La deuda del padre de Macri con el Estado argentino se complica

Mauricio Macri tiene un problema: llegó al Gobierno espoleado entre otras muchas cosas por el hartazgo de los escándalos de corrupción del kirchnerismo, y por eso cualquier sospecha en sus filas le perjudica mucho. Nada le hace más daño que el mensaje "todos son iguales". Macri está fuerte en las encuestas pero ganó por la mínima hace poco más de un año y no puede relajarse frente al incombustible peronismo. Por eso, ante la evidencia de que buena parte de los argentinos cree que el presidente ha beneficiado a su familia con la renegociación de una deuda con el Estado de 300 millones de dólares que tenían las empresas de su padre, Franco Macri, el Gobierno ha decidido, casi una semana después, tomar la iniciativa para intentar frenar la sangría de credibilidad y desplegar una serie de medidas de transparencia para hacer frente al escándalo. Pero el escándalo se complica por momentos. Un fiscal pidió imputar al presidente argentino por presunto perjuicio al Estado y el juez Ariel Lijo debe decidir si avanza o no en la causa.

El Gobierno ha decidido negar absolutamente cualquier conflicto de intereses. No ha sido el presidente el responsable de anunciarlo, para evitar quemarse más, pero sí su mano derecha, Marcos Peña. "Jamás consulté este tema con el presidente", ha insistido el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, artífice del acuerdo con la familia Macri que ha resultado muy beneficioso para ellos, hasta el punto de que una fiscal cree que se trata de una "condonación" del 98% de la deuda y estima que el perjuicio para el Estado puede llegar a 4.000 millones de pesos (250 millones de dólares). La deuda viene desde 2001, cuando el Correo, empresa privatizada en manos de los Macri, quebró. Durante los 13 años de kirchnerismo nunca se llegó a un acuerdo –en medio hubo un 700% de inflación- y ahora con Macri en la presidencia se ha alcanzado rápidamente. El Gobierno insiste en que esperar más sin cobrar suponía más perjuicio en un país con un 40% de inflación en 2016.

Lo que ha generado aún más escándalo es que el Estado aceptó que los Macri le pagaran en 15 años al 7% -un interés bajísimo en Argentina- pero a su vez la empresa de la familia del presidente está haciendo un juicio al Estado por la posterior nacionalización del Correo en el que le reclama que le pague al 11%, con lo que podrían acabar ganando bastante más dinero del que se han comprometido a pagar.

Ante la sospecha generalizada y detectada por algunas encuestas, Peña contestó: "Somos conscientes de la sensibilidad que hay después del festival de corrupción de 12 años. Este Gobierno quiere dejar tranquilos a los ciudadanos de que no se van a repetir esas escenas que nos han llenado de vergüenza". Por eso han optado por acudir al Parlamento para dar todas las explicaciones, convocar a un grupo de expertos para que analice el acuerdo judicial entre el Correo y el Estado y pedir a la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo de control presidido por alguien elegido por la oposición, que elabore un informe detallado. El Gobierno trata así de combatir con transparencia el daño político que ya le ha causado este acuerdo muy beneficioso para la familia del presidente. Sin embargo, la AGN respondió que no le corresponde analizar ningún asunto a instancias del Ejecutivo.

Peña, que tiene encuestas diarias sobre casi todos los asuntos y es un gran experto en analizarlas, reacciona tras detectar que el asunto se estaba complicando. Una encuesta reciente realizada por la consultora Analogías en la provincia de Buenos Aires revela que un 80% de los encuestados "está en desacuerdo con el arreglo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Correo Argentino, empresa propiedad de su familia. En ese sondeo, el 62,4% llegó a decir que representa un acto de corrupción. Y lo que es más grave, muchos de los más inquietos estaban dentro del núcleo de votantes del macrismo.

"Estamos absolutamente tranquilos sobre el accionar del Gobierno. Lo importante es ser transparentes y dejar claro que no hay nada raro", insistió Peña, que anunció un contrataque: se analizarán todos los acuerdos judiciales de la época del kirchnerismo para ver a quién beneficiaron. "La expresidenta [Cristina Fernández de Kirchner] que tanto critica ahora no se ocupó de resolverlo [la deuda del Correo] cuando estaba en el Gobierno. Ahora vamos a hacer cosas superiores a las que demanda la ley para que no haya ninguna sospecha. Para despejar cualquier duda y demostrar que estamos tranquilos, que esto es un acuerdo técnico y no político, incorporamos nuevas instancias".