Human Rights Watch acusa a Chipre de devolver en caliente a Líbano a unos 200 migrantes
La ONG recoge testimonios de abuso de la fuerza por parte de los guardacostas grecochipriotas
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado este martes a Chipre de haber llevado a cabo devoluciones en caliente de unos 200 migrantes libaneses que buscaban asilo en la isla del Mediterráneo oriental, que forma parte de la UE. Según la organización, durante la primera semana de septiembre, la Guardia Costera chipriota “rechazó, abandonó, expulsó o devolvió” a dos centenares de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo “sin darles la oportunidad” de pedir protección internacional.
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La ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado este martes a Chipre de haber llevado a cabo devoluciones en caliente de unos 200 migrantes libaneses que buscaban asilo en la isla del Mediterráneo oriental, que forma parte de la UE. Según la organización, durante la primera semana de septiembre, la Guardia Costera chipriota “rechazó, abandonó, expulsó o devolvió” a dos centenares de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo “sin darles la oportunidad” de pedir protección internacional.
Entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre pasados, los guardacostas grecochipriotas intentaron evitar el desembarco en Chipre de hasta siete pateras que habían partido desde Trípoli (Líbano), según los relatos de una quincena de personas de origen sirio y libanés que la ONG pudo recoger. Las autoridades les gritaban mientras les mostraban armas para amenazarlos. "El hecho de que ciudadanos libaneses se unan ahora a refugiados sirios en barcos para huir del Líbano y buscar asilo en la Unión Europea es una señal de la gravedad de la crisis que enfrenta ese país”, ha declarado Bill Frelick, director de derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch. Muchos libaneses entrevistados por HRW aseguran que se sentían obligados a abandonar el país debido a la “terrible” situación económica. “La mayoría dijo que no tenía ingresos y se estaba quedando sin forma de alimentar a sus hijos”, dice la ONG. Los refugiados sirios entrevistados expresaron los mismos problemas económicos, a los que añaden también la discriminación que sienten por venir de Siria.
Según estos relatos recogidos por HRW, los guardacostas navegaron en círculos a gran velocidad para crear un oleaje que pudiera anegar o volcar sus botes. En algunos casos, desactivaron sus motores y los dejaron a la deriva sin agua ni comida. En otros, llegaron a transferirlos a embarcaciones civiles para devolverles directamente a Líbano. En una ocasión, el 3 de septiembre, una embarcación metálica de la Guardia Costera embistió contra un bote de madera lleno de gente, hiriendo a varios niños y una mujer. Algunos de los migrantes confesaron a la ONG que las autoridades fronterizas les pegaron.
Varios testigos y las víctimas en dos barcos que regresaron al Líbano aseguraron que la policía marina de Chipre esposó y golpeó a aquellos que se resistieron a ser devueltos al país del que zarparon. Bassem, de 47 años, un ciudadano libanés cuyo nombre completo se mantiene oculto para su protección, dijo a HRW que comenzó a gritar para que el bote se detuviera cuando vio a una pareja saltar por la borda después de descubrir que el bote se dirigía de aguas chipriotas de regreso a Líbano el 6 de septiembre. “Les grité que rescataran al hombre y la mujer que se lanzaron al mar, pero me empezaron a golpear, me esposaron y me golpearon con [un tipo de] palos que se utilizan para descargas”, dijo.
Sin respuesta
Cuando la organización en defensa de los derechos humanos intentó contrastar estas declaraciones con las versiones de los Gobiernos de Chipre y Líbano, no recibió respuesta. Desde hace ya unos años Nicosia asegura que la isla no puede recibir más refugiados ni inmigrantes económicos, que “ha llegado a su límite” y no tiene capacidad para acoger a nadie más, por lo que solicita la solidaridad de otros países de la Unión Europea, de la que forma parte. Según las autoridades chipriotas, más del 3,5% de la población de Chipre son solicitantes de asilo. “Chipre debe considerar sus solicitudes de protección de manera completa y justa y tratarlos de manera segura y con dignidad en lugar de ignorar las obligaciones de los botes de rescate en peligro y no participar en expulsiones colectivas”, ha declarado Frelick.
Chipre firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951 y su Protocolo en 1967. En 2009 incorporó a su legislación nacional la directiva sobre procedimientos de asilo de la Unión Europea.