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Los sindicatos peronistas recuperan la calle contra Mauricio Macri

La CGT rompe la tregua y marcha junto a los movimientos sociales más combativos para exigir una ley emergencia social

Federico Rivas Molina
Manifestación de la CGT y los movimientos sociales frente a la sede del Congreso en Buenos Aires.
Manifestación de la CGT y los movimientos sociales frente a la sede del Congreso en Buenos Aires. Agustin Marcarian (Reuters)

Llega diciembre y Argentina se agita. Diciembre es un mes de reclamos sociales: una paga extra que salve el deterioro de un año de salarios atrasados o bolsas con alimentos para pasar las fiestas. Los argentinos recuerdan aún el de 2001, cuando las protestas terminaron con el gobierno de Fernando de la Rúa, un fantasma que se aparece cada fin de año. Por eso el gobierno, cualquiera sea, intensifica la asistencia social y los sindicatos aumentan la presión. La Confederación General del Trabajo (CGT), en un duro pulso con el presidente Mauricio Macri por el pago de un bono que se sume a la paga de diciembre, decidió romper una tregua de siete meses y se sumó a una marcha convocada por los movimientos sociales más combativos. El desafío ha sido movilizar a decenas de miles de personas para exigir una ley de emergencia social aprobada en el Senado por legisladores kirchneristas, pero que el Gobierno intenta bloquear en Diputados.

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El objetivo de la marcha ha sido presionar a los legisladores, pero también enviar una advertencia a Macri. “Tenemos mucha paciencia, pero la paciencia se nos puede agotar. Por eso le decimos al Congreso que apruebe esta ley y que al presidente que no la vete”, dijo Juan Carlos Alderete, titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), una de las organizaciones convocantes. Carlos Acuña, miembro del triunvirato que lidera la CGT, advirtió que la central procurará que el Gobierno "cumpla los compromisos de campaña". Y resumió en una frase cuál será el espíritu que animará a partir de ahora cualquier negociación con el gobierno: "Se terminaron los tiempos que tenían para gobernar, queremos respuestas”.

Desde temprano en la mañana, las columnas de manifestantes avanzaron hacia la plaza que está frente al Congreso, donde se juega la suerte de la ley de emergencia social. Los sindicatos más tradicionales, reunidos en la CGT, coincidieron por primera vez con los manifestantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la CCC y Barrios de Pie, organizaciones sociales que operan por fuera de la estructura tradicional del sindicalismo y muy activas en la calle. De ellas salen los llamados “piqueteros”, que usan como método de protesta el corte de carreteras. También se sumó la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), fuerte entre los trabajadores estatales, pero por su pelea con la CGT sólo aportó “unas columnas”. Para que quede claro el perfil de la protesta, los dirigentes hablaron arropados por dos fotos enormes de Juan Domingo Perón y Evita.

Manifestantes piden en Buenos Aires por una ley de emergencia social.
Manifestantes piden en Buenos Aires por una ley de emergencia social.EFE

El palco de oradores tuvo a representantes de cada una de las centrales, pero no hubo políticos, ni siquiera los kirchneristas que redactaron el proyecto de ley de emergencia. La ley prevé una subida del 15% en la asignación universal por hijo (AUH), hoy en 1.500 pesos (100 dólares), que cada mes reciben los hijos de trabajadores no registrados o desempleados. Y convertir un millón de planes sociales en puestos de trabajo genuinos, sufragados por el Estado. El Gobierno calcula que algo semejante tendrá para las arcas oficiales un costo extra de 50.000 millones de pesos (3.300 millones de dólares).

“Muchos de los que avalaron esta ley se fueron del gobierno sin reconocer la pobreza", dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al criticar el proyecto. Se refirió así a la manipulación kirchnerista de las estadísticas oficiales, al punto que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) dijo alguna vez que Argentina “tiene menos pobres que Alemania”. Tras una reestructuración del Indec, la oficina encargada de elaborar las cifras oficiales, Macri admitió que la pobreza afecta al 32% de los argentinos.

Para la CGT, la protesta supuso el regreso a la calle después de siete meses, cuando marchó para reclamar contra los despidos en el sector público. Luego sus líderes acordaron una tregua con Macri y se sumaron a una mesa de “diálogo social” con ministros y empresarios. Esa mesa no se ha cerrado aún y Triaca prometió que el miércoles que viene habrá un nuevo encuentro. Pero los líderes sindicales peronistas saben que se acerca diciembre y sus afiliados pierden la paciencia.

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Sobre la firma

Federico Rivas Molina
Es corresponsal de EL PAÍS en Argentina desde 2016. Fue editor de la edición América. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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