Bolsonaro firma una declaración del G-20 que contradice sus tres años de Gobierno

Los líderes de las 20 mayores economías del mundo han firmado esta semana una serie de compromisos para hacer frente a la crisis económica y sanitaria que ha generado la pandemia de covid-19. Todos los jefes de Estado y de Gobierno del G-20 han aceptado la declaración, incluido el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que durante los dos días de debates prefirió pasear por Roma en lugar de conseguir reuniones bilaterales con sus homólogos. Tal vez este desinterés explique por qué parte de lo que ha firmado el presidente brasileño contradice lo que predica en sus discursos o la actuación de su ...

Los líderes de las 20 mayores economías del mundo han firmado esta semana una serie de compromisos para hacer frente a la crisis económica y sanitaria que ha generado la pandemia de covid-19. Todos los jefes de Estado y de Gobierno del G-20 han aceptado la declaración, incluido el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que durante los dos días de debates prefirió pasear por Roma en lugar de conseguir reuniones bilaterales con sus homólogos. Tal vez este desinterés explique por qué parte de lo que ha firmado el presidente brasileño contradice lo que predica en sus discursos o la actuación de su Gobierno desde enero de 2019. El documento suma 61 puntos, que van desde el apoyo al medio ambiente, a la ciencia y al empoderamiento de las mujeres.

Los dirigentes se comprometieron, por ejemplo, a aumentar su capacidad para fabricar vacunas contra el coronavirus y a promover “la aceptación de las vacunas, la confianza y la lucha contra la desinformación”. Bolsonaro, en cambio, es uno de los principales difusores de información falsa sobre el tema. En varias ocasiones ha cuestionado la eficacia de la vacuna contra la covid-19 y, en una transmisión en vivo por sus redes sociales, llegó a relacionarla con el sida. El vídeo fue retirado de Facebook, Instagram y YouTube, que suspendió la cuenta del presidente durante una semana. Además, ya ha declarado que no tiene intención de vacunarse a corto plazo. Su decisión ha provocado algunos bochornos diplomáticos: el primer ministro italiano, Mario Draghi, por ejemplo, no quiso estrecharle la mano esta semana en Roma. Su comportamiento ha llevado a una comisión del Senado a acusarlo de crimen de epidemia, por incentivar la gente a no respetar las restricciones sanitarias durante el auge de la pandemia.

La vacunación contra la covid-19 es una de las principales marcas de ineficiencia de la gestión de Bolsonaro. Su Gobierno retrasó la compra de vacunas a Pfizer, se vio envuelto en una trama de corrupción para comprar la vacuna india Covaxin y compró menos vacunas de las que podía al COVAX Facility, un proyecto promovido por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra la covid-19. Los líderes del G-20 parecen valorar esta última iniciativa: “Reiteramos nuestro apoyo a todos los pilares del Acelerador ACT, incluido el COVAX, y seguiremos mejorando su eficacia”, reza la declaración conjunta.

Medio ambiente y pueblos indígenas

Con relación al medio ambiente, los líderes del G-20 se han comprometido a proteger las zonas forestales y fomentar la plantación de un billón de árboles en todo el planeta para ayudar a controlar los efectos del clima con nuevos sumideros de carbono. El Brasil de Bolsonaro, sin embargo, fue probablemente el único país del G-20 que aumentó sus emisiones de carbono en 2020. Ese mismo año, la Amazonia alcanzó los 10.851 kilómetros cuadrados de superficie deforestada, la cifra más alta en 12 años. Un estudio del Observatorio del Clima, basado en datos preliminares del Instituto Nacional de Estudios Espaciales, indica que en 2021 podría superarse por tercera vez la marca de 10.000 kilómetros cuadrados de destrucción. “La suma de estos tres años equivale a deforestar una superficie similar a la de Bélgica”, advierte la ONG.

En la declaración de los líderes del G-20 también se incluye el compromiso de “combatir los delitos contra el medio ambiente, como la extracción ilegal de madera, la minería ilegal, el comercio ilegal de animales silvestres y el traslado y la eliminación ilegal de residuos y sustancias peligrosas”. El Gobierno de Bolsonaro, sin embargo, ha desmantelado los organismos de inspección ambiental, ha reducido el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, ha hecho la vista gorda ante la minería ilegal y ha fomentado el robo de tierras públicas. En el Congreso Nacional se están tramitando, con el apoyo del Gobierno, proyectos de ley que debilitan los mecanismos de inspección y permiten la ocupación de tierras federales, que actualmente es ilegal.

La participación de los pueblos indígenas en la elaboración de políticas públicas es otra de las preocupaciones que recoge el documento del G-20: “Ampliaremos y fomentaremos la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza o enfoques basados en los ecosistemas, ya que son herramientas valiosas que proporcionan beneficios económicos, sociales, climáticos y medioambientales, incluso en las ciudades y sus alrededores, de forma inclusiva y mediante la participación de las comunidades locales y de los pueblos indígenas”.

