La comisión del 6 de enero se centra en las presiones y amenazas de Trump a varios funcionarios para que no certificaran el triunfo de Biden

La frase está a la altura de los grandes hitos de la historia de la infamia presidencial estadounidense, de Richard Nixon (”No soy un ladrón”) a Bill Clinton (“No tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky”). La pronunció Donald Trump el 2 de enero de 2021 durante una llamada al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger: “Solo necesito encontrar”, empezó el a...

La frase está a la altura de los grandes hitos de la historia de la infamia presidencial estadounidense, de Richard Nixon (”No soy un ladrón”) a Bill Clinton (“No tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky”). La pronunció Donald Trump el 2 de enero de 2021 durante una llamada al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger: “Solo necesito encontrar”, empezó el aún presidente, antes dudar un segundo, “eh, 11.780 votos; esto es, uno más de los que tenemos [de diferencia]. Porque ganamos en el Estado”. Cuatro días después, Trump volvió a recordar en un mitin en Washington, ante miles de sus simpatizantes, que solo era cuestión de dar con un puñado de papeletas en Georgia. Ese mismo día, centenares de esos seguidores tomaron por asalto el Capitolio e interrumpieron de manera violenta por primera vez en la historia de Estados Unidos el traspaso de poderes a Joe Biden, que había ganado las elecciones de noviembre.

Ha pasado un año y medio de aquello. Y en la cuarta sesión de conclusiones de la investigación de los hechos del 6 de enero, celebrada este martes en una solemne sala del Congreso de Estados Unidos, los nueve miembros de la comisión desvelaron que Trump participó activamente en un plan para aportar votantes falsos en Estados en los que lo derrotó Biden. Resonó de nuevo la frase de los “11.780 votos” y a la antología del ataque al Capitolio no hubo más remedio que sumar otra: “Tenemos muchas teorías, simplemente no tenemos ninguna evidencia”.

Se la dijo Rudy Giulianni, exalcalde de Nueva York y consejero de Trump, a Rusty Bowers, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, según ha testificado él mismo bajo juramento. “¿Acaso no somos todos republicanos?”, añadió Giulianni. La frase demuestra para los nueve miembros de la comisión (siete demócratas y dos republicanos) que Trump y los suyos presionaron personalmente, pese a que carecían de pruebas, a funcionarios locales encargados de certificar los votos electorales en estados como Arizona, Míchigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia, lugares en los que trataron de usar a esos servidores públicos para que negaran el triunfo demócrata y el 45º presidente pudiera así mantenerse en el poder. El comité también subrayó que esas presiones derivaron en amenazas de simpatizantes de Trump a esos funcionarios, que llegaron a ser de muerte, según varios testigos convocados a declarar la sesión, y que el aún presidente no hizo nada al respecto.

“No le importaron lo más mínimo. No las condenó, ni movió un dedo por detenerlas; siguió adelante con sus acusaciones falsas de todos modos”, sentenció la vicepresidenta de la comisión, la republicana de Wyoming Liz Cheney. Cheney pidió a los presentes que tuvieran en cuenta las revelaciones de las audiencias anteriores (“Recuerden lo que sabían cuando hicieron esas llamadas”, añadió), durante las que aportaron pruebas de que Trump trató de forzar “sin descanso” a Mike Pence a que tumbara un resultado electoral legítimo, pese a que era “ilegal e inconstitucional” y a que sabía que no estaba en su mano hacerlo. Además, ofrecieron evidencias de que sus asesores más estrechos y miembros de su familia le repitieron una y otra vez al magnate que sus sospechas de fraude electoral carecían de base.

“Primero puso demandas para lograr que le dieran la razón en los tribunales”, dijo después Adam Schiff, demócrata de California, y el miembro de la comisión que tomó protagonismo en esta cuarta sesión: ha sido él quien ha llevado el peso del interrogatorio a los testigos. “Cuando vio que no lo conseguía [de las 62 querellas que se interpusieron, solo le dieron la razón en una, y el nuevo recuento no afectó al resultado], empezó a presionar a legisladores estatales concretos. Él y sus aliados violaron descaradamente múltiples leyes federales al participar en este complot, incluida la conspiración para cometer fraude al pueblo de Estados Unidos”, añadió Schiff. Y fue inevitable interpretar sus palabras como un mensaje enviado directamente al Departamento de Justicia, al que la comisión está sirviendo cada semana en bandeja pruebas para que tomen acciones legales contra Trump que no está claro que vayan a llegar nunca.

