La amenaza tecnológica de China pone de acuerdo en el Senado de EE UU a demócratas y republicanos

Frente común en el Congreso para apuntalar la hegemonía de EE UU. La amenaza de la competencia tecnológica de China ha logrado salvar la brecha ideológica entre demócratas y republicanos y las dos bancadas del Senado han aprobado este martes, como cuestión de Estado, un amplio paquete legislativo para reducir la dependencia del gigante asiático. China es la prioridad número uno del presidente Joe Biden y la legislación persigue potenciar la industr...

Frente común en el Congreso para apuntalar la hegemonía de EE UU. La amenaza de la competencia tecnológica de China ha logrado salvar la brecha ideológica entre demócratas y republicanos y las dos bancadas del Senado han aprobado este martes, como cuestión de Estado, un amplio paquete legislativo para reducir la dependencia del gigante asiático. China es la prioridad número uno del presidente Joe Biden y la legislación persigue potenciar la industria local para superar la dependencia en elementos clave como los semiconductores, cruciales para la actividad del sector de la automoción y las telecomunicaciones. La iniciativa no solo demuestra el objetivo estratégico de contrarrestar la competencia china, también la intervención del Gobierno en la economía, un anatema hasta ahora para los republicanos.

El proyecto de ley, dotado con casi 250.000 millones de dólares que permitirán, entre otras acciones, la construcción de 10 fábricas locales de semiconductores -cuyo déficit ralentiza la actividad industrial y amenaza la recuperación-, superó a finales de mayo una votación de trámite en el Senado por 68 votos favorables frente a 30 contrarios, y este martes ha obtenido la luz verde definitiva, con un resultado casi idéntico (68 síes y 32 noes). La firmeza contra China ha demostrado ser la única bandera que suma voluntades en un Senado donde los demócratas cuentan con una mayoría exigua. El texto, de 2.400 páginas, debe pasar ahora a la Cámara de Representantes antes de ser rubricado por Biden.

La denominada Ley de Innovación y Competencia de EE UU es de hecho una propuesta bipartidista, animada por el senador demócrata Chuck Schumer y su par republicano Todd Young. El proyecto se remonta a febrero, cuando Schumer, líder de la mayoría demócrata en la Cámara alta, propuso la elaboración de una batería de medidas para fomentar el sector tecnológico, la industria y la investigación como respuesta a los desafíos de China, con inversiones en semiconductores, inteligencia artificial, robótica, computación cuántica y otras tecnologías punta. El borrador recibió aportaciones de media docena de comités del Senado, lo que subraya el consenso bipartidista tras años de marcada polarización ideológica.

Entre otras provisiones, prevé destinar 54.000 millones de dólares a la industria de los semiconductores; casi 17.000 millones en I+D para garantizar las cadenas de suministro energético y 10.000 millones, para el sistema de aterrizaje humano de la NASA; en total, una suma de 195.000 millones para el capítulo de la I+D. Una iniciativa subyacente, pendiente de tramitación, planea destinar 81.000 millones de dólares para financiar de 2022 a 2026 la Fundación Nacional de Ciencias, la agencia gubernamental que es el buque insignia de la innovación tecnológica en el país.

“No es una ley menor. El hecho de que no haya habido pelea partidista [en la tramitación] no significa que no sea una de las leyes más importantes aprobadas en muchísimo tiempo. Miraremos atrás y veremos que en este momento Estados Unidos recuperó el control y avanzó tras varios años languideciendo, en el mejor de los casos”, dijo a finales de mayo el senador Schumer, en declaraciones recogidas por el portal Axios. El veterano demócrata ha recordado esta semana que EEUU destinaba hasta ahora menos del 1% del PIB a I+D, menos de la mitad que China. “La legislación bipartidista será la mayor inversión en investigación e innovación en generaciones, lo que permitirá a EEUU liderar el mundo en las industrias del futuro”, apostilló este martes.

El proyecto de ley abre también la puerta a nuevas sanciones contra Pekín por su violación de derechos humanos en lugares como Xinjiang, cuna de la minoría uigur; encarga un nuevo estudio sobre el origen del coronavirus e insta al boicot diplomático de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Incluso autoriza una partida específica de 300 millones de dólares para contrarrestar la influencia política del Partido Comunista Chino, según el diario The Washington Post.

