Con la crisis vuelven los secuestros exprés en Argentina

Un niño de 10 años, un notario jubilado, un joven comerciante y hasta un diputado del Parlasur y su esposa, también legisladora. Los casos de secuestros extorsivos se suceden en Argentina, tanto que se han encendido las alarmas entre los responsables de evitarlos. Las estadísticas justifican la preocupación oficial: 104 casos desde enero, a un promedio de uno cada 29 horas. La cifra podría ser aún mayor porque, como admite el Gobierno, no todos se denuncian. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha negado sin embargo que el país se encuentre ante “una ola de secuestros”, y ha dicho que los registrados durante las últimas semanas “son casos en los que en dos minutos, en cualquier esquina, se levanta a una persona y se hace una transacción de auto a auto". “La policía está llegando a los núcleos donde se están cometiendo estos delitos y frenará esta cantidad que ha habido”, prometió.

Los secuestros extorsivos no son un fenómeno nuevo en Argentina y tiene sus propias particularidades. En la jerga policial se los llama exprés: son al voleo, carecen de inteligencia previa y se resuelven en unas pocas horas tras el pago de pequeñas sumas de dinero. El riesgo para los delincuentes es bajo y la mayoría de las veces la policía se entera cuándo la familia de la víctima ya lleva muy avanzadas las negociaciones para el rescate.

Los secuestros exprés alcanzaron su pico de popularidad tras la crisis económica de 2001, cuando el dinero escaseaba y lo poco que había en la calle se guardaba en casa y no en los bancos, por ese entonces afectados por una profunda crisis de confianza. El fenómeno se ha reactivado ahora en la ciudad de Buenos Aires y los partidos de la provincia que forman el conurbano de la capital. Es allí donde vive el 40% de la población de Argentina y los problemas con la seguridad han sido siempre complejos de enfrentar.

El jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Pablo Bressi, coincidió con la ministra Bullrich en quitar dramatismo a la situación. "No hay una problemática que se pueda definir como una ola de secuestros. No hay un parámetro de bandas organizadas para hacer secuestros, sino hechos al voleo”, dijo el funcionario, quien incluso habló de una disminución del 25% con respecto al año 2015. “Además se resolvieron más casos”, agregó. Las autoridades insisten en que el problema es cíclico y que ahora se ha reactivado por el interés de la prensa en darles cobertura.

Los casos, sin embargo, contradicen a los funcionarios. El secuestro que más ha conmocionado a la opinión pública ha sido el de un niño de 10 años que estuvo dos días sedado y atado a una cama en un hotel del barrio de Constitución, en el sur de la capital. La víctima pertenecía a una familia humilde, dueña de un negocio de comida que logró reunir como rescate unos 150.000 pesos (10.000 dólares). Finalmente el pago no se concretó porque los secuestradores cayeron en el momento del cobro. Más violento fue el secuestro de un comerciante de 26 años elegido al azar cuando subía a su auto en el barrio de Belgrano. El joven fue finalmente liberado sin pagar un peso, pero sus secuestradores le pegaron un tiro en una pierna antes de dejarlo ir. En Ituzaingó (oeste), un comerciante pagó 10.000 pesos (poco más de 700 dólares) por su libertad, en un secuestro que incluyó un enfrentamiento a tiros con la policía. Otro caso alcanzó las primeras planas por la dimensión de las víctimas, el diputado del Parlasur Osvaldo Mércuri y su esposa, la legisladora provincial María Elena Torres. Mércuri, un histórico dirigente del peronismo que se ha pasado al partido del presidente Mauricio Macri, el PRO, estuvo secuestrado durante unas horas, pagó 3.500 dólares de rescate y no denunció su caso a la policía hasta que se vio libre.