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Un dato falso sobre Argentina enciende el debate laboral en Brasil

Los empresarios brasileños argumentan que el sistema argentino tiene menos de 100 sindicatos

Marcha de la CGT al Congreso, en marzo pasado.
Marcha de la CGT al Congreso, en marzo pasado. EFE

Durante las discusiones sobre la polémica reforma laboral aprobada la semana pasada por el Senado brasileño, una afirmación fue repetida muchas veces: que Brasil tiene un número excesivo de sindicatos (cerca de 17.000) mientras que la vecina Argentina tendría solo 96. La comparación fue usada para acabar con los sindicatos de “fachada y de vendidos” que se multiplican por el país. Hasta ahora, en Brasil cada trabajador estaba obligado a aportar el salario de un día al año para sostener al sindicato. Esa obligatoriedad ha sido suprimida con la reforma. En Argentina la contribución es voluntaria.

El dato del supuesto número de sindicatos en Argentina fue usado por el ponente del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, Roberto Marinho, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y llegó a ser citado por Roberto Setúbal, copresidente del consejo de Administración de Itaú, el primer banco del país, en un artículo en Folha de S.Paulo . El problema es que la cifra está muy lejos de la realidad.

Lo cierto es que en Argentina hay proporcionalmente casi tantos sindicatos como en Brasil. Se trata de un poderoso sistema integrado por más de 6.400 sindicatos con leyes laborales heredadas del peronismo y vistas por los empresarios como el origen de todos sus males. La ironía es que mientras los brasileños citaban el “modelo argentino” para defender sus nuevas leyes, el empresariado del país vecino miraba justamente como inspiración la reforma brasileña, que mina el poder de los sindicatos al permitir negociar casi todo sin ellos.

Los sindicatos argentinos no son tan verticales como lo fueron en el pasado. Algo está cambiando hace por lo menos 20 años, y muy rápido. El modelo de sindicato por actividad funcionó desde finales de los años 40 y fue combustible del poder peronista. Pero hacia finales de los 80 y principios de los 90 se inició un proceso de atomización acelerado, producto de las revueltas contra la falta de democracia en las estructuras sindicales y dirigentes que, aún hoy, pueden superar las tres décadas al frente de su organización. Los sindicatos entonces se multiplicaron. Las cifras dan vértigo: 3047 con personería gremial, es decir reconocidos por el ministerio de Trabajo y autorizados a discutir salarios, y otros 3.400 inscriptos sin derecho a firmar convenios por rama pero poderosos en las negociaciones por empresa, donde ganan terreno por ser más combativos.

“El modelo sindical argentino estalló por el aire a partir de las transformaciones de la dictadura. La idea del sindicato único por rama que discutía con el sector empresarial en el marco de una economía que privilegiaba el mercado interno no existe más”, dijo Claudio Lozano, economista, exdiputado y de amplia experiencia sindical. “La transformación dio lugar a fenómenos que conviven con el viejo sistema. Por un lado hay sindicatos que se transformaron en unidades empresariales. Tienen universidades, medios de comunicación, sistemas médicos y clientes en lugar de trabajadores. Este modelo que se adapta a las condiciones de mercado es el que quieren las grandes empresas. Por el otro crece una experiencia de trabajadores que pusieron en marcha la discusión por la democracia sindical, nucleados en el origen dentro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)”, explicó Lozano. Hoy existen ramas de actividad que tienen hasta tres gremios, siempre enfrentados entre sí.

El fin del impuesto sindical obligatorio en Brasil fue uno de los puntos más polémicos de la reforma. Las centrales más importantes lo han criticado porque aseguran que va a afectar a la salud financiera de los sindicatos. Muchos defendían que el impuesto fuese suprimido de manera gradual para dar tiempo a que los sindicatos se adaptasen al fin de esa fuente de financiación. El Gobierno de Michel Temer prometió estudiar esa propuesta, pero acabó desechándola, en sintonía con la mayoría del Congreso.

En opinión de Daniela Muradas, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Federal de Minas Gerais, al eliminar la estructura de financiación sin sugerir un mecanismo alternativo, el “Estado intenta de alguna manera, a través de la legislación, crear obstáculos para el funcionamiento del sindicato. “El impuesto sindical necesita reestructurarse, no se puede retirar sin más. Lo correcto sería hacerlo de forma escalonada”, explica.

El abogado Cláudio Castro, de Martinelle Advogados, estima que con el cambio promovido por la reforma brasileña algunos sindicatos tendrán que reinventarse para conquistar contribuciones económicas. “Con el impuesto voluntario, esas entidades tendrán que hacer cosas para merecerlo. Creo que empleados con buenos sindicatos que realmente luchan por ellos continuarán contribuyendo”.

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