Suiza vota si pone fin a la libre circulación de personas con la UE

Suiza pone a prueba su relación con la UE con la votación este domingo de una iniciativa impulsada por la derecha nacionalista para reducir la inmigración, una propuesta que apunta directamente contra el núcleo de los acuerdos del país con Europa, ya que reclama la suspensión de la libre circulación de personas en vigor desde 2002. El resto de partidos, las principales patronales y sindicatos rechazan la iniciativa con el argumento de que supondría una ruptura con los Veintisiete, su principal socio comercial, de graves consecuencias para la economía en un momento de incertidumbre por la crisi...

Suiza pone a prueba su relación con la UE con la votación este domingo de una iniciativa impulsada por la derecha nacionalista para reducir la inmigración, una propuesta que apunta directamente contra el núcleo de los acuerdos del país con Europa, ya que reclama la suspensión de la libre circulación de personas en vigor desde 2002. El resto de partidos, las principales patronales y sindicatos rechazan la iniciativa con el argumento de que supondría una ruptura con los Veintisiete, su principal socio comercial, de graves consecuencias para la economía en un momento de incertidumbre por la crisis de la pandemia.

“Las empresas ahora necesitan estabilidad, no experimentos arriesgados”, ha argumentado en contra de la iniciativa la consejera federal de Justicia (equivalente al cargo de ministra), Karin Keller-Sutter. Tanto el Gobierno como el resto de partidos en el Parlamento y los agentes sociales han hecho un llamamiento por el no en esta consulta popular con aroma a Brexit y han destacado los beneficios de la relación de Suiza con la UE, de la que no forma parte pero con la que ha construido un entramado de acuerdos bilaterales que dan al rico y pequeño Estado en el corazón de Europa un amplio acceso sin barreras al mercado comunitario. La aprobación de la consulta, que reclama la anulación de la libre circulación en el plazo de un año si no se llega a un consenso para suspenderla con la UE, podría hacer caer el resto de acuerdos como fichas de dominó.

Las encuestas apuntan a un rechazo claro -en torno al 60%- de la propuesta de los ultranacionalistas del SVP (Partido Popular Suizo en sus siglas en alemán). Pese a ello, estos no tiran la toalla tras dar la campanada en 2014 y lograr que los votantes aprobaran por un escaso margen otra iniciativa contra “la inmigración masiva” que fue descafeinada después en el Parlamento para preservar precisamente la libre circulación de personas, condición básica para mantener los pactos con Bruselas.

Ahora el SVP, que ha experimentado un retroceso en los últimos años pero aún es la primera fuerza en el Parlamento con un 25,6% de los escaños, vuelve a la carga. “Queremos recuperar el mando sobre la inmigración, volver a decidir a quién necesitamos y reclutarlo en el exterior”, defiende por teléfono Marcel Dettling, diputado y responsable de la campaña del SVP. Dettling asegura que tras la acogida “de un millón de personas, dos terceras partes procedentes de la UE, en 13 años”, la situación es insostenible de cara al futuro por la presión sobre el mercado laboral, el transporte o la vivienda. En el país, de 8,6 millones de habitantes (una cuarta parte de ellos extranjeros), viven unos 1,4 millones de ciudadanos comunitarios y más de 300.000 de los países vecinos (sobre todo de Francia, Alemania e Italia) cruzan diariamente la frontera para trabajar en la confederación alpina. El Gobierno federal recalca que el saldo migratorio de ciudadanos de la UE (más Noruega, Islandia y Liechtenstein), pese a algunos repuntes, se ha reducido entre 2013 y 2018 a la mitad, de 61.000 a 30.900 personas y que se han tomado medidas para la población local más vulnerable en el mercado laboral y para mantener el alto nivel salarial en el país, con un paro tradicionalmente muy bajo.

Además, el SVP “olvida que los suizos también emigran a la UE”, a donde la libre circulación de personas ha llevado sin trabas a más de 470.000 helvéticos, abunda en una conversión telefónica la socialdemócrata Samira Marti. La diputada destaca la aportación de los migrantes al bienestar y crecimiento de Suiza, y concretamente durante la pandemia, en la que muchos han estado en primera línea “de servicios básicos y han sido aplaudidos por su aportación” para frenar el virus, que de momento suma 51.864 contagios y 1.778 fallecidos. “El domingo hay mucho en juego”, recalca.

Lo subraya también el resto del amplio frente contra la iniciativa al recordar que la libre circulación de personas con la UE va ligada a otros seis acuerdos bilaterales de supresión de barreras comerciales, regulación del transporte, la agricultura y la participación suiza en programas de investigación comunitarios. Suprimir la libre circulación activaría la llamada “cláusula guillotina”, por la que el resto de los acuerdos se anularían automáticamente. “Aquí no hay nada que ganar en términos económicos. Al contrario, Suiza arriesgaría perder el acceso al mercado único, de lejos el más importante con un 55% de las exportaciones”, sentencia por correo electrónico Jan Atteslander, jefe de relaciones internacionales de la patronal Economiesuisse. Además, el país es para la UE “el cuarto socio comercial” tras Estados Unidos, China y el Reino Unido.

El SVP, mientras, intenta minimizar el impacto que supondría la anulación. “La UE ya tiene enormes problemas por la salida del Reino Unido, con la que desaparece su segunda vaca lechera en ingresos. Necesita dinero para financiar a los socios del sur y del este, por eso creo que Suiza sigue siendo un buen socio comercial y no estamos en la peor posición para negociar”, sostiene Dettling.

El Brexit y las complicadas negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE, sin embargo, muestran otra cara. “La UE ha demostrado con el Brexit que está absolutamente decidida a defender los principios de la integridad y reglas del mercado único. Y en el caso suizo, esa determinación sería aún más fuerte. La UE se ha beneficiado de los acuerdos bilaterales, pero sobre todo son importantes para las regiones fronterizas con Suiza. En el Este o en Irlanda esa relación no es tan esencial”, apunta Fabio Wasserfallen, profesor de Política Europea y codirector del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Berna.

A la sombra del Brexit, hay “menos disposición al compromiso” de soluciones específicas para los suizos porque Bruselas no quiere “sentar precedentes”, añade. Esa posición se ha hecho notar en las largas, y por momentos muy tensas, negociaciones entre Bruselas y Suiza, que en parte han coincidido con las del Brexit, para un nuevo acuerdo marco que reúna los principales pactos bilaterales, agilice la asunción del derecho comunitario por parte helvética y facilite la ampliación a nuevos compromisos. El nuevo tratado, con el borrador cerrado a finales de 2018, se mantiene congelado en Berna a la espera del resultado de este domingo y porque partidos y sindicatos se muestran divididos sobre la aprobación del texto, que también deberá pasar por las urnas si el Parlamento finalmente lo bendice.

Unos y otro pretenden retoques al acuerdo marco, pero Bruselas solo aceptaría precisiones a lo acordado y rechaza reabrir el melón tras años de discusiones. Ante la consulta de este domingo, la UE guarda silencio a la espera del resultado. “El acuerdo marco busca un camino, un nuevo modelo de relación para consolidar los pactos bilaterales, que la sociedad suiza ha confirmado una y otra vez en las urnas. La pregunta del domingo es si se rompe con lo conseguido hasta ahora”, resume Wasserfallen.