Polémica en Argentina por la renegociación de una deuda del grupo Macri con el Estado

Mauricio Macri ha sufrido ya varios problemas desde que es presidente por las empresas de su padre, Franco Macri, de las que él fue directivo antes de entrar en el mundo del fútbol y después de la política. Primero llegó su aparición en los papeles de Panamá, que él atribuyó a su participación como director en unas empresas del padre, y ahora llega una nueva polémica por el posible trato de favor al grupo familiar en la renegociación de una deuda que tienecon el Estado argentino.

Socma, la empresa de los Macri, fue la propietaria del Correo Argentino en los 90, cuando Carlos Menem privatizó la empresa pública. El negocio acabó de forma ruinosa, los Macri la declararon en concurso de acreedores y quedó una deuda con el Estado 300 millones de dólares, que en esa época -2001- valían lo mismo que los pesos. En 2003 Néstor Kirchner volvió a nacionalizar la empresa y el caso derivó en una larga guerra judicial. Los Macri intentaron resolver el asunto con los Kirchner en el Gobierno, pero ellos nunca aceptaron lo que la empresa del padre del presidente ofrecía pagar.

La discusión es compleja en Argentina porque desde 2002 los pesos dejaron de valer un dólar, y ahora mismo están a 16. En medio ha habido una inflación del 700%, por lo que valorar una deuda de 2001 depende del tipo de cálculo que se elija. La ley suele favorecer al deudor.

El problema llega cuando los Macri logran con el Gobierno de un miembro de la familia lo que no habían conseguido con los Kirchner: llegar a un acuerdo para renegociar esa deuda. La fiscal Gabriela Boquín entiende que ese pacto, firmado en junio de 2016 –seis meses después del cambio de Gobierno- por el ministerio de Comunicaciones, que dirige Oscar Aguad, es perjudicial para los intereses del Estado argentino porque en la práctica supone condonar el 98% de la deuda de los Macri.

Para hacer ese cálculo, la fiscal y los técnicos de su equipo toman el valor actualizado de esa deuda, y no el valor congelado durante todos estos años. Por el contrario, el ministerio entiende que es un buen acuerdo y que no firmar sería aún más perjudicial para los argentinos porque el tiempo pasa y con una inflación del 40% en 2016 –este año podría rondar el 20%- cada año se licúa un poco más.

Las cifras que ofrece la fiscal han generado una importante polémica en Argentina. El pacto que alcanzaron los Macri y el Gobierno supone que la deuda se pagará en pesos en 15 años con un interés del 7% anual, mucho más bajo que el que ofrece cualquier banco en Argentina. La fiscal entiende que, corregido con la inflación y el aumento de valor de la deuda en todos estos años, lo que ofrecen los Macri supondría una quita de 4.000 millones de pesos (250 millones de dólares) si se cobrara ahora mismo. Si se calcula el aumento de la deuda hasta 2033, cuando se terminaría de pagar, la quita llegaría a 70.000 millones de pesos (4.375 millones de dólares). Esto, explica la fiscal, “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”.

Desde el ministerio señalan que cobrar la deuda actualizada es imposible por ley y que el acuerdo es muy bueno porque garantiza que los Macri pagan sin más dilaciones judiciales. Los abogados de la familia también argumentan que antes del pacto mejoraron la oferta un 20% para alcanzar este acuerdo.

La historia tiene una derivada aún más compleja porque los Macri tienen otro proceso judicial en marcha por la nacionalización del Correo, en la que reclaman dinero al Estado por los bienes expropiados. Podrían llegar a lograr una cantidad mayor de la que tienen que pagar por esta deuda renegociada. El propio acuerdo incluye que si cobran pagarán más rápido lo que le deben a Estado.

La historia muestra la complejidad de las empresas de Franco Macri, un italiano que llegó a Argentina con 18 años y se hizo multimillonario entre otras cosas gracias a grandes negocios con el Estado en obra pública y concesiones. Su hijo mayor dirige hoy el país y cualquier cosa que haga relacionado directa o indirectamente con la fortuna familiar desata la polémica.

Los argentinos viven por primera vez en la etapa reciente la realidad de tener como presidente a un hombre perteneciente a una de las familias más ricas del país, con todos sus conflictos de intereses. Para evitarlos, Macri asegura que ha traído a Argentina todo el dinero que tenía en el exterior (se descubrió una cuenta en Bahamas) y ha entregado la gestión de su fortuna a un fideicomiso. Pero cuando saltan operaciones como esta las sospechas se disparan. El Gobierno argumenta que, lejos de favorecer a los Macri, solo pretendían que el Estado pudiera cobrar lo máximo posible. La oposición dará la batalla y la justicia tiene la última palabra.

El escándalo crece poco a poco y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se ha visto obligado a convocar a toda la oposición para dar explicaciones. Él insiste en que no se hizo ningún trato de favor, al contrario: se logra cobrar algo mientras durante los 13 años de kirchnerismo no se cobró nada y eso sí supuso una ventaja para los Macri. "No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses", asegura el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, que firmó el acuerdo.

La Oficina Anticorrupción, una institución creada por Macri y que dirige la exdiputada Laura Alonso, ha decidido abrir una investigación para ver si, como sugiere la fiscal, el acuerdo choca con la ley de ética pública. La oposición está atacando con dureza y se ha sumado una diputada más moderada como Margarita Stolbizer. "Que a seis meses de asumir, el gobierno de Macri haga un acuerdo con quita con Macri padre, resulta escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar. La confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos que asume este gobierno, y debe resolverlo con absoluta transparencia", sentencia.