oficialismo restó de las cifras oficiales difundidas públicamente en redes sociales las 92 muertes de presuntos pandilleros. Del total de muertes violentas registradas el año pasado, el 18,5% fueron por disparos de los cuerpos de seguridad. Esto sin contar las 90 muertes dentro de las cárceles, de las cuales muchas siguen sin esclarecerse.
Sobre estos últimos, el presidente Bukele se pronunció en octubre pasado señalándolas como muertes naturales. “Pero en las cárceles muere gente como muere afuera porque se enferman, porque envejecen; hay unos que tienen enfermedades terminales, etcétera”, dijo el mandatario en televisión. Sin embargo, organismos de derechos humanos y documentos oficiales de la policía filtrados por la prensa desmienten esta versión.
En cuanto a las muertes producidas por enfrentamientos, el ministro Villatoro niega que se trate de uso desmedido de la fuerza. “Nosotros estamos realizando todo este protocolo de guerra con un amplio respeto a los derechos humanos. Personalmente, nunca he sido partícipe de que el crimen se combate con otro crimen. Es decir, agarrar a homicidas para matarlos”, dijo el funcionario en la entrevista de este lunes.
Villatoro aseguró que la policía está aplicando un “protocolo de guerra con amplio respeto a los derechos humanos”. Sin embargo, su versión es cuestionada por reportes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Un informe difundido por Human Rights Watch el pasado viernes señaló “abusos a gran escala” por parte del Gobierno contra las más de 60.000 personas capturadas en lo que lleva a la medida.
El oficialismo ha reaccionado señalando a los organismos internacionales y a periódicos como “defensores de las pandillas”. “Ninguno de estos que anda haciendo cantos de sirena a favor de los grupos terroristas y que quieren vernos sometidos en un país lleno de sangre, luto, dolor, ninguna de esas organizaciones de derechos humanos ha generado una noticia positiva al respecto”, dijo Villatoro este lunes.
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