La audiencia también señaló a un miembro del Senado, Ron Johnson (Wisconsin). Este ofreció electores falsos al vicepresidente Mike Pence, según las pruebas aportadas por la comisión, que mostró un intercambio de mensajes de texto entre un miembro del equipo de Johnson y otro del de Pence minutos antes del comienzo de la sesión del 6 de enero que el ataque interrumpió. En otra grabación, se pudo escuchar a la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, decir que Trump habló en una conferencia telefónica de la posibilidad de falsear, llegado el caso, electores encargados de certificar el triunfo o la derrota.

La conversación con Raffensperger, que desveló en su día The Washington Post, ha sido, obviamente, uno de los puntos fuertes de la audiencia. Incluida la famosa frase. El secretario de Estado de Georgia ha dicho a la comisión que “no había ninguna papeleta que buscar”.

“Los números son los números, y los números no mienten”, ha repetido en varias ocasiones durante su testimonio, en el que los presentes no han podido por menos que reír cuando se ha reproducido una parte de esa grabación en el que Raffensperger, que sonaba azorado por el tono que estaba adquiriendo la conversación, se ofrece a mandar un enlace (link) al entonces presidente para que comprobara que los cálculos eran los correctos en Georgia. A lo que Trump, que insistía en que había ganado en el Estado por 400.000 votos, así que no podía ser tan difícil dar con 11.780, respondió: “No me interesa tu link. ¡Tengo un link mucho mejor!”.

Schiff le preguntó al testigo por qué decidió seguir adelante con su trabajo en medio de esas presiones y las amenazas que recibieron en esos días él y su familia. Raffensperger se quitó importancia, y dijo: “Creo que a veces es necesario permanecer en pie y aguantar el tipo, hacer tu trabajo. Eso fue todo lo que hicimos. Mantenernos del lado de la ley y de la Constitución”.

Las graves amenazas sufridas por los funcionarios que osaron llevar la contraria al líder republicano han ocupado otra de las tramas principales del último capítulo de la serie que ha preparado la comisión, cuyo presidente, el demócrata de Misisipi Bennie Thompson, presenta cada día como una historia de suspense.

Bowers contó que recibió en ese tiempo “20.000 correos electrónicos y decenas de miles de recados en el buzón de voz y mensajes de texto”, que se difundieron videos en los que lo acusaban de ser “un pedófilo y un pervertido” y que un hombre, vestido con el uniforme de la milicia radical The Three Percenters, simpatizantes de Trump, se presentó en las inmediaciones de su casa, armado, y amenazó a un vecino. Otro de los citados, Gabriel Sterling, alto cargo de la secretaría de Estado de Georgia que ofreció en esos días una conferencia de prensa en la que negaba el fraude en Georgia, declaró que se convenció de que había llegado el momento de hablar públicamente tras ver en Twitter una amenaza de muerte que mostraba una animación que incluía una soga (toda la parafernalia del ahorcado se convirtió en una iconografía recurrente en los hechos que condujeron al 6 de enero).

Aunque las declaraciones más duras de la sesión corrieron a cargo de las exempleadas electorales del condado de Fulton, Georgia, Wandrea Shaye Moss y su madre, Ruby Freeman. Trabajaron en la cita de noviembre de 2020, y Trump las nombró 18 veces en la llamada a Raffensperger. Moss detalló el acoso sufrido por su abuela, que incluyó un allanamiento de morada a cargo de unos tipos que buscaban a Moss y a su madre para llevar a cabo “un arresto ciudadano”. Freeman —cuyo testimonio fue en video (frente al de su hija, que compareció en la sala, visiblemente afectada)— dijo: “Perdí mi nombre, perdí mi reputación, dejé de sentirme segura”. El FBI le aconsejó que dejara de vivir durante una temporada en su casa. Y así lo hizo.

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