Un policía implicado en el homicidio de un abogado bajo custodia en Colombia se enfrenta a una pena de 20 años

Juan Camilo Lloreda Cubillos, uno de los dos patrulleros implicados el pasado septiembre en el homicidio del abogado Javier Ordóñez bajo custodia policial en Bogotá, un episodio de brutalidad que detonó una oleada de protestas contra la fuerza pública, ha aceptado su responsabilidad en un acuerdo con la Fiscalía de Colombia. El expolicía será formalmente condenado a 20 años de prisión a finales de este mes.

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Juan Camilo Lloreda Cubillos, uno de los dos patrulleros implicados el pasado septiembre en el homicidio del abogado Javier Ordóñez bajo custodia policial en Bogotá, un episodio de brutalidad que detonó una oleada de protestas contra la fuerza pública, ha aceptado su responsabilidad en un acuerdo con la Fiscalía de Colombia. El expolicía será formalmente condenado a 20 años de prisión a finales de este mes.

“Lloreda Cubillos admitió los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, y colaborará con el pleno esclarecimiento de lo ocurrido. Adicionalmente, se comprometió a realizar un acto público de perdón dirigido a las víctimas como componente de reparación y muestra de arrepentimiento”, informó este martes la Fiscalía. Su compañero, Harvy Damián Rodríguez Díaz, no alcanzó un acuerdo, se expone a una pena más severa y enfrentará un juicio penal por los mismos delitos de homicidio y tortura agravados.

Las imágenes del momento en el que los policías descargan en repetidas ocasiones sus pistolas taser contra Ordóñez la madrugada del 9 de septiembre en Bogotá inundaron las redes sociales y conmocionaron a Colombia. En el video, se observa cómo los patrulleros se arrodillan encima del ingeniero y abogado, padre de dos hijos, a semejanza del episodio de la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Varios testigos grabaron la escena durante más de dos interminables minutos, en los que se escuchan las súplicas de Ordóñez para que se detengan. “Me ahogo”, advierte agitado en medio de los electrochoques. “Les está diciendo que por favor, los estamos grabando”, les advierten esos testigos a los patrulleros, que no se detuvieron hasta que llegaron más uniformados a trasladarlo a un CAI cercano. Allí fue golpeado y falleció antes de llegar a una clínica.

Su muerte desató la ira ciudadana, que se tradujo en dos caóticas jornadas de protestas, disturbios y represión policial que se saldaron con la muerte de 13 civiles en la capital colombiana y el vecino municipio de Soacha. Los CAI, esa suerte de pequeñas estaciones policiales, se convirtieron en el principal blanco de los manifestantes. En el marco de las protestas, el Gobierno de Iván Duque defendió a la policía como institución, denunció la supuesta infiltración de organizaciones criminales y sostuvo que se debe individualizar la responsabilidad de los crímenes perpetrados por uniformados las noches del 9 y 10 de septiembre. El mandatario incluso visitó en su momento un CAI y posó con una chaqueta de la policía en unas fotografías que le valieron una avalancha de críticas por ignorar a las víctimas de la brutalidad de la fuerza pública.

El uso excesivo de la fuerza y los abusos policiales se han instalado con fuerza en el debate público en Colombia desde la oleada de manifestaciones contra el Gobierno de Duque a finales del 2019, antes de la irrupción de la pandemia del coronavirus. Durante esas masivas protestas, un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía mató durante una marcha pacífica en el centro de Bogotá a Dilan Cruz, un joven manifestante que se convirtió en un símbolo. La imagen de las fuerzas de seguridad se ha resquebrajado en medio del clamor por reformas en la formación de policías y militares. Aunque la protesta social se ha visto desactivada en el último año por las medidas de confinamiento, las denuncias de abusos policiales han sido frecuentes aún en medio de la pandemia.