El fuego en el Flamengo enciende las alertas de seguridad en el fútbol base de Brasil
El club más rico del país ya había sido denunciado por el Ministerio Público por las condiciones precarias del alojamiento que se incendió
El incendio en el alojamiento del Nido del Buitre, el centro de entrenamiento del Flamengo de Río de Janeiro, que resultó en diez jugadores muertos y tres heridos en la mañana de este viernes, es la mayor tragedia vivida por el fútbol carioca, pero también un suceso emblemático. La tragedia en el club más rico del país, que tiene un presupuesto anual de 750 millones de reales (200 millones de dólares, 177 millones de euros) e invirtió más de 100 millones en contrataciones en ...
El incendio en el alojamiento del Nido del Buitre, el centro de entrenamiento del Flamengo de Río de Janeiro, que resultó en diez jugadores muertos y tres heridos en la mañana de este viernes, es la mayor tragedia vivida por el fútbol carioca, pero también un suceso emblemático. La tragedia en el club más rico del país, que tiene un presupuesto anual de 750 millones de reales (200 millones de dólares, 177 millones de euros) e invirtió más de 100 millones en contrataciones en el último periodo de traspasos, muestra por ahora elementos que indican cómo el Flamengo no estaba al día con las exigencias legales. También supone una señal de alerta sobre las condiciones de los jugadores mantenidos en categorías de base, sobre todo en equipos menores - o en los más de 700 afiliados a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Según el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil de Río de Janeiro, las instalaciones golpeadas por las llamas no disponían del Certificado de Aprobación, que atestigua el cumplimiento de normas de seguridad previstas por la legislación. El local, que pasó por una reforma de 23 millones de reales e inauguró a finales de 2018 un nuevo módulo para jugadores del equipo titular, estaba en proceso de regularización de documentos para obtener el certificado. Por su parte, el ayuntamiento de Río informó de que la zona incendiada, descrita por el club como estacionamiento en el último proyecto remitido a las autoridades, no constaba como edificación de un alojamiento en la licencia municipal vigente ni tenía permiso de funcionamiento.
Mientras que el módulo destinado para el alojamiento de los jugadores de las categorías de base recibía los últimos retoques, chicos de edades entre 14 y 17 años quedaban hospedados en una estructura provisional de contenedores, donde se inició el fuego según los indicios. Los expertos evalúan las causas del incendio, pero inicialmente trabajan con la hipótesis de un cortocircuito en el aire acondicionado de una de las habitaciones.
Aunque el Flamengo es uno de los 42 clubes, entre los más de 700 afiliados a la CBF, que cuentan con el Certificado de Club Formador de los equipos que cumplen los requisitos básicos para trabajar con jóvenes futbolistas, no existe un mecanismo de fiscalización del cumplimiento las reglas después de la certificación, que en la mayoría de los casos, vale por dos años. “Si ha ocurrido una tragedia de esa magnitud en el Flamengo, imagina el riesgo que corren niños y adolescentes invisibilizados en los pequeños clubes”, cuestiona Ana Christina Brito Lopes, especialista en derechos de la infancia en el deporte.
En 2006, Brito Lopes coordinó trabajos en el Consejo Estatal del Niño y del Adolescente en Río para crear una normativa de protección integral de los derechos infantiles y juveniles en instalaciones deportivas. A pesar de establecer responsabilidades de organismos públicos para la fiscalización de los clubes que albergan jóvenes, las directrices de la resolución, según esta experta, fueron abandonadas por el Estado. “Si el Estatuto del Niño y del Adolescente se cumpliera realmente, los chicos no se quedarían en los clubes, alejados de la convivencia familiar y sometidos a entrenamientos de alta intensidad, incompatibles con la edad de formación”, sostiene.
Entre las víctimas del incendio, la mayor parte eran de jugadores de otros Estados que vivían en el alojamiento. La tragedia podría haber sido aún mayor, ya que el día anterior, el club canceló el entrenamiento previsto para ese viernes a causa del temporal de viento y lluvia que castigó el jueves a Río de Janeiro. Por esta razón, chicos residentes en la capital fluminense se fueron a dormir a casa. El lugar tenía capacidad para 60 jugadores. Por decisión del Ministerio Público, los clubes solo pueden incorporar a la base u hospedar a jugadores distantes de la familia a partir de los 14 años.