En Brasil, el Gobierno ha desatendido cada vez más a los pueblos indígenas. Desde que Bolsonaro asumió la presidencia en 2019, no se han demarcado nuevas tierras indígenas. La demarcación, recogida como derecho de los pueblos indígenas en la Constitución de 1988, establece los límites físicos de sus tierras y tiene como objetivo protegerlas de posibles invasiones y ocupaciones, además de preservar su identidad, modo de vida, cultura y sus tradiciones. Pero en los dos últimos años han aumentado considerablemente los casos de “invasión, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio” en tierras indígenas. Según el Informe Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil, publicado anualmente por el Consejo Indigenista Misionero, en 2020 se registraron 263 casos de este tipo, más que en 2019 (256 casos) y un 137% más que en 2018 (111 casos). Por si estos ataques no fueran suficientes, las zonas destinadas a los indígenas aislados también corren el riesgo de perder la protección de la Fundación Nacional del Indígena, controlada ahora por el Gobierno de Bolsonaro, y caer en manos de invasores.

Igualdad de género y empoderamiento femenino

Cuando se trata de la igualdad de género, el Gobierno brasileño está lejos de servir de ejemplo. El propio Bolsonaro, cuando todavía era diputado federal, afirmó que no violaría a una diputada porque era “muy fea”. Como presidente vetó una ley que preveía la distribución gratuita de compresas a 5,6 millones de brasileñas vulnerables y manifestó que vetaría un proyecto de ley que prevé la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Su argumento fue que, si no lo hacía, los empresarios dejarían de contratar a mujeres.

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Brasil se negó a firmar un compromiso mundial en defensa de la salud de las mujeres porque en el texto había referencias a la “salud sexual reproductiva”. Solo los países con Gobiernos conservadores de derecha o extrema derecha se abstuvieron de firmar el documento, como Polonia, Hungría y Arabia Saudí. Aun así, Bolsonaro firmó la declaración del G20, en la que se compromete “con la igualdad de género”. “Subrayamos el papel central del empoderamiento y el liderazgo de las mujeres y las niñas a todos los niveles para un desarrollo inclusivo y sostenible”, destaca el documento.

Educación

Los líderes del G20 coinciden en que la educación es una “herramienta fundamental para la recuperación económica inclusiva y sostenible”. Se han comprometido a “garantizar el acceso a una educación de calidad para todos, con especial atención a las mujeres, las niñas y los alumnos vulnerables”. “Incrementaremos nuestros esfuerzos para que los sistemas educativos sean inclusivos, adaptables y resilientes, y mejoraremos la coordinación entre la educación, el empleo y las políticas sociales para mejorar la transición de la educación al empleo de calidad, también a través de la educación continua”.

El Brasil de Bolsonaro, en la práctica, tiene un ministro de Educación, Milton Ribeiro, que declaró que los alumnos con alguna discapacidad intelectual “entorpecen” el progreso de los demás compañeros, aunque luego se disculpó. Ribeiro es el cuarto ministro del accidentado Ministerio de Educación de Bolsonaro. Además, el 25% de las escuelas públicas brasileñas no tienen acceso a internet y su situación no cambió durante la pandemia de covid-19, cuando los estudiantes se vieron obligados a hacer clases en línea. El Gobierno de Bolsonaro incluso vetó una ley que garantizaba la provisión de internet a los estudiantes pobres. El Congreso anuló el veto, pero el Ejecutivo apeló ante la Justicia para evitar invertir los 622,5 millones de dólares que preveía la ley, ya que desequilibrarían el presupuesto anual.

Anticorrupción

Los líderes del G-20 se han comprometido a mantener la tolerancia cero con la corrupción y a fortalecer la relación con la sociedad civil para prevenir este tipo de delitos. “Reforzaremos todavía más nuestro compromiso con otras partes interesadas, como el mundo académico, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado, y seguiremos promoviendo su importante papel y su participación activa en este ámbito”, afirma el comunicado.

Que Bolsonaro se acerque al mundo académico y a la prensa es algo difícil de esperar. Su Gobierno dice que la prensa lo persigue y suele instar a sus partidarios a que critiquen los medios de comunicación. El presidente solo concede entrevistas a pequeñas emisoras de radio del interior del país o a las empresas amigas. Cuando se le pregunta sobre temas espinosos, suele dar por terminadas las ruedas de prensa o agredir verbalmente al periodista que le hace la pregunta. Durante su viaje a Roma, los reporteros que lo seguían denunciaron que los miembros de su equipo de seguridad los agredieron y Bolsonaro no hizo nada para impedirlo.

También es casi generalizada la opinión de que el presidente ha logrado minar varios mecanismos de lucha contra la corrupción e incluso protegerse ante futuras investigaciones. En 2020 admitió que intentó interferir en el trabajo de la Policía Federal —lo cual derivó en la dimisión del exjuez Sergio Moro como ministro de Justicia— e intentó nombrar a un amigo de su familia para el cargo de director general de la Policía Federal. Además, prácticamente toda su familia está implicada en un escándalo de contratación de empleados fantasma para desviar dinero público, práctica conocida popularmente como rachadinha.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.