Deportados a un país en guerra

Abulfaz, de cinco años, observa el mundo con desconfianza en sus enormes ojos almendrados. Apenas se despega de su abuelo, Nur Ahmed, de 55 años. “Muchas veces pregunta dónde está su madre, dice que la echa de menos”, explica una joven, también afgana, que comparte con ellos la caseta prefabricada donde duermen en el campo de registro e identificación para extranjeros de Fylakio, en el extremo noreste de Grecia. Entonces, Nur Ahmed le hace cosquillas en la barriga y le dice en tono bromista: “Tu madre ahora soy yo”. Pero en su mirada se advierte una profunda tristeza.

Grecia alberga, se...

Abulfaz, de cinco años, observa el mundo con desconfianza en sus enormes ojos almendrados. Apenas se despega de su abuelo, Nur Ahmed, de 55 años. “Muchas veces pregunta dónde está su madre, dice que la echa de menos”, explica una joven, también afgana, que comparte con ellos la caseta prefabricada donde duermen en el campo de registro e identificación para extranjeros de Fylakio, en el extremo noreste de Grecia. Entonces, Nur Ahmed le hace cosquillas en la barriga y le dice en tono bromista: “Tu madre ahora soy yo”. Pero en su mirada se advierte una profunda tristeza.

Grecia alberga, según datos de Acnur, a unos 6.800 afganos en las islas (el 45% del total de refugiados), y en los campos de la Grecia continental, como el de Fylakio, a otros 3.000. “Soy solo un pobre hombre”, dice Ahmed al arrancar su relato personal de cómo ha llegado a Grecia desde la lejana Afganistán, a casi 5.000 kilómetros. A finales de 2017 perdió su trabajo como peón de construcción en su ciudad, Gazni (en el este del país), y estuvo desempleado durante medio año. Hasta que un conocido le ofreció entrar de cocinero en el complejo de una de las organizaciones internacionales que trabajan en la reconstrucción de un Afganistán devastado por cuatro décadas de guerras y conflictos.

Cuando llevaba tres meses en su nuevo empleo, varios barbudos a los que no conocía —no sabe si a sueldo de los talibán, el ISIS o Al Qaeda— se presentaron en su hogar y le ofrecieron 5.000 dólares (unos 4.400 euros) por dejar abierta la puerta del complejo en el que trabajaba. “Les dije que lo sentía, pero que no podía hacerlo", asegura. "Si no lo haces, te mataremos a ti y a toda tu familia”, afirma que le replicaron.

“Después de lo que ocurrió esa noche, fui a la policía y les di el teléfono del que me había amenazado. Pero los policías rompieron en pedazos el papel y me dijeron que me fuera: 'No eres el hijo del presidente ni de un ministro [para que te amenacen]”. Sin embargo, a los días, cuando Nur Ahmed había llevado a su nieto al hospital, le telefoneó un vecino: “Hay un tiroteo en tu casa”. Cuando regresó, vio tres cadáveres en el suelo. “Mi hijo, mi nuera, mi esposa, estaban muertos. Caí inconsciente, no sé cuánto tiempo. Cuando recuperé el conocimiento, los vecinos habían enterrado los cadáveres. Entonces decidí que teníamos que irnos de Afganistán”.

Ahora está detenido en Fylakio. Un campamento con capacidad para 240 personas —aunque en ocasiones alberga a más— dividido en pequeños bloques compuestos por una decena de casetas prefabricadas, cerrado por vallas, y del que no pueden salir. Aquí son traídos aquellos que penetran en territorio griego de manera irregular. “A quienes tienen perfil de refugiado —sirios, iraquíes, turcos, grupos vulnerables— se les deja libres con un documento que los identifica como solicitantes de asilo. Pero a los que no se les considera con ese perfil, normalmente los paquistaníes y afganos, especialmente si son hombres solos, son reenviados al centro de deportación, para su posterior expulsión o para que su petición de asilo sea examinada”, explica Margaritis Petritzikis, representante de Acnur en Fylakio.