La próxima semana, el Ministerio Público del Trabajo (MPT) y el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro pretenden tomar medidas cautelares para garantizar que todas las familias de las víctimas sean indemnizadas. De acuerdo con el MPT, que creó un grupo de trabajo para investigar el caso, no es necesario que se pruebe el dolo o la culpa por el incendio para que el club pague indemnizaciones, ya que las víctimas estaban en sus dependencias. “Se trata de responsabilidad objetiva”, afirma Danielle Cramer, procuradora del MPT y coordinadora del grupo de trabajo.
En 2012, la muerte de Wendel Junior Venâncio da Silva, de 14 años, durante una prueba en las categorías de base del Vasco motivó acciones de daño moral colectivo promovidas por MPT y MPE contra el club carioca, que ha recurrido la condena. El equipo no contaba con médicos de urgencia en el lugar de la prueba y, según la inspección realizada en las instalaciones, albergaba a chicos en dormitorios precarios. Desde entonces, el MPT intenta firmar un Término de Ajuste de Conducta (TAC) con los grandes clubes de Río para garantizar mejores condiciones a niños y adolescentes de sus bases, pero ninguno de ellos ha aceptado los términos estipulados por el órgano. “Ha habido avances, pero las estructuras de los clubes en la base todavía están lejos del ideal”, afirma Cramer. Según la alcaldía, los centros de entrenamiento de Vasco y Fluminense tampoco tienen permisos de funcionamiento y deberán ser fiscalizados en los próximos días.
Las principales exigencias del Ministerio Público del Trabajo son la concesión de por lo menos cuatro pasajes por año para que los atletas de otros Estados puedan visitar a sus familias, cuerpo técnico multidisciplinario, como asistentes pedagógicos para acompañar a los chicos, así como la formalización de los contratos con los juveniles. Los clubes terminan burlando las normas para no perder a sus jóvenes talentos. Jorge Eduardo, lateral izquierdo de 15 años, quien murió en el incendio, fue incorporado a la base del Flamengo a los 12 y vivió en la casa de unos amigos hasta completar los 14 años exigidos para vivir en el alojamiento de la escuela de futbolistas.
Dos de las víctimas estaban en período de prueba, uno de ellos Gedson Santos, 14, había llegado al Nido del Buitre apenas dos días antes de la tragedia. El club dice tener los contratos de formación con todas las víctimas. “Vamos a investigar cómo eran esos vínculos”, afirma la coordinadora del grupo de trabajo del MPT. Desde 2015, el Ministerio Público del Estado intenta reglamentar la selección para las categorías base, tras constatar que muchos jugadores pasaban más de un mes en prueba sin ningún tipo de contrato firmado con los equipos. El objetivo es establecer un tiempo máximo para los períodos de prueba y asegurar que no haya explotación por parte de los clubes formadores.
El Comisario de Justicia de la Infancia y Juventud denuncia que las “precarias condiciones ofrecidas por el club del Flamengo a sus jugadores”. Y apunta a que varios adolescentes permanecían en el centro de entrenamiento sin autorización formal de los padres.
“Sin la protección integral de los derechos de niños y adolescentes, el fútbol brasileño esconde tragedias anunciadas. La fiscalización en los espacios de formación necesita ser más eficaz”, afirma Ana Christina Brito Lopes. La CBF y la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (Ferj), que suspendió las semifinales de la Copa Guanabara previstas para el fin de semana, divulgaron sendas notas de pésame sobre la tragedia en el Nido del Buitre. El presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, afirmó en un breve pronunciamiento que el club prestará ayuda a todas las familias de las víctimas. El equipo creó un gabinete de crisis para tratar el caso.
La alcaldía de Río y la Policía Civil han abierto las investigaciones para depurar las responsabilidades por el incendio, mientras que la ministra de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, Damas Alves, dice haber activado a la Secretaría del Niño y del Adolescente “para que podamos actuar de forma preventiva para evitar nuevos incidentes como éste que ocurrió en el CT del Flamengo” y ha prometido tomar medidas “para que las familias de esos jóvenes no queden sin ayuda”.
Desconsolado frente a la estructura que ardió, Sebastião Rodrigues, tío de Samuel Thomas Rosa un futbolista de 15 años que murió en el incendio, exigió que la tragedia no sea tratada como un accidente: “Un club como el Flamengo no puede colocar a los niños para dormir dentro de contenedores. Debería tener un cuidado especial con los niños. Esta tragedia podría haberse evitado”.