La tensión armada aumenta en Estados Unidos
El presidente Biden agita a los sectores conservadores con una serie de acciones para regular la venta de armas ante el incremento de tiroteos masivos
La ira se apoderó por última vez de Phillip Adams el 7 de abril. Aquella mañana el exjugador de la NFL, la liga profesional de fútbol americano de Estados Unidos, entró a la casa del doctor Robert Lesslie en Carolina del Sur. Disparó con dos pistolas contra toda persona que encontró. Fueron asesinados el médico, de 70 años, su esposa Bárbara, de 69, y dos de sus nietos: Adah de 9 y Noah, de 5. Otros dos trabajadores, que se encontraban en la residencia arreglando el aire acondicionado, también fueron heridos y murieron días después en el hospital. El incidente dejó siete fallecidos incluyendo ...
La ira se apoderó por última vez de Phillip Adams el 7 de abril. Aquella mañana el exjugador de la NFL, la liga profesional de fútbol americano de Estados Unidos, entró a la casa del doctor Robert Lesslie en Carolina del Sur. Disparó con dos pistolas contra toda persona que encontró. Fueron asesinados el médico, de 70 años, su esposa Bárbara, de 69, y dos de sus nietos: Adah de 9 y Noah, de 5. Otros dos trabajadores, que se encontraban en la residencia arreglando el aire acondicionado, también fueron heridos y murieron días después en el hospital. El incidente dejó siete fallecidos incluyendo a Phillip, quien se suicidó a medianoche. Tenía 32 años.
La familia de Adams busca respuestas al violento episodio. El cerebro del jugador ha sido enviado a la Universidad de Boston para que científicos analicen si en él hay rastros de una encefalopatía traumática crónica, una enfermedad causada por repetidos golpes en la cabeza, común en los integrantes de la liga. Los familiares han descrito a la prensa local el rápido deterioro mental y la agresividad reciente de Adams, quien nunca logró superar el hecho de que las lesiones lo apartaran en 2015 de una carrera de solo cinco años.
El episodio de Carolina del Sur es una lúgubre anotación más en una larga lista de tiroteos cotidianos en Estados Unidos. Desde ese entonces y hasta este viernes se habían registrado 14 sucesos similares con 15 víctimas mortales de acuerdo al conteo que lleva Gun Violence Archive, una base de datos que monitorea hechos de violencia con armas. El más reciente había sido en Indiana, donde un exempleado de FedEx mató a ocho antiguos compañeros de trabajo en un almacén de Indianápolis.
La epidemia de la violencia armada en Estados Unidos no desapareció durante la pandemia. Solo pasó a un plano imperceptible. En 2020, 19.380 personas fueron víctimas mortales en un país que tiene más armas que habitantes, 393 millones para 328 millones. Solo en enero de 2021 se compraron 4.1 millones de pistolas, el mayor número para un mes desde 1998, año en que se inició el registro. Hay 10 millones de rifles de asalto en manos privadas desde que se permitió su comercialización en 2004.
Otras 24.000 vidas se perdieron también por suicidio. A pesar de tener el 4% de la población global, la nación registra el 35% de los suicidios con armas en todo el mundo. Más estadounidenses fallecen por balas que en accidentes de coches.
El presidente Joe Biden se ha decidido a enfrentar el problema. Su Gobierno ha anunciado seis acciones ejecutivas que pretenden atender un problema de salud pública resaltado por tiroteos como los de Boulder (Colorado), con 10 víctimas en un supermercado, y el Atlanta (Georgia) donde seis mujeres de origen asiático fueron asesinadas en un spa.
El Departamento de Justicia evitará la proliferación de las “armas fantasmas”, unos kits que contienen piezas separadas que permiten ensamblarlas en menos de 30 minutos y que son difíciles de rastrear. También regulará los adaptadores que dan más estabilidad a las armas cortas, como el que usó el asesino de Boulder. El Gobierno publicará en los próximos 60 días la legislación de “alerta roja”, que permite a las autoridades impedir temporalmente el acceso a armas a personas inestables mentalmente que fueron denunciadas por familiares o policías. Una norma nacional de este tipo habría hecho más difícil conseguir pistolas al atleta Adams y al asesino de FedEx, pues sus familias mostraron preocupación por sus conductas recientes.
