Johnson lanza un órdago a la UE para reescribir el acuerdo del Brexit

Boris Johnson ha lanzado este miércoles un órdago a la Unión Europea que amenaza con reventar el débil armisticio temporal sobre el Brexit. El Gobierno ha presentado en el Parlamento británico un plan alternativo para reformular el denominado Protocolo de Irlanda del Norte. Y, aunque se ha cuidado de no detonar, de momento, la amenaza de acciones unil...

Boris Johnson ha lanzado este miércoles un órdago a la Unión Europea que amenaza con reventar el débil armisticio temporal sobre el Brexit. El Gobierno ha presentado en el Parlamento británico un plan alternativo para reformular el denominado Protocolo de Irlanda del Norte. Y, aunque se ha cuidado de no detonar, de momento, la amenaza de acciones unilaterales, reconoce que se dan ya las circunstancias para activar los mecanismos que permitirían suspender parte del acuerdo de divorcio sellado in extremis la pasada Nochebuena.

El Reino Unido llevaba tiempo advirtiendo de que lo pactado para evitar los controles en el linde terrestre con la República de Irlanda (territorio comunitario) es insostenible para las empresas británicas, pero tras incontables horas de negociación para hallar la cuadratura del círculo, ha decidido pasar la pelota al tejado de Bruselas con un planteamiento que pretende reescribir lo firmado en diciembre de 2019, o lo que es lo mismo, desafiando directamente el rechazo de las autoridades comunitarias a enmendar la solución de compromiso que reubica en el mar de Irlanda la frontera de facto entre el Reino Unido y la UE.

Su idea no es radicalmente nueva y pretende proteger la separación invisible, sin infraestructura física, entre Irlanda del Norte (perteneciente al Reino Unido) con la República de Irlanda, una cuestión anatema para ambas partes, ansiosas por preservar la paz sellada en 1998 con el Acuerdo de Viernes Santo, tras décadas de conflicto paramilitar. Si el problema es que los controles generan un Reino Unido de dos velocidades y menoscaban su soberanía post Brexit, al poner a Irlanda del Norte a la par con la UE, Londres propone eliminarlos mediante fórmulas basadas en la confianza y el reconocimiento mutuo de sus respectivas normativas.

Lo primero sería factible, siempre según la Administración de Boris Johnson, con garantías formales de que los productos que pasen de la isla de Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) a Irlanda del Norte permanecerán ahí, sorteando así los recelos comunitarios ante el riesgo de convertir a la región británica en una puerta de atrás que dé acceso descontrolado al mercado único. La cuestión regulatoria es más prosaica y retoma la manida ambición británica de establecer un sistema dual que permita que, aunque los estándares regulatorios del Reino Unido no equivalgan a los de la UE, sus bienes puedan ser vendidos igualmente en suelo norirlandés.

Pero si las sugerencias no fueran suficientes para irritar a una cúpula comunitaria que las había rechazado reiteradamente en el pasado, el Ejecutivo británico ha añadido la demanda de retirar del Tribunal de Justicia de la UE el rol de árbitro ante cualquier desencuentro que afecte al protocolo. Por todo, inevitablemente, la apuesta británica está condenada a una colisión frontal contra el muro de la Comisión Europea, pero el Ejecutivo de Johnson está resuelto a desplegar la misma obstinación, con la esperanza de que, a fuerza de repetir los problemas causados ya sobre el intercambio comercial, debido al incremento de papeleo, declaraciones aduaneras y, crucialmente, controles físicos, sus ex socios acaben claudicando con lo que hasta ahora consideraban una línea roja.

Ha sido el propio negociador británico para el Brexit, David Frost, el encargado de confirmar en la Cámara de los Lores los peores temores de Bruselas: que en lugar de asegurar el cumplimiento del protocolo, Londres aspira a reformularlo de raíz. Frost es consciente del envite, puesto que fue su esfuerzo el que había logrado definir la letra pequeña del acuerdo que sentaba las bases para la nueva relación con el bloque, el mismo que había encallado una y otra vez en la necesidad política, histórica y social, asumida por las dos partes, de evitar una frontera dura entre las dos Irlandas.

“No negamos que lo que planteamos son cambios significativos”, ha admitido en su comparecencia, pero los justificó en base a que “son necesarios” para trasladar “certidumbre y estabilidad” a los negocios británicos afincados en el Reino Unido, muchos de los cuales han dejado de operar hacia Irlanda del Norte, para ahorrarse la carga administrativa que ha supuesto la puesta en marcha del protocolo. “Hemos visto reducciones en productos en supermercados, hemos visto más de 200 proveedores que no quieren vender ya a Irlanda del Norte y hemos visto dificultades, ya no solo en la famosa carne refrigerada, sino en medicinas, o en el movimiento de animales y plantas”, ha denunciado, como argumento para demandar una ampliación del período de gracia acordado antes de que el protocolo se aplique en su integridad en octubre.

Son justamente estas consecuencias económicas las que, según Reino Unido, darían ya soporte a la activación del artículo 16 del acuerdo de Brexit, el botón nuclear que permite anular unilateralmente parte del mismo si se detectan daños económicos o sociales. Por ahora, el Ejecutivo de Johnson prefiere agotar la vía diplomática y, pese a que Frost ha considerado “evidentemente claro” que se dan las circunstancias para detonar la bomba, Londres necesita más que nunca de la connivencia de Bruselas, por lo que ha concluido que “este no es el momento adecuado”.

Tampoco sería la primera vez, puesto que la Comisión Europea había invocado ya el mecanismo en enero, en plena guerra de vacunas contra el coronavirus, pero las repercusiones en esta ocasión, en la que lo que está en juego para la UE es la protección del sacrosanto mercado común, podrían resquebrajar estructuralmente la relación diplomática entre dos ex socios condenados a entenderse, sobre todo en un contexto en el que el tiempo se acaba. A final de septiembre, entrará en vigor el protocolo en su integridad, lo que acarreará una monumental carga de papeleo adicional para las compañías radicadas en Gran Bretaña que quieran vender a Irlanda del Norte, fundamentalmente para los productos alimentarios, que necesitarán certificados sanitarios de exportación inéditos hasta ahora.