En Colombia, 82 municipios aparecen con más votantes que habitantes
La denuncia de la Misión de Observación Electoral intenta alertar sobre posibles delitos en las campañas para elegir Congreso y presidente
La mala política en Colombia se ha aprovechado del vacío que desde 2005 existe en las estadísticas nacionales. Ese año fue la última vez que se hizo un censo poblacional y desde entonces todos los cálculos se han hecho con base a proyecciones. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha alertado sobre la diferencia desproporcional en algunas regiones entre sus pobladores y el número de votantes inscritos. “Si la proyección del censo poblacional es correcta y es cie...
La mala política en Colombia se ha aprovechado del vacío que desde 2005 existe en las estadísticas nacionales. Ese año fue la última vez que se hizo un censo poblacional y desde entonces todos los cálculos se han hecho con base a proyecciones. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha alertado sobre la diferencia desproporcional en algunas regiones entre sus pobladores y el número de votantes inscritos. “Si la proyección del censo poblacional es correcta y es cierto que hay más personas registradas para votar que habitantes en un municipio, estaríamos ante la posible evidencia de trashumancia electoral”, advierte Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Este organismo (independiente) tiene acceso a la plataforma en donde se lleva el registro de los votantes. Después de que se cerraron las inscripciones para las elecciones del Congreso que serán el 11 de marzo, la MOE pide que se dé prioridad en el censo en unas regiones en donde la diferencia entre electores y residentes es de más del 30%. En Restrepo, un pueblo del Meta (centro), la desproporción llega al 38,1%, en Taraira en Vaupés es del 34,8% y en Concepción, Antioquia, es del 31,9%.
La investigación de la MOE también ha evidenciado que en 28 municipios se triplicó el número de votantes. Entre marzo de 2017 y el 11 de enero de 2018, casi dos millones de colombianos inscribieron su cédula, un requisito para poder votar y que este año cerró con una cifra mayor en un 24% al proceso electoral de 2014. Las advertencias de los veedores intentan evitar que se cometa el delito de trashumancia electoral, condenado con penas hasta de nueve años de prisión. Este delito es conocido como “trasteo de votos ” y es calificado por las Cortes como una de las peores y más habituales prácticas en la política colombiana.
A los candidatos tampoco les cuadran las cifras
Los números que no corresponden en algunas regiones, también le salieron mal a algunos candidatos que presentaron las firmas de apoyo para postularse a la presidencia. La Registraduría recibió y revisó 16 millones de firmas, pero solo un poco más de ocho fueron aceptadas, el resto eran inválidas.
Alejandro Ordóñez, el exprocurador y aspirante a la presidencia, es uno de los más cuestionados. De las 2.208.543 de firmas que entregó, la Registraduría apenas le avaló el 38%. German Vargas Lleras, que puntea como uno de los favoritos en las encuestas, también tuvo que aceptar que de las más de cinco millones de rúbricas que presentó, las autoridades invalidaran cerca de tres millones. Es el candidato con más firmas anuladas. La campaña apenas empieza y los observadores electorales cuestionan la falta de rigor en algunas campañas de quienes aspiran a llegar a la presidencia.
El censo electoral actual de Colombia es de 36 millones de potenciales votantes.