Sunak endurece la política del Reino Unido contra la inmigración irregular

El día en que Rishi Sunak puso un pie en Downing Street sabía que tenía dos urgencias por resolver si quería sobrevivir como primer ministro. La primera era inmediata: ...

El día en que Rishi Sunak puso un pie en Downing Street sabía que tenía dos urgencias por resolver si quería sobrevivir como primer ministro. La primera era inmediata: resolver el desastre económico provocado por su antecesora, Liz Truss, con una rebaja de impuestos que hundió la credibilidad del Reino Unido. Para la segunda contaba con algo más de tiempo, pero no mucho más. La avalancha de inmigrantes irregulares que cruzaba el canal de la Mancha ―más de 40.000 en lo que va de 2022, frente a los 8.000 de 2020, o los 600 de 2018― tenía en permanente estado de nervios al Partido Conservador y a sus votantes. Con un componente que agravaba aún más la situación: uno de cada cuatro de los recién llegados era albanés, el principal foco de origen del nuevo flujo de solicitantes de asilo.

Sunak ha presentado este martes en la Cámara de los Comunes un paquete de medidas para endurecer la lucha contra la inmigración irregular. Y se ha comprometido a eliminar, para finales de 2023, el atasco de miles de peticiones de acogida sin resolver en el país.

“Los ciudadanos tienen derecho a estar enfadados. Ven lo mismo que yo puedo ver: todo esto, sencillamente, no es justo. No creo que sea cruel o antipático querer poner fin al control absoluto que tienen las organizaciones criminales que comercian con la miseria humana. Ya basta”, ha proclamado el primer ministro, necesitado de los aplausos y gritos de ánimos que le brindaban sus compañeros de partido desde la bancada conservadora.

Con las nuevas medidas anunciadas, el Gobierno incrementará en más de 700 efectivos el personal que vigila las costas del canal, y creará un nuevo mando unificado que integre al ejército, la policía y la administración civil para coordinar esfuerzos. A mediados de noviembre, Londres y París ya cerraron un nuevo acuerdo por el que agentes británicos podrán estar presentes, por primera vez, tanto en la sala de control de las operaciones puestas en marcha desde territorio francés como en las patrullas que se desplieguen sobre el terreno costero. Era una petición de Downing Street que, hasta ese momento, el Gobierno de Emmanuel Macron no se planteaba por la dificultad legal y técnica que suponía, y por el modo en que ponía en cuestión la soberanía territorial de los franceses.

Acuerdo con Albania

La llegada de albaneses se ha multiplicado en los últimos meses, gracias al efecto llamada de las redes sociales, la fuerza de las organizaciones que controlan desde ese país las rutas ilegales y el atractivo económico ―ayudado por el idioma inglés― que supone el Reino Unido para muchos jóvenes. Sunak ha anunciado un acuerdo con el Gobierno de Edi Rama, el primer ministro albanés, por el que policías británicos se desplazarán al aeropuerto de Tirana para ayudar en las tareas de control, y se incrementará en 400 el número de oficiales británicos que manejarán específicamente las peticiones de asilo procedentes del país balcánico, con el propósito, declarado expresamente por Sunak, de devolver a la inmensa mayoría de los recién llegados.

“Albania es un país europeo seguro y próspero, al que no tienen ningún problema en devolver a sus ciudadanos tanto Alemania como Francia, Italia o Suiza. Es un país candidato al acceso a la UE, aliado de la OTAN y socio del mismo tratado internacional contra el tráfico humano que ha firmado el Reino Unido”, ha relatado el primer ministro, para justificar su voluntad de incrementar el número de devoluciones.

Sunak se ha comprometido a reanudar la política de deportaciones a Ruanda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos logró paralizar temporalmente el pasado junio, en cuanto el Gobierno británico consiga despejar las dudas jurídicas que todavía están pendientes de resolver por otros tribunales superiores. Y ha dado orden de habilitar nuevos espacios para sustituir a los hoteles que hoy acogen a los solicitantes de asilo, incapaces de asimilar las cifras crecientes, y que suponen un gasto diario de casi seis millones y medio de euros al erario público británico. A partir del próximo enero, ha anunciado el primer ministro, se utilizarán campings de verano actualmente en desuso, bases militares e incluso colegios mayores inhabilitados para dar cabida al menos a 10.000 personas.

Leyes más duras

Sunak comparte el discurso que ya alimentaron el ex primer ministro Boris Johnson y la exministra del Interior Priti Patel. El sistema de asilo y refugio del Reino Unido, denuncian, es demasiado generoso como para permitir que entren a través de sus resquicios miles de personas que explotan la cobertura legal. El número de solicitudes de asilo pendientes de resolución en 2022 asciende a más de 166.000. “Nuestras leyes necesitan una reforma. Debemos controlar nuestras fronteras, para asegurarnos de que los que lleguen, lo hagan a través de rutas legales y seguras. Nuestro marco jurídico está siendo explotado por personas que frustran durante meses, e incluso años, su expulsión del país”, ha asegurado el primer ministro, un defensor del Brexit de primera hora que tiene al frente de Interior a Suella Braverman, la política que definió como una “invasión” la actual crisis migratoria. Sunak ha prometido para 2023 una nueva ley que dejará claro “sin la menor ambigüedad”, que todo el que entre en el Reino Unido de modo ilegal no tendrá la menor posibilidad de permanecer.

“En vez de convertir a los solicitantes de asilo en chivos expiatorios, reclamamos con urgencia al Gobierno que modifique completamente sus políticas de inmigración, que cancele el acuerdo [de deportaciones] firmado con Ruanda, y que ponga en marcha de verdad las rutas seguras prometidas, para que menos personas tengan que arriesgar sus vidas”, ha dicho Steve Valdez-Symonds, director de Políticas de Refugiados y Derecho de los Migrantes de Amnistía Internacional (Reino Unido).

La oposición laborista intenta hacer equilibrios en un asunto que divide a sus diputados y a sus votantes. El líder de la formación, Keir Starmer, sabe que la mayoría de sus compañeros en la Cámara de los Comunes defendió en su momento la libertad de movimiento de personas que garantizaba la UE, y que se perdió con el Brexit. Él mismo la defendía. Pero también es consciente de que muchos de los que dejaron de votar al laborismo en 2019 utilizaron como excusa las cifras de inmigración. Starmer ha atacado a Sunak por repetir, según ha dicho, viejas fórmulas ya escuchadas. Los conservadores, ha dicho, han sido incapaces de agilizar el proceso de solicitud de asilo o de golpear duramente a las mafias que controlan las embarcaciones que cruzan el canal.

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