El fiscal para Yugoslavia alerta contra el discurso del odio que persiste en los Balcanes

En los Balcanes, las campañas electorales se apoyan cada vez más en el legado del pasado y su interpretación que en el futuro. Así lo ha observado Serge Brammertz, fiscal jefe del disuelto Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), que continúa su labor a través del denominado Mecanismo Residual. El...

En los Balcanes, las campañas electorales se apoyan cada vez más en el legado del pasado y su interpretación que en el futuro. Así lo ha observado Serge Brammertz, fiscal jefe del disuelto Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), que continúa su labor a través del denominado Mecanismo Residual. El jurista ha visto “políticos que rentabilizan el lenguaje del odio en sus discursos, y siguen adelante, incluso después de haber sido condenados por crímenes perpetrados en las guerras balcánicas (1991-2001)”. También afronta el 25 aniversario del genocidio de Srebrenica (1995), con una aspiración: conmemorado cada 11 de julio en la ciudad bosnia, Brammertz espera que la UE subraye el respeto al imperio de la ley como guía para el intento de acceso de nuevos países. En grado diverso, entre ellos figura Serbia, Montenegro o Bosnia-Herzegovina. Antiguos enemigos que no logran avanzar en la ruta de la reconciliación.

Las restricciones impuestas por la covid-19 se notarán también en Srebrenica, donde este año habrá una nueva inhumación de restos mortales y mensajes virtuales. En un encuentro telemático con la prensa extranjera acreditada en los Países Bajos, Brammertz reconoce que la reconciliación compete a la sociedad y a los políticos, no a los tribunales. “Pero hemos visto que no hay cooperación regional en materia de crímenes de guerra entre Serbia y Croacia”, admite. Y añade: “En la República Srpska [una de las dos entidades de Bosnia y Herzegovina] una comisión intenta reescribir lo ocurrido en Srebrenica. No está en los libros de Historia, y cada comunidad lo cuenta a su manera. En Serbia y Bosnia, un criminal de guerra no tiene la condena del TPIY en sus antecedentes penales, y un político puede así seguir adelante con su carrera”. De ahí que abogue porque la comunidad internacional trace una línea clara contra estos crímenes

En el caso de Srebrenica, la labor forense fue esencial para establecer un nexo entre los cerca de 8.000 varones musulmanes bosnios asesinados por las tropas serbobosnias (según cálculos de la Cruz Roja), y la cadena de mando política y militar. Fueron enterrados en diversas fosas comunes, y sacados luego de allí con maquinaria pesada para no dejar rastro, así que pedazos del cuerpo de una misma persona podían aparecer en varios lugares. De ahí que el equipo forense fuera reforzado con antropólogos, historiadores y analistas militares.

Brammertz recuerda que las principales fosas comunes se encontraron en septiembre de 1996 “y la sorpresa fue que apenas había unos pocos centenares de cadáveres en lugares donde se ejecutaron a 2.500 personas”. “Había que encontrar las fosas secundarias, pero solo pudimos visitar la escena del crimen un año después de cometido, y la identificación, prolija, fue posible gracias al análisis de la tierra, los cartuchos de las balas, o el tejido de las máscaras que tapaban los ojos antes de ser tiroteados. Las muestras coincidían con las de las fosas principales”. Interceptar las comunicaciones por radio fue otra de las claves, y en una de las conversaciones que pone como ejemplo la fiscalía averiguó cómo se calificaba a las víctimas. “Un envío, así las llamaban. Lo supimos al escuchar el diálogo entre el general serbobosnio Radislav Krstic y un coronel, que le pide más soldados porque tenía 3.500 paquetes para distribuir. Luego supimos que hablaban de los prisioneros musulmanes bosnios que tenía que matar”.

El genocidio, reconocido por el TPIY en la cadena perpetua impuesta al exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, y a su jefe político, Radovan Karadzic, reflejó que no se trata tanto del número de muertes sino de la intención de exterminio. Según los jueces, es también el efecto que produjo en la sociedad la muerte de los varones entre 13 y 70 años. Y el traslado forzoso de las mujeres para impedir la recuperación de su comunidad.