La determinación de Washington ha sido reconocida por el movimiento que exige una regulación menos laxa. “Las acciones anunciadas reflejan el compromiso para reducir la violencia inclusive si el Congreso no actúa”, considera Josh Sugarman, director del Violence Policy Center, una organización de Washington. El especialista considera que en los próximos años se verán más esfuerzos de la Administración federal y de los Estados en favor de mayores controles. El 57% de los estadounidenses cree que las leyes de ventas de armas deben ser más estrictas, según una encuesta reciente de Gallup. La cifra ha caído un 7% entre 2019 y 2020, un año que registró un aumento de 40% en la venta de armas, rozando los 40 millones.
La acción de Washington también desencadenó una reacción de los sectores conservadores. El gobernador de Texas, Gregg Abbott, comunicó horas después del anuncio de Biden que su estado aprobaría leyes que protegieran los derechos de la segunda enmienda constitucional. El Senado estatal votará una ley que pretende eliminar la necesidad de tener un permiso para portar armas en lugares públicos. Normas similares aguardan su aprobación en bastiones republicanos como Tennessee y Carolina del Sur, donde la moción fue avalada por la cámara baja el mismo día en que Phillip Adams mató a seis personas. En este estado cada 10 horas muere alguien por un tiro.
Los senadores republicanos serán claves para dar a Biden una cabeza que dirija la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF por sus siglas en inglés), otra herramienta necesaria en la lucha por reducir la violencia. “Es el organismo encargado de vigilar el movimiento ilícito de armas y las armerías. Lleva más de cinco años sin un director permanente. Es un punto muy interesante. Armar a la agencia para hacer que funcione”, considera Eugenio Weigend, director del área de prevención de la violencia con armas del organismo independiente Center for American Progress.
La apuesta de Biden para la ATF es David Chipman, un asesor de Giffords, un centro de políticas públicas enfocado a la regulación que toma el nombre de la congresista de Arizona que sobrevivió a un atentado en 2011. Antes de ser un activista, Chipman fue un funcionario en el escuadrón de élite de la agencia, donde seguía la pista a casos de tráfico de alto perfil. El Gobierno demócrata necesita 51 votos en la cámara alta para lograr el nombramiento.
Weigend destaca que el mandatario haya solicitado al Departamento de Justicia un reporte sobre el trasiego de armas interestatal. La última edición de un informe de este tipo se hizo hace 21 años. “Estamos hablando de que entre 2010 y 2019 más de 500.000 armas fueron traficadas de un estado a otros y no conocemos mucho al respecto”, afirma citando datos no oficiales.
Las policías son otro ingrediente del peligroso cóctel de la cultura de armas. Esta semana una agente blanca de la policía de Brooklyn Center (Minneapolis) confundió su arma de fuego con una pistola paralizante, matando durante un arresto a Daunte Wright, un joven afroamericano de 20 años que estaba desarmado. La indignación por la brutalidad policial también aumentó después de que fueran publicadas las imágenes de una persecución en Chicago (Illinois), donde un uniformado, también blanco, disparó contra Adam Toledo, un latino de 13 años.
La muerte de policías sigue siendo baja para un país fuertemente armado y donde los ciudadanos tienen 25 veces más posibilidades de ser heridos de bala que otros países desarrollados. En 2020, 48 policías fallecieron por disparos, un 6% menos que los 51 muertos en 2019, de acuerdo al Fondo Nacional de oficiales de la ley. La covid-19 fue la principal causa de muertes para los policías el año pasado. “Ser policía no es una ocupación especialmente peligrosa, pero su papel es parte de una amplia discusión nacional sobre el racismo institucional”, explica el activista anti armas John Lindsay-Poland. Hasta 2019, sin embargo, las armas eran la principal causa de muerte para los niños y adolescentes afroamericanos.