Los aspirantes al Elíseo pelean por los 500 avales necesarios para presentarse
La exigencia de las firmas de alcaldes y otros cargos es un obstáculo para candidatos sin partidos implantados como Mélenchon, Le Pen o Zemmour
Para algunos candidatos al Elíseo, como la conservadora Valérie Pécresse, la socialista Anne Hidalgo o el actual presidente, el centrista Emmanuel Macron, es un puro trámite. Para otros, como el ultra Éric Zemmour, puede convertirse en una pesadilla.
En Francia la búsqueda de 500 firmas de alcaldes, parlamentarios y diputados en asambleas locales es el requisito ineludible para presentarse a la elección a presidente de la República. Es una manera d...
Para algunos candidatos al Elíseo, como la conservadora Valérie Pécresse, la socialista Anne Hidalgo o el actual presidente, el centrista Emmanuel Macron, es un puro trámite. Para otros, como el ultra Éric Zemmour, puede convertirse en una pesadilla.
En Francia la búsqueda de 500 firmas de alcaldes, parlamentarios y diputados en asambleas locales es el requisito ineludible para presentarse a la elección a presidente de la República. Es una manera de cribar los aspirantes potenciales para evitar candidaturas caprichosas, golpes de publicidad o simplemente que en las papeletas acabe habiendo decenas de nombres.
El constitucionalista Jean-Philippe Derosier, profesor en la Universidad de Lille, explica: “Cuando uno aspira a ser el primer responsable político del país, debe tener un anclaje, una representatividad y una repercusión territorial, y en una diversidad de territorios. Y hace falta una envergadura política”.
La ley impone que las 500 firmas procedan de un mínimo de 30 de los 101 departamentos franceses. El candidato no puede concentrar más del 10% de sus firmas en un solo departamento. Unos 42.000 cargos son susceptibles de conceder el aval.
La firmas para la elección presidencial a dos vueltas del próximo abril deben presentarse al Consejo Constitucional a partir del 30 de enero y antes del 4 de marzo. La carrera para afianzar estos apoyos ha comenzado.
Los partidos consolidados juegan con ventaja, aunque sus opciones para ganar la presidencia sean mínimas. Es el caso de Hidalgo, la alcaldesa de París y candidata del Partido Socialista (PS). En los sondeos no supera el 5% y los socialistas están sumidos en una crisis profunda, pero siguen disfrutando de un arraigo local que le permite obtener las firmas sin dificultad.
En la situación opuesta de Hidalgo se encuentra Zemmour, un tertuliano de televisión y autor de ensayos polémicos sin un partido fuerte detrás y con nula experiencia política. En otoño los sondeos llegaron a darle una expectativa de voto del 17% y ahora se han estabilizado en torno al 13%, pero le está costando convencer a los alcaldes y cargos para que se comprometan a apadrinarle.
Como otros candidatos, buena parte del esfuerzo de Zemmour se concentra en hacer compaña en busca de avales. No es fácil: en la derecha, su terreno natural, algunos prefieren apadrinar a Pécresse la candidata de Los Republicanos (LR). Otros quieren evitar problemas: las firmas son públicas, y él es una figura incómoda, tanto por las condenas al tertuliano por promoción del odio racial como por sus salidas de tono contra los musulmanes.
La hipótesis de que Zemmour, o el populista de izquierda Jean-Luc Mélenchon, o la líder de la extrema derecha Marine Le Pen, no alcancen las 500 firmas ha llevado a algunos de estos candidatos a pedir que se suavizasen las normas. Se han presentado propuestas para que las firmas sean anónimas o para que se cree una especie de banco de firmas que ayudaría a quienes les queda poco para llegar a las 500.
“Es evidente que Mélenchon, Zemmour y Le Pen deben poder presentarse”, ha declarado a Le Figaro David Lisnard, alcalde conservador de Cannes y presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia. “Si no lo pudiesen, habría un verdadero problema democrático”.
El constitucionalista Derosier defiende el sistema. “Funciona”, señala, “porque candidatos sin envergadura político-territorial no superan el umbral. Siempre hay y a veces son conocidos”. Y cita al exministro socialista Arnaud Montebourg, que acaba de renunciar a su candidatura independiente. Entre otros motivos, según Derosier, porque le habría resultado muy difícil recoger las 500 firmas.
El problema de Mélenchon es que, pese a ser el candidato de izquierdas con mejor posición en los sondeos, su partido, La Francia Insumisa (LFI), carece de implantación territorial en forma de alcaldes o de diputados en las regiones y departamentos. En las elecciones de 2017 y 2012, tuvo la ventaja de que el Partido Comunista Francés (PCF) no presentó a un candidato y sus cargos locales le entregaron las firmas; ahora el PCF sí tiene candidato, Fabien Roussel, y no parece dispuesto a compartirlas.
Respecto a Zemmour, Derosier opina: “No es un responsable político, es un polemista que, seré duro pero claro, ha venido para contaminar el debate democrático con sus ideas polémicas, y la escena de la elección presidencial no es una escena de teatro. Zemmour no tiene nada que hacer ahí y me parecería bastante lógico que no obtuviese las 500 firmas”.
Zemmour dice que tener ya unas 400 promesas de firma, cifra parecida a la de Mélenchon. Le Pen dice tener unas 450. “Como a muchos candidatos, nos cuesta, porque el sistema está totalmente gripado”, dijo hace unos días Le Pen en la cadena BFMTV. “Gastamos tiempo y energía en vez de dedicarlos a presentar nuestros proyectos a los franceses”.
Condena a antiguos consejeros de Sarkozy por el 'caso de los sondeos'
Claude Guéant, quien entre 2007 y 2011 fue la mano derecha del presidente Nicolas Sarkozy en el palacio de Elíseo y después su ministro del Interior, fue condenado este viernes a un año de prisión, del que tendrá que cumplir ocho meses, por el llamado 'caso de los sondeos del Elíseo'. Guéant, que ya se encuentra encarcelado por otro asunto, fue declarado culpable de favoritismo en el pago de millones de euros del erario público por sondeos y asesoría política sin concurso público. Los sondeos con frecuencia versaban sobre la vida personal del presidente o sobre cuestiones electorales. Los beneficiarios de los contratos eran consejeros oficiosos suyos. Dos de ellos, Patrick Buisson y Paul Giacometti, fueron condenados respectivamente a penas de dos años y a seis meses de prisión con libertad condicional, y a multas de 150.000 y 70.000 euros. Sarkozy, que declaró en el juicio como testimonio, estaba protegido por la inmunidad presidencial al haberse desarrollado los hechos en el ejercicio de sus funciones.
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