No es casualidad que el mismo día que el Senado ha dado luz verde a la Ley de Innovación y Competencia, la Casa Blanca anunciara la creación de “una fuerza de choque”, liderada por la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, para contrarrestar la escasez a corto plazo de semiconductores y otros materiales básicos en las cadenas de suministro, es decir, para combatir la competencia desleal china, a la que Washington atribuye la disrupción del abastecimiento de insumos tales como los imanes de neodimio, usados en la automoción y otras industrias, y cuyo suministro depende del país asiático.

La decisión de crear esa fuerza de choque es el resultado de una evaluación durante 100 días de sectores esenciales. La investigación ha revelado cuatro especialmente sensibles a la interrupción del suministro: la fabricación de semiconductores; las baterías de gran capacidad, como las de los coches eléctricos; los minerales raros y principios activos farmacéuticos. Productos muy distintos con un denominador común: la dependencia de terceros. Una dependencia que quedó de manifiesto en la fase inicial de la pandemia, con insuficientes equipos de protección y materiales sanitarios básicos acaparados por China.

La escasez de semiconductores es un fenómeno global que no solo afecta a EE UU, y fuentes del sector consideran que no podrá superarse al menos hasta mediados de 2022, según expertos citados el lunes por el diario Financial Times. Con consecuencias geopolíticas indudables, Taiwán podría convertirse en el ojo del huracán de la rivalidad sino-americana, dada la creciente demanda de Washington a la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el proveedor alternativo más solvente, para que incremente su producción, algo que la empresa no ve posible antes de 2023 pese a sus millonarios planes de invertir en una fábrica en Phoenix (Arizona). También el gigante estadounidense Intel anunció recientemente una inversión de 20.000 millones de dólares en dos nuevas plantas en ese Estado. Pero la sequía que sufren tanto Arizona como Taiwán es un serio hándicap a la hora de agilizar la producción, dada la necesidad de agua en abundancia para fabricar chips.

Ecos de la Guerra Fría

Taiwán como hipotético punto de ignición de la rivalidad entre Pekín y Washington ayuda a reenfocar definitivamente la política exterior de la Casa Blanca-mientras suelta lastre en Afganistán o Irak y soslaya en lo posible el conflicto palestino-israelí, por no hablar de la situación de Venezuela- para apuntar directa y casi únicamente a China y su esfera de influencia. En torno a los diminutos microchips resuenan ecos de la Guerra Fría elevados a la enésima potencia. “Alrededor del mundo, los regímenes autoritarios huelen la sangre”, dijo recientemente en el Senado Schumer. “Creen que democracias como la nuestra no pueden unirse e invertir en las prioridades nacionales como hace un gobierno autoritario, centralizado y jerárquico [como el chino]. Están alentando que fracasemos para tomar el timón”.

Que un elemento tan pequeño como un semiconductor haya puesto patas arriba la economía global lo demuestra esta ley, el programa industrial más expansivo de la historia de EE UU y, desde luego, desde los años ochenta, cuando la competencia con Japón -a diferencia de China, aliado militar de EE UU- obligó a Ronald Reagan a adoptar algunas iniciativas a pequeña escala para potenciar la producción nacional, enseguida abandonadas. Pero la amenaza es ahora mayor, y el hecho de que China pueda utilizar la tecnología de la que dispone para incrementar la vigilancia y usarla eventualmente como arma de una guerra híbrida es una posibilidad que no se dio frente a Japón. De ahí que la semana pasada la Casa Blanca ampliara el veto a 59 empresas chinas sospechosas de vínculos con el conglomerado industrial-militar de la defensa.

Como recordaba el diario The New York Times esta semana, la nueva ley recuerda el programa Made in China 2025, presentado hace seis años y destinado a superar la dependencia tecnológica del exterior. Con seis años de retraso, cuatro de ellos bajo el mandato de Donald Trump, Washington emprende la misma senda, en una carrera desatada que puede disociar del resto a las dos grandes economías mundiales, aunque esté en juego la supremacía global. Mientras, los grupos de presión que representan en Washington los intereses de las grandes corporaciones se frotan las manos a la espera de posibles contratos.

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