El viacrucis judicial de los Fujimori a los 30 años del autogolpe

La noche del 5 de abril de 1992 el entonces presidente, Alberto Fujimori, cerró el Parlamento y el Poder Judicial, sacó tanques a las calles y oficiales militares comenzaron a recorrer las redacciones de los principales medios para controlar las noticias. Ese día comenzó la alianza del gobernante con las fuerzas armadas, dirigidas de facto por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos. El régimen aprobó el año siguiente una nueva Constitución que cambió el modelo económico, privatizó las empresas públicas y suprimió derechos laboral...

La noche del 5 de abril de 1992 el entonces presidente, Alberto Fujimori, cerró el Parlamento y el Poder Judicial, sacó tanques a las calles y oficiales militares comenzaron a recorrer las redacciones de los principales medios para controlar las noticias. Ese día comenzó la alianza del gobernante con las fuerzas armadas, dirigidas de facto por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos. El régimen aprobó el año siguiente una nueva Constitución que cambió el modelo económico, privatizó las empresas públicas y suprimió derechos laborales. Tres décadas después, el balance del llamado fujigolpe es menos favorable al que tuvo en los años 90 y los herederos del autócrata pugnan por mantenerse en el poder.

El patriarca de los Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato de dos masacres cometidas por un destacamento militar creado por su administración, está también sentenciado por robo y corrupción y debe unos 13 millones de dólares de reparación civil al Estado. Además, la justicia tiene pendiente solicitar a la Corte Suprema de Chile que autorice la investigación judicial al exgobernante por las miles de esterilizaciones forzadas que realizó el Ministerio de Salud a fines de los años 90. El autócrata se fugó de Perú en noviembre del año 2000, acorralado por los vídeos que documentaban la corrupción de su Gobierno, se refugió en Japón y luego viajó a Chile, de donde fue extraditado en 2007 para enfrentar siete juicios. Para cada litigio adicional, Perú ha requerido a la justicia chilena una nueva autorización de extradición, de acuerdo al convenio entre ambos países.

Su hija mayor, Keiko Fujimori, ha sido tres veces candidata a la presidencia y enfrenta un proceso judicial por lavado de activos y obstrucción a la justicia debido a aportes de campaña entregados por la transnacional Odebrecht, no declarados a las autoridades electorales ni al sistema financiero. La excongresista empezó su vida política a los 18 años como primera dama cuando Fujimori se separó de su esposa, Susana Higuchi, que llegó a alertar de la corrupción de sus cuñados, quienes se apropiaron de donaciones enviadas desde Japón al Gobierno para que las entregaran las personas pobres.

En los años 90, la mayor de los herederos de Fujimori fue a clases de pasarela y uno de sus mejores amigos era un fotógrafo de moda. Su rostro fue portada de la revista de entretenimiento Cosas a la que dio una entrevista: “Quisiera ser más fría para no sufrir”, se tituló. La semana pasada, Kyara Villanela, la hija mayor de Keiko Fujimori, de 14 años, también fue elegida como la imagen de portada, llamada Miss Fujimori. La adolescente señala en la revista que aunque quiere tener un nombre propio y no ser conocida solo como “la hija de Keiko” también va a luchar “contra los ataques” a la familia. Hace un par de semanas, cuando tres magistrados del Tribunal Constitucional dieron por válido un habeas corpus para excarcelar a Fujimori, su nieta publicó un post en redes sociales anunciando que se preparaba para grabar vídeos en TikTok cuando saliera libre su abuelo.

El historiador Rolando Rojas anota que los Fujimori siguen una estrategia para volver al poder, que se apoya en la desestabilización de los gobiernos de turno “para demostrar que ellos eran una mejor opción o que sus oponentes no pueden gobernar o son igual de corruptos”. Sin embargo, el investigador del Instituto de estudios Peruanos cree que “si Keiko no llega al poder, la continuidad de los Fujimori en la política peruana se termina”.

Aunque en las encuestas de 1992 la mayoría de la población respaldó el autogolpe, la mirada ha cambiado. De acuerdo a los resultados de las elecciones de 2021, en las que participó la líder del fujimorista Fuerza Popular, “hay una ligera ventaja de los que están en contra del fujimorismo, de su significado para la democracia peruana y, por su puesto, contra el golpe”, comenta Rojas. Aunque acota que un sector fuerte aún considera que entonces fue necesario.

María Luisa Martínez era en 1992 corresponsal en Perú de la cadena Univisión y fue la única reportera de televisión que en las horas posteriores al golpe de Estado documentó los hechos en los alrededores de Palacio de Gobierno, el Congreso y los principales diarios. “¿Cuál es la orden?”, preguntaba Martínez a cada grupo de militares que le impedía el paso. La periodista también sostiene que la visión sobre el régimen ha cambiado. “Le tomó mucho tiempo a los peruanos darse cuenta de que junto a las cosas buenas que pudo hacer Fujimori en su primer Gobierno había un lado oscuro. Hasta que no hubo un video para demostrar que la corrupción era generalizada, los peruanos preferían seguir adelante puesto que el peor miedo lo vivieron con el terrorismo”, comenta.

La reportera recuerda que el golpe del 5 de abril fue celebrado por muchos debido al contexto de hiperinflación y desastre económico que inició en los años 80, sin embargo, asegura que la peruana no es una sociedad a la que “necesariamente le guste la mano dura si hay cierta estabilidad y puede trabajar”. El estado de emergencia que decretó a medianoche del lunes el presidente Pedro Castillo, para contener una ola de protestas contra el alza del costo de vida en varias regiones, en vísperas de los 30 años del autogolpe, ha tenido un eco autoritario e inconstitucional. “Esta nueva crisis social es porque todos están muy golpeados económicamente y hay una incapacidad para lidiar con la crisis pospandemia. No creo que a la gente le guste volver a la mano dura, tal vez solo para combatir la delincuencia, pero no en sus vidas cotidianas”, agrega la periodista y excorresponsal de guerra.

Este martes, las víctimas de los casos de violación de derechos humanos cometidos por el destacamento militar Colina, creado por Fujimori y Montesinos, y las víctimas de esterilizaciones forzadas tenían previstas actividades públicas en rechazo al 5 de abril y a 30 años de impunidad y falta de justicia, sin embargo, debido a la prohibición de salir a las calles, han quedado relegadas a mensajes en Twitter y otros medios sociales.

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