El proceso puede significar, por tanto, muchos meses de detención, lo que implica que Nur Ahmed no podrá avanzar en su ruta hacia Suecia, donde reside su hija, ni trabajar para devolver la deuda que contrajo con su yerno para pagar a los traficantes que le trajeron hasta Europa. Y, entretanto, vivir con el temor de que le fuercen a regresar al Afganistán del que huyó.

Desde 2015, más de 265.000 afganos han llegado a la UE, de acuerdo con las cifras de Acnur. Entre sus demandas de asilo y las de quienes llegaron antes, suman cerca de 450.000, lo que convierte a los ciudadanos afganos en el segundo mayor grupo de refugiados en territorio comunitario, solo después de los sirios. Sin embargo, mientras la gran mayoría de peticiones de asilo de ciudadanos sirios se concede, en el caso de los afganos el número de rechazos está en torno a la mitad, según Eurostat.

Así, durante 2017, unas 538.000 personas lograron protección en la Unión Europea, siendo los sirios (175.800) el grupo más numeroso, seguido de los afganos (100.700); y si en el caso de los primeros las solicitudes positivas en primera instancia tramitadas ese año (un total de 970.000) alcanzaron un 94%, en el caso de los ciudadanos de Afganistán lo fueron en un 46% de los casos, por detrás de los reconocimientos del estatus de asilo a eritreos, somalíes, sudaneses, iraquíes y apátridas. En 2016, el porcentaje de peticiones afganas aceptadas se situó en el 56,7%, según la estadística de Eurostat.

El argumento de las supuestas zonas seguras en Afganistán pesa. De hecho, ante la apelación de un afgano cuya petición de asilo fue rechazada, el Tribunal Supremo de Holanda sentenció el pasado año que, pese a que la situación del país ha empeorado, Afganistán es seguro para aquellos que no tienen lazos con ninguna de las facciones en liza. Diversas organizaciones, desde Amnistía Internacional a Pro Asyl, han denunciado esta consideración de “país seguro” implícita en el incremento de denegaciones de asilo a los afganos.

“Cada solicitud de asilo se examina individualmente, no se clasifican automáticamente por país de procedencia. Por el momento, no hay una lista europea que considere a países de origen seguros, aunque sí hay Estados miembros que tienen ese tipo de listas”, explica Anis Cassar, portavoz de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), que trata de matizar la situación: “Hay que tener en cuenta que Afganistán es un país muy diverso, y que la situación de una región concreta puede diferir de la de otra. Siria es diferente, dado que la vasta mayoría de solicitantes tienen razones legítimas para el asilo”.

La realidad es que el Gobierno afgano solo controla de manera efectiva un tercio del territorio. Y la violencia no cesa: según la misión de Naciones Unidas en ese país, 2018 volvió a romper el récord de los últimos años con 3.804 muertos y 7.189 heridos en el conflicto interno.

En 2016, la UE firmó con el Gobierno afgano un acuerdo por el que, a cambio de incrementar las donaciones europeas para la reconstrucción del país centroasiático, Kabul se comprometía a recibir a todos sus ciudadanos deportados, aunque su regreso no fuese voluntario. Pero la violencia que azota Afganistán ha dificultado estas deportaciones, ya que los afganos deben ser recibidos, a su llegada, por personal de la embajada del país que los envía, a fin de completar los trámites burocráticos. Entre 2014 y 2017, 12.000 afganos fueron enviados de vuelta a su país, un número muy inferior al de quienes tienen orden de deportación pendiente.

Varios Estados federales alemanes decidieron suspender estos vuelos tras un atentado en Kabul cerca de la Embajada de Alemania en 2017, y Suecia pausó las deportaciones después de otro grave atentado el año pasado que impidió a su personal acceder al aeropuerto de la capital afgana. De este modo, miles de refugiados afganos en Europa han quedado en un limbo: sin asilo ni protección legal, sin acceso a ayudas y sin poder trabajar más que de manera ilegal.