Más de 37.000 funcionarios chilenos piden la ayuda al desempleo y el Gobierno les exige devolverla

La Fiscalía chilena inició una investigación para indagar a 37.100 funcionarios que, pese a no perder su trabajo en la pandemia ni sufrido rebajas de sus sueldos, pidieron al Estado un bono de ayuda a la clase media, una medida impulsada por el Gobierno para arropar a este sector en medio de la crisis sanitaria de la covid-19. El ...

La Fiscalía chilena inició una investigación para indagar a 37.100 funcionarios que, pese a no perder su trabajo en la pandemia ni sufrido rebajas de sus sueldos, pidieron al Estado un bono de ayuda a la clase media, una medida impulsada por el Gobierno para arropar a este sector en medio de la crisis sanitaria de la covid-19. El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio un plazo hasta el 30 de noviembre para que se reintegren los montos a través de la misma página web del organismo. “Quienes no lo devuelvan probablemente tengan un reproche penal intenso”, indicó el fiscal nacional, Jorge Abbott.

El bono a la clase media fue una de las medidas impulsadas por la Administración de Sebastián Piñera (2018-2022) para ayudar a los trabajadores dependientes y autónomos o empresarios individuales cuyo promedio mensual de sueldos en 2019 haya sido entre 500 y 2.500 dólares. Para optar al beneficio, los ingresos formales debían haberse reducido al menos en un 30% en medio de la pandemia, que en Chile se desató en marzo y que provocará una caída del 6% del PIB en 2020, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). La ayuda consistía en un aporte fiscal directo de un máximo de 630 dólares, no reembolsable. El proceso para pedirlo vía Internet no era demasiado estricto, pero apelaba a la honestidad de los solicitantes, cuyos datos serían luego corroborados.

A la fecha, unas 1.663.620 personas han recibido este bono. El SII identificó a 437.703 trabajadores dependientes que accedieron a la ayuda luego de declarar que en julio recibieron menos remuneraciones. De ellos, 37.100 son funcionarios, entre los que se cuentan personas que se desempeñan en la propia Fiscalía y en la Contraloría General de la República, que también investiga el caso. “Vamos a ver qué nos dicen nuestros funcionarios, por qué razón cobraron ese bono. Y probablemente algunos tengan explicación y otros no. Los que no tengan tendrán algún reproche por parte nuestra en el ámbito administrativo, sin perjuicio del reproche penal que corresponda”, indicó Abbott en una conversación sostenida el viernes a través de una red social. La Fiscalía, que designó a la persecutora Carmen Gloria Wittwer para tomar en sus manos el caso, pidió la lista completa al SII de los trabajadores cuestionados.

De acuerdo al fiscal nacional, si un funcionario público de alto nivel solicitó el monto de ayuda del Estado, “el reproche debe ser muy intenso”, a diferencia de lo que ocurriría con un auxiliar o administrativo. Hasta ahora, al menos unas 15.000 personas ya han devuelto el dinero, de acuerdo a la información del SII. Actualmente, en la web del organismo a cargo de los impuestos en Chile existe una pestaña para realizar la reintegración de la ayuda a la clase media “sin reajustes, multas ni intereses”. Las entregas a personas que no eran beneficiarias implicaron al Estado un desembolso de unos 256 millones de dólares.

La diputada de oposición Gael Yeoman, presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, había propuesto sin éxito que se perdonara a los trabajadores que recibieron el bono sin cumplir con los requisitos. “(El presidente) Piñera no puede tratar de delincuentes a casi medio millón de personas y amenazarlas con enfrentar a la Justicia”, indicó la diputada de Convergencia Social, que pertenece al conglomerado Frente Amplio. “Es totalmente inmoral que intenten perseguirlos, sin asumir los costos de la improvisación del Ministerio de Hacienda con esta ley que tuvo graves problemas de implementación”, señaló Yeoman.