Brasil moviliza al Ejército para intentar contener la deforestación en la Amazonia

Tras debilitar los organismos de inspección ambiental con recortes presupuestarios en los últimos años, el Gobierno brasileño invierte ahora en la militarización como política de protección ambiental. Ante el crecimiento del 63,7% de las alertas de incendios y deforestación en la Amazonia Legal en el mes de abril, la respuesta de emergencia del presidente Jair Bolsonaro ha sido editar un decreto de Garantía de la Ley y el Orden que prevé utilizar las Fuerzas Armadas para proteger la selva duran...

Tras debilitar los organismos de inspección ambiental con recortes presupuestarios en los últimos años, el Gobierno brasileño invierte ahora en la militarización como política de protección ambiental. Ante el crecimiento del 63,7% de las alertas de incendios y deforestación en la Amazonia Legal en el mes de abril, la respuesta de emergencia del presidente Jair Bolsonaro ha sido editar un decreto de Garantía de la Ley y el Orden que prevé utilizar las Fuerzas Armadas para proteger la selva durante un mes. Bautizada como Operación Verde Brasil 2, la iniciativa se extenderá del 11 de mayo al 10 de junio y cuenta con 3.815 militares, 110 vehículos terrestres, 20 buques y 12 aviones. Todo esto a un coste de 60 millones de reales (11,25 millones de dólares), que se destinará principalmente a la logística y al movimiento de tropas en áreas aisladas y bases avanzadas. Esta cifra es prácticamente la misma que el presupuesto anual del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) para acciones de control e inspección ambiental en todo el territorio brasileño, que es de 76 millones de reales (14,25 millones de dólares), un 25% menos que en 2019.

El Gobierno de Bolsonaro se ha caracterizado por desmantelar los organismos de inspección, como el Ibama y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y por ejecutar políticas ambientales contrarias a la preservación. El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, afirmó en una reunión ministerial celebrada el 22 de abril que la pandemia de coronavirus era una “oportunidad” para relajar la legislación y “hacer pasar todo el ganado” (en el sentido de derribar el máximo de leyes medioambientales posibles de una vez), además de criticar al Poder Judicial por bloquear algunas de sus iniciativas. Ahora, la Operación Verde Brasil 2 arrincona todavía más al Ibama. Al contrario de lo que sucedió en la Verde Brasil 1, que se activó a finales del año pasado en un momento en que la situación de la selva había alcanzado un punto crítico, con el humo de las llamas oscureciendo el cielo de São Paulo y quemando la imagen del país internacionalmente, en esta ocasión los organismos de inspección quedan sometidos jerárquicamente a los militares.

Aunque se invierta un gran volumen de recursos en un corto período de tiempo, dejar la coordinación de las operaciones para reprimir los incendios y la deforestación en manos de las Fuerzas Armadas en lugar de los organismos de inspección especializados trae complicaciones y puede comprometer su eficacia. Un ejemplo es la primera acción de la Operación Verde Brasil 2 en la Amazonia. Según un informe obtenido por el periódico Folha de São Paulo, más de 90 agentes en dos helicópteros y varios vehículos realizaron una operación en el Estado de Mato Grosso contra madereros y aserraderos que terminó, según el periódico, sin multas, arrestos ni incautaciones. El Ibama había sugerido otro objetivo en la región y, según los inspectores, tenían pruebas sólidas de que se habían cometido ilegalidades. Los militares lo ignoraron.

Sin embargo, según el Gobierno, la iniciativa está teniendo éxito. En un comunicado de prensa divulgado el pasado lunes, el vicepresidente Hamilton Mourão, responsable de coordinar la operación, hizo un balance de la Verde Brasil 2: “Hasta el 21 de mayo, la Operación (...) se había incautado de casi 4.000 metros cúbicos de madera e iniciado la investigación de otros 3.000 metros cúbicos, se habían incautado también de 17 motosierras, 16 embarcaciones, 32 camiones y cuatro tractores”. Añadió que 26 personas fueron arrestadas por delitos ambientales y otros crímenes durante las acciones del Ejército, y que se impusieron multas por valor de 8,7 millones de reales (1,63 millones de dólares).

