Colombia rememora a Dilan Cruz un año después de su muerte a manos de la policía
Los familiares del joven estudiante luchan contra la impunidad de los agentes que reprimieron las protestas
A un año de las protestas sociales más multitudinarias que se recuerden en la historia reciente de Colombia ha pasado mucho en el país: la pandemia, que ya deja más de 35.000 muertos, el recrudecimiento de la violencia política y el amontonamiento de denuncias por abuso policial que siguen sin respuesta. En la familia de Dilan Cruz, el estudiante que se convirtió en rostro de las protestas...
A un año de las protestas sociales más multitudinarias que se recuerden en la historia reciente de Colombia ha pasado mucho en el país: la pandemia, que ya deja más de 35.000 muertos, el recrudecimiento de la violencia política y el amontonamiento de denuncias por abuso policial que siguen sin respuesta. En la familia de Dilan Cruz, el estudiante que se convirtió en rostro de las protestas y fue asesinado por el disparo de un agente de la Policía, lo han vivido como un año de “lucha contra la impunidad”. “El responsable del asesinato de mi hermano sigue libre, como si no hubiese cometido ningún delito, sin ser sancionado. Y el proceso aún está en la justicia penal militar”, escribió Denis Cruz, hermana del joven.
El capitán Manuel Cubillos, que disparó con una pistola calibre 12 con una munición tipo bean bag, en efecto se encuentra en libertad, sigue trabajando y su proceso avanza en la justicia penal militar, que juzga a los miembros de la fuerza pública. Sin embargo, la familia de Cruz y sus abogados del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos exigen que el caso sea investigado por la justicia ordinaria. La justicia militar- ha dicho el abogado Fernando Rodríguez Kekhan-, no es “imparcial” y tiene un largo prontuario de impunidad a favor de los militares y policías. Para ellos, no se trata de un acto de servicio sino de una violación a los derechos humanos porque “el agente no tomó las precauciones para el uso del arma, disparó a menos distancia de la recomendada por el fabricante; hubo uso innecesario de la fuerza y la evidencia en video muestra que apuntaba a un objetivo, que era Dilan”, agregó Rodríguez. Por eso pedirán que, si es necesario, el caso llegue a instancias internacionales.
En la Procuraduría, que lleva la investigación disciplinaria, el caso también ha tenido idas y vueltas. En septiembre, pasó a evaluación de las pruebas para definir si se formulan cargos al policía o si se archiva el proceso. Desde entonces, el investigado ha presentado apelaciones y recusaciones contra los delegados de la Procuraduría y una tutela, es decir, una demanda, en la que pide que se hagan nuevas pruebas. La familia y decenas de ciudadanos se reunieron este lunes en la esquina del centro de la ciudad donde el joven recibió el disparo, para hacerle un homenaje. Hasta el sitio llegó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pero fue abucheada y debió irse protegida por su esquema de seguridad.
El caso de Dilan Cruz no ha sido el único que recuerda los excesos policiales en la oleada de movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque. De hecho, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Gobierno ofrecer disculpas a la ciudadanía por los abusos cometidos durante esos días de noviembre de 2019 y el retiro del modelo de pistola calibre 12 con la que murió Cruz. El Tribunal encontró que el Estado reprimió de forma “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” las manifestaciones ciudadanas. Al menos 36 personas fueron víctimas de lesiones oculares y otras heridas que requirieron hospitalización.
La orden al Gobierno Nacional que, en principio evitó ofrecer excusas, se dio en el marco de una nueva ola de denuncias de excesos que tienen a la fuerza pública en su peor momento de imagen ciudadana. En septiembre de 2020, durante nuevas protestas por la muerte de Javier Ordóñez, mientras estaba bajo custodia de agentes que le impedían respirar, la Policía respondió con disparos de arma de fuego que dejaron 13 muertos en Bogotá. La alcaldesa calificó esas noches como una masacre y exigió al Gobierno central que entregue información sobre los agentes que dispararon contra los ciudadanos.
Esto, mientras en la vecina ciudad de Soacha, otras nueve personas murieron quemadas dentro de una estación policial. El caso pasó desapercibido durante más de tres meses hasta que un concejal de Bogotá denunció que estaba siendo ocultado por la gravedad del hecho. “Había alrededor de 20 chicos presos en la estación y a sus familias les impedían entrar a verlos. Un chico (detenido) prendió una cobija en llamas y, segundos después, el fuego se intensificó por un artefacto que, según los familiares fue lanzado por la Policía”, dijo Diego Cancino, concejal por el Partido Verde. Ante las llamas- asegura- los agentes salieron pero dejaron encerrados a los detenidos. “No permitieron el uso extintores y dejaron prender en llamas a los muchachos”. Los detenidos fueron muriendo en hospitales y se conocieron vídeos estremecedores de las madres lanzando agua dentro de la estación para intentar salvar a sus hijos. Ahora, tanto el concejal como las madres denuncian haber recibido amenazas de muerte.
Ni en este caso, o el de los 13 muertos de Bogotá y en el de Dilan Cruz, los familiares sienten que haya avances con la justicia.