Que se destinen recursos a las tropas en lugar del Ibama es motivo de críticas por parte de la agencia medioambiental. “Si comparamos la efectividad y el coste de nuestras acciones con la efectividad y el coste de las acciones del Ejército, observamos una gran diferencia”, afirma un inspector del Ibama, que pidió que no se le identificara por temor a represalias. Tiene más de una década de experiencia en la lucha contra la deforestación y cita como ejemplo del éxito del Ibama una megaoperación en tierras indígenas en el sur del Estado de Pará, realizada a principios de abril. “Aquella acción acabó con la deforestación en esas tierras indígenas. Era el principal foco de deforestación en la Amazonia Legal en ese momento, y fue una acción del Ibama en conjunto con la Fuerza Nacional”, explica. El coste, según él, también fue significativamente menor. “No había más de 50 agentes en los tres frentes de la operación, y fue superefectivo. Nos llevó un mes y costó un máximo de 2 millones de reales (375.000 dólares), teniendo en cuenta que utilizamos un avión, que encarece el precio final. Mucho menos que los 60 millones de la Operación Verde Brasil 2”.

Sin embargo, las críticas no están dirigidas contra de la participación de las Fuerzas Armadas en la protección del medio ambiente, sino más bien contra el modelo de gestión adoptado, que “arrincona al Ibama y al ICMBio”. “Como inspector del Ibama, digo que queremos y necesitamos trabajar con otras fuerzas. Pero cada uno tiene que entrar con su especialización. La especialización del Ejército es la logística, el riesgo operacional. Son buenos en eso, mientras que nosotros tenemos práctica en montar operaciones y acciones contra delincuentes medioambientales. Esta es nuestra especialidad”, afirma.

Los ambientalistas destacan un punto positivo con relación a la Operación Verde Brasil 2: el momento en que se está llevando a cabo, ya que los meses de junio, julio y agosto son los más críticos con respecto a las quemas y la deforestación. Pero los expertos critican este modelo de protección forestal adoptado por el presidente Jair Bolsonaro. “El Gobierno se pasa el año entero alentando la deforestación, desmantelando el Ibama y el ICMBio con recortes presupuestarios y despidos, y luego pone al Ejército en su lugar”, dice Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red de entidades de la sociedad civil creada para discutir el cambio climático en el país. Para ilustrar el escenario de desmantelamiento de los organismos de control, la situación del Ibama es emblemática: entre 2019 y 2020 ha perdido un 25% de sus recursos, según datos del portal de transparencia del Gobierno.

La falta de compromiso del Ejecutivo con la preservación forestal también incluye eliminar profesionales. Astrini cita el caso reciente del despido de los funcionarios de carrera del Ibama Renê Luiz de Oliveira y Hugo Ferreira Netto Loss. Fue una represalia del Ministerio del Medio Ambiente después de que ambos aparecieran en un reportaje de la televisión Globo que mostraba la lucha contra los garimpeiros (buscadores de oro y diamantes), incluida la destrucción de sus equipos, prevista en las leyes medioambientales, aunque criticada por Bolsonaro. Finalmente, la ONG Human Rights Watch publicó el día 20 de mayo un informe en el que afirma que el cobro de multas por delitos contra el medio ambiente se ha paralizado desde octubre de 2019 debido a los cambios que ha realizado Bolsonaro, quien ya se ha referido más de una vez a “la industria de multas” ambiental. El Gobierno niega que se hayan suspendido las multas. El propio presidente fue multado por pesca ilegal en 2012, aunque el inspector responsable fue despedido tan pronto como el mandatario asumió el cargo, en 2019.

El propio Gobierno reconoce que los órganos de control están debilitados. El vicepresidente Mourão, por ejemplo, declaró que este tipo de operación es una alternativa al “poco personal” que tienen el Ibama y el ICMBio. “No podemos seguir empleando a las Fuerzas Armadas indefinidamente en este tipo de actividad, tenemos que reconstruir la capacidad del Estado brasileño de tener elementos de inspección y protección. ¿Y cuáles son? El Ibama y el ICMBio, obviamente, que tienen poco personal. Tenemos que poder aumentar esas plantillas”, afirmó el 11 de mayo, durante una entrevista concedida durante el lanzamiento de la Operación Verde Brasil 2.

Las divergencias entre el Gobierno y los organismos de control medioambiental van más allá de la Operación Verde Brasil. El recientemente creado Consejo Nacional del Amazonas, comandado por Mourão, tiene 19 miembros: todos son militares. No hay ningún representante del Ibama ni del ICMBio en el Consejo, responsable de coordinar las políticas públicas en la Amazonia Legal y las acciones de prevención, inspección y represión de actos ilícitos. Una atribución que, al menos según la ley, pertenecía al Ibama.

Para hacer este reportaje, EL PAÍS ha entrado en contacto con el Ibama, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Vicepresidencia de la República. El Ibama se ha negado a comentar sobre los recortes presupuestarios en la institución, la destitución de empleados o la reducción de su papel en las operaciones para combatir la deforestación en la Verde Brasil 2. El Ejército y el Ministerio de Defensa no